El Ejecutivo fijar¨¢ si la falta de calidad en el servicio exime de pagar peaje

El Gobierno catal¨¢n ha decidido plantar cara a las concesionarias de autopistas. Ayer se constituy¨® el grupo de peajes, cuya reuni¨®n termin¨® sin m¨¢s acuerdos que el calendario y el orden del d¨ªa de la pr¨®xima reuni¨®n, que se celebrar¨¢ en septiembre. El consejero de Pol¨ªtica Territorial, Joaquim Nadal, anunci¨® que el Ejecutivo tendr¨¢ un nuevo marco tarifario antes de final de a?o. Si no lo hubiera, las subidas ser¨ªan del 17% en la autopista del Garraf y de en torno al 10% en el resto. Nadal cree que las concesionarias tendr¨¢n que ceder en algo para que se llegue a un pacto.

Se constituy¨® ayer el grupo de peajes (por tercera legislatura consecutiva). Y un espectador desapasionado podr¨ªa pensar que, salvo algunas caras nuevas, hab¨ªa poca diferencia. Pero no era as¨ª. Por primera vez quien llevaba la iniciativa era el representante del Gobierno. Hasta ahora, la iniciativa siempre hab¨ªa correspondido a la plataforma antipeajes y el freno lo pon¨ªan las concesionarias y lo apretaba con fuerza el representante del Gobierno. As¨ª se explica que, tras ocho a?os de reuniones, no haya casi acuerdos y que cuando se ha producido haya sido siempre con cargo al erario p¨²blico y en beneficio de las concesionaria.

Levantar las barreras de la B-30 ha supuesto un gran aumento de ingresos para ACESA. Los coches no pagan, pero el Gobierno lo hace por ellos. Y pasan muchos m¨¢s. Las rebajas a los usuarios m¨¢s habituales o por uso en horas sin apenas tr¨¢fico tambi¨¦n corren, en buena parte, a cargo de las arcas p¨²blicas.

El tripartito cree que esta situaci¨®n es insostenible. No se puede seguir eliminando o rebajando peajes con cargo al presupuesto porque, adem¨¢s, esto tiene un efecto perverso al aumentar el n¨²mero de usuarios y, con ello, los pagos que tiene que afrontar el Ejecutivo. S¨®lo gana la concesionaria.

Fondo con impuestos

El futuro marco tarifario, que estar¨¢ listo antes de final de a?o, seg¨²n anunci¨® tras la reuni¨®n el secretario de Movilidad, Manuel Nadal, no incluir¨¢ estas bicocas para las concesionarias. El 30 de septiembre, cuando se celebre la pr¨®xima reuni¨®n, el Gobierno catal¨¢n aportar¨¢ un balance sobre lo que han representado las ¨²ltimas modificaciones. Informar¨¢ de las negociaciones con el Gobierno central para la formaci¨®n de un fondo constituido con los impuestos que generan los propios peajes y que deber¨ªa servir para reequilibrar las tarifas, de forma que algunas pudieran bajar. El documento reflejar¨¢ tambi¨¦n la aplicaci¨®n del IBI a las autopistas, que los municipios reclaman.

Este balance debe servir para marcar las l¨ªneas de futuro. Nadal quiere pactos. El primero, seg¨²n se ha puesto de relieve en la irritaci¨®n que provocan los atascos sufridos en los ¨²ltimos fines de semana, la necesidad de establecer un protocolo sobre cu¨¢ndo y c¨®mo los usuarios no deben pagar peaje. El tripartito entiende que los conductores no tiene que pagar si no reciben calidad. Nadal apreci¨® que excepcionalmente ACESA decidiera no cobrar el peaje cuando no hab¨ªa autopista porque se hab¨ªa hundido en Viladasens. Pero la idea es que ACESA no sea juez de s¨ª misma. La f¨®rmula utilizada por Nadal fue clara: "Hay que vincular el peaje a la calidad del servicio".

El Ejecutivo entiende que las concesionarias tienen que asumir las rebajas, sea por multiuso, sea por horas valle, y sobre todo aplicar con claridad una pol¨ªtica de descuentos por horas sin tr¨¢fico que pueda inclinar a los camiones a utilizar las autopistas. Seg¨²n el esquema con el que trabaja el Gobierno, el protocolo incluir¨¢ diferentes supuestos: desde una nevada hasta un accidente en la autopista o un incidente en una de las v¨ªas alternativas.

Hay asuntos que son relativamente urgentes. Entre ellos, la ampliaci¨®n a tres carriles de la AP-7 en Tarragona y Girona. Joaquim Nadal entiende que esa ampliaci¨®n es necesaria si a la v¨ªa se le tiene que seguir llamando autopista. ACESA quiere que le prolonguen la concesi¨®n a cambio de pagar las obras de la ampliaci¨®n. No hay acuerdo.

Hay un asunto que afecta al Gobierno central. La ley de acompa?amiento de 1996 establec¨ªa una rebaja del 7% del IVA. Si la Uni¨®n Europea la anulaba, como era previsible, el Gobierno central asum¨ªa hacerse cargo del descuento por la v¨ªa de la subvenci¨®n. Nunca lo hizo. El Ejecutivo de Pasqual Maragall ha explicado la situaci¨®n a los ministerios de Hacienda y Fomento, en busca de una soluci¨®n que CiU y PP nunca encontraron. Despu¨¦s de la reuni¨®n, ACESA declin¨® hacer comentarios.