El Gobierno ataca la violencia dom¨¦stica con medidas sociales, penales, educativas y laborales

Penas m¨¢s duras para los agresores, a quienes se ofrecer¨¢n tratamientos de rehabilitaci¨®n en la c¨¢rcel. Mayor protecci¨®n y ayudas para las maltratadas, para las que se consagra un cat¨¢logo de derechos entre los que figura cobrar el paro si deben dejar su trabajo. Son algunos aspectos recogidos en el anteproyecto de ley org¨¢nica integral contra la violencia ejercida sobre las mujeres, aprobado ayer por el Gobierno. Con esta iniciativa, "el Gobierno quiere encabezar una rebeli¨®n de toda la sociedad contra esta lacra", seg¨²n la vicepresidenta segunda, Mar¨ªa Teresa Fern¨¢ndez de la Vega. La aplicaci¨®n de la futura norma costar¨¢ "entre 50 y 80 millones de euros" al a?o, afirm¨® el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jes¨²s Caldera. Modificar¨¢ 11 leyes, de las que seis tienen rango org¨¢nico.

Las amenazas y coacciones leves podr¨¢n inhabilitar hasta cinco a?os para la patria potestad o la guarda

Fern¨¢ndez de la Vega: "El Gobierno quiere encabezar una rebeli¨®n de toda la sociedad contra esta lacra"

La futura norma endurece las penas por lesiones de dos a cinco a?os para los agresores de mujeres

El anteproyecto de la que, seg¨²n el Gobierno, ser¨¢ "la primera ley integral de Europa contra la violencia sobre las mujeres" abarca aspectos preventivos (incluida la educaci¨®n desde la infancia), sociales, asistenciales, sanitarios y penales. En su primer art¨ªculo, define la violencia ejercida sobre las mujeres como aqu¨¦lla "utilizada como instrumento para mantener la discriminaci¨®n, la desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres". "Comprende la violencia f¨ªsica y la psicol¨®gica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, la coacci¨®n o la privaci¨®n arbitraria de la libertad, tanto en la vida p¨²blica como en la privada, cuando el principal factor de riesgo lo constituya el hecho de ser mujer".

El texto consagra el derecho de las mujeres que sufran esa violencia a la "asistencia social integral": servicios de atenci¨®n, de emergencia, de apoyo y de recuperaci¨®n. Tambi¨¦n establece que las v¨ªctimas que acrediten insuficiencia de recursos tendr¨¢n defensa y representaci¨®n gratuitas de abogado (siempre el mismo) y procurador en todos los procesos en que sean parte.

Respecto a los agresores, el anteproyecto establece un endurecimiento de las penas. Se agrava la pena por lesiones de dos a cinco a?os y el quebrantamiento de las penas o medidas de seguridad. Una amenaza o una coacci¨®n leves a la esposa o compa?era, actual o anterior, se convierte en delito castigado con la pena de prisi¨®n de seis meses a un a?o o de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 d¨ªas. Se privar¨¢ del permiso de armas por un plazo de un a?o y un d¨ªa a tres a?os. El juez podr¨¢ inhabilitar hasta cinco a?os al agresor para el ejercicio de la patria potestad o la guarda, seg¨²n el anteproyecto en caso de amenaza coacci¨®n leve. El anteproyecto crea los juzgados de violencia sobre las mujeres en todos los partidos judiciales y una fiscal¨ªa especial, tal como adelant¨® este peri¨®dico (ver EL PA?S del 3 de junio). Estos juzgados se encargar¨¢n de la instrucci¨®n penal de las denuncias y de cualquier delito contra las relaciones familiares. Tambi¨¦n instruir¨¢n cuestiones civiles (separaci¨®n, divorcio o custodia de los hijos en casos de violencia). Dictar¨¢n las ¨®rdenes de protecci¨®n a las v¨ªctimas.

En las medidas cautelares de protecci¨®n y seguridad, el anteproyecto incluye que el juez pueda suspender el ejercicio de la patria potestad o la guarda y custodia por parte del inculpado, as¨ª como suspender el r¨¦gimen de visitas a sus hijos antes del juicio.

El anteproyecto, en el que han intervenido siete ministerios, se ha elaborado en un tiempo r¨¦cord para cumplir el compromiso del presidente del Gobierno de que ¨¦sta ser¨ªa la primera ley que enviar¨ªa al Parlamento. Tras el informe contrario de la Real Academia Espa?ola, ha perdido su denominaci¨®n original de ley org¨¢nica integral contra la violencia de g¨¦nero, defendida por las feministas. El cambio obedece, seg¨²n Caldera, a que se ha buscado un t¨ªtulo "descriptivo" y m¨¢s comprensible. Se aprobar¨¢ como proyecto de ley el d¨ªa 25, tras debatirlo con las comunidades aut¨®nomas en conferencia sectorial y con las organizaciones de mujeres, a las que recibir¨¢ el presidente del Gobierno la pr¨®xima semana. El Ejecutivo quiere lograr el mayor consenso parlamentario.