La soledad de las v¨ªctimas y las cifras hinchadas
Los jueces han desestimado el 24% de las ¨®rdenes de protecci¨®n solicitadas por mujeres desde el pasado agosto
Francisco y Ana se casaron hace 18 a?os y tienen cuatro hijos, pero de un tiempo a esta parte la relaci¨®n empez¨® a deteriorarse, dorm¨ªan en camas separadas y ella decidi¨® separarse. El pasado 13 de abril por la ma?ana, la mujer entr¨® en la habitaci¨®n de ¨¦l y le dio una carta para que su abogada negociara la ruptura. ?l la rompi¨® y cogi¨® a la mujer por los brazos mientras discut¨ªan.
Ella acudi¨® a una comisar¨ªa con su abogada, le denunci¨® por malos tratos y pidi¨® orden de alejamiento que la justicia le deneg¨®. Hubo juicio r¨¢pido y la fiscal pidi¨® siete meses de c¨¢rcel para ¨¦l, pero un juez de Sabadell le ha absuelto porque no hay prueba de violencia contra la mujer. La sentencia recuerda que ella reconoce que no ha sufrido jam¨¢s una "amenaza directa". La pareja no se entiende, pero de ah¨ª a denunciar al marido con "m¨®viles esp¨²reos" para conseguir una "posici¨®n ventajista" en la separaci¨®n media un abismo, seg¨²n el fallo.
Los grupos feministas estiman que s¨®lo denuncia menos del 15% de las maltratadas
El caso ilustra la idea de las cifras hinchadas por denuncias de maltrato que expuso hace d¨ªas la juez decana de Barcelona, Maria Sanahuja, y que tanta polvareda ha levantado. Pero m¨¢s all¨¢ de la pol¨¦mica, la respuesta judicial a la violencia que sufren las mujeres se ha puesto sobre la mesa como nunca, con posiciones a favor de Sanahuja, b¨¢sicamente de jueces y fiscales, y posturas en contra, compartidas por abogados, asociaciones de mujeres, Poder Judicial y representantes de las administraciones.
"La violencia dom¨¦stica es un fen¨®meno nuevo y todos hemos de mantener la cabeza fr¨ªa para abordarlo en sus ra¨ªces con rigor. Si alg¨²n experto hace declaraciones, deber¨ªan estar basadas en cifras contrastadas", asegura Soledad Murillo, secretaria general para las Pol¨ªticas de Igualdad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Y cifras fiables sobre el alcance de lo que nadie duda en calificar de "lacra social" existen bien pocas. Las estimaciones m¨¢s compartidas por colectivos feministas son que en Espa?a puede haber dos millones de mujeres que sufren malos tratos f¨ªsicos, como en Francia, y que las que presentan denuncia pueden oscilar entre el 10% y el 15%: la punta del iceberg.
Las cifras oficiales indican que desde que el 2 de agosto entr¨® en vigor la reforma legal se han presentado 7.885 denuncias pidiendo ¨®rdenes de protecci¨®n de supuestos agresores, y los jueces han desestimado el 24% de las peticiones.
Los jueces admiten que algunas de las peticiones de protecci¨®n "son fruto de triqui?uelas de despachos de abogados" que aconsejan a clientes ir a la v¨ªa penal, conscientes de los graves retrasos de los juzgados de familia. "Pese a que hay una sensibilidad especial para concederlas, hay asuntos inadmisibles", confiesa un juez de instrucci¨®n de Madrid. "No hace mucho, vino una mujer a pedir una orden de protecci¨®n frente al marido. Se comprob¨® que ¨¦l est¨¢ en prisi¨®n desde 2002; obviamente, la petici¨®n se rechaz¨®".
La abogada matrimonialista y penalista Ester Omella explica que "hay casos en que creo que los jueces est¨¢n excesivamente presionados y acaban acordando medidas de alejamiento por denuncias que en otro momento se hubiesen entendido como fruto de un conflicto propio de la separaci¨®n". "A m¨ª lo que me preocupa es la mujer que vive en una prisi¨®n en su propia casa, con dependencia econ¨®mica y psicol¨®gica del marido y que es incapaz de acudir al juzgado", relata una juez de instrucci¨®n de Barcelona. "Y si denuncia, que es el primer paso, encontrar¨¢ que el Estado no tiene una red de recursos para protegerla y reinsertarla laboral y socialmente", puntualiza. "??se es el verdadero drama y el aut¨¦ntico debate!". Es la soledad de las v¨ªctimas, expresi¨®n recogida en la memoria de la fiscal¨ªa de Catalu?a de 2003 para referirse a esa realidad oculta.
Con todo, Murillo insiste en que "permanecer en casa aumenta el riesgo". "La estabilidad de la pareja no es el ¨²nico valor. Tambi¨¦n lo es la ruptura". Por eso defiende la reforma legal de la Ley de Enjuiciamiento Civil que permitir¨¢ mayor celeridad en el divorcio. "Hay que reclamar el cumplimiento de los plazos civiles y evitar la demora actual, pero lo que me parece un peligro es convertir a la mujer v¨ªctima de malos tratos en simuladora", puntualiza Mar¨ªa Jos¨¦ Balda, representante del Consejo General de la Abogac¨ªa Espa?ola en la Comisi¨®n de Seguimiento de las ?rdenes de Protecci¨®n. "Lo que vemos cada dos por tres en los juzgados, y las abogadas lo explican, es que acuden al juicio penal por violencia dom¨¦stica teniendo se?alada ya la vista civil de la separaci¨®n para dentro de unos d¨ªas. Y eso es una perversi¨®n del sistema", matiza la juez.
En los cinco primeros meses de 2004, los jueces de Madrid han recibido un 35% m¨¢s de denuncias que en igual periodo de 2003, al pasar de las 1.927 registradas a las 2.956 contabilizadas en los primeros cinco meses de este a?o. En Barcelona, el n¨²mero de denuncias por violencia dom¨¦stica se triplic¨® el a?o pasado (2.016 frente a las 609 de 2002).
Pedro Mart¨ªnez, teniente fiscal del Tribunal Superior de Madrid, opina: "Es una evidencia que los casos de violencia dom¨¦stica aumentan, en mayor proporci¨®n incluso que las penas. Esto nos deber¨ªa hacer reflexionar sobre si vamos por buen camino. Pienso que no, que el derecho penal no es el mejor marco para regular las relaciones de familia y pareja. Deber¨ªa apostarse por la asistencia social y el apoyo terap¨¦utico y no s¨®lo por la represi¨®n". Mart¨ªnez sostiene que "son los psiquiatras, los asistentes sociales, quienes pueden ayudar a comprender y a resolver el conflicto emocional de fondo, del que emergen estas situaciones que el polic¨ªa y el juez no pueden abarcar, ni por desgracia prevenir. ?stos deben intervenir, pero para adoptar las medidas judiciales propiamente dichas y no confundir su funci¨®n con la de otros profesionales. La represi¨®n sin m¨¢s, sin ninguno de estos complementos, genera m¨¢s violencia".
Marisa Fern¨¢ndez, abogada matrimonialista, admite que puede haber denuncias falsas, "pero tambi¨¦n las hay en el resto de delitos ". "En este caso, poner el ¨¦nfasis sobre las mujeres resulta ofensivo y humillante para las v¨ªctimas. Hemos de evitar la ligereza en los comentarios".
Enrique L¨®pez, portavoz del Consejo General del Poder Judicial, entiende que el que se denieguen ¨®rdenes de protecci¨®n "no significa estar ante denuncias falsas; si se tiene constancia de una denuncia falsa, tiene que ser perseguible como delito". El juez decano de Madrid, Jos¨¦ Luis Gonz¨¢lez Armengol, recuerda que no contribuye a mitigar la conflictividad conyugal la situaci¨®n de los juzgados de familia, que est¨¢n "desbordados de trabajo". Debido a ello tardan hasta nueve meses en citar a las parejas para aplicar medidas provisionales. "Habr¨ªa que crear otros seis juzgados m¨¢s", se?ala el decano.
Un hombre falsamente acusado
El 5 de diciembre de 2003 se separaron oficialmente G. B. y S. L.. Tras la ruptura, G. B. confiesa que su ex mujer comenz¨® a acosarle y telefonearle. Ella se sentaba en un banco hasta altas horas de la madrugada frente a la casa de su ex marido o en el portal. Tambi¨¦n le escrib¨ªa cartas para que recompusiesen el matrimonio. Pero ese cari?o, al verse frustrado, se torn¨® en odio. Aunque al principio G.B. trat¨® de mantener una relaci¨®n cordial y preocupada por el estado an¨ªmico de S.L., los problemas aumentaron. A comienzos de 2004, ella le persigui¨® en coche por distintas calles de Madrid y choc¨® el veh¨ªculo contra el de su ex esposo. Tambi¨¦n se invent¨®, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas, una trama seg¨²n la que su cu?ada (hermana de su ex marido) pretend¨ªa asesinarla y s¨®lo lo evit¨® la providencial intervenci¨®n de los servicios secretos del CNI. La ¨²ltima treta de S.L. fue denunciarle por violencia dom¨¦stica. La mujer acudi¨® a la polic¨ªa y denunci¨® que recib¨ªa llamadas telef¨®nicas amenazantes de un hombre que pod¨ªa ser su ex marido, aunque no estaba segura. Eso le llev¨® al banquillo: un juicio de faltas, pero al banquillo. El Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 8 celebr¨® la vista. Pero ella no compareci¨®. El abogado de la denunciante coment¨® al juez que retiraba los cargos, nada m¨¢s comenzar la vista; el fiscal hizo lo mismo y el juicio termin¨® minutos despu¨¦s. Sobre la marcha, el juez dict¨® sentencia absolutoria, pero fue a los tres meses de haberse abierto el proceso. Ahora G. B ha puesto denuncia contra ella por falsa acusaci¨®n. Lo habitual es que las denuncias falsas queden impunes. "Es muy dif¨ªcil demostrar que haya habido intencionalidad o dolo cuando se interpone", dicen medios jur¨ªdicos.
Comas: "El debate es la futura ley"
La presidenta del Observatorio sobre Violencia Dom¨¦stica del Consejo General del Poder Judicial, Montserrat Comas, considera que debe superarse la pol¨¦mica suscitada por las declaraciones de la juez decana de Barcelona y que "el debate es bueno centrarlo a partir de ahora en las novedades que incorpora el anteproyecto de ley aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros" para erradicar los malos tratos a las mujeres.
Comas opina que se trata de un anteproyecto que tiene aspectos "criticables y mejorables", como el hecho de que el objeto sea proteger a las mujeres de la violencia ejercida sobre ellas y se olvide a los hijos e hijas menores. En su opini¨®n, "el mayor acierto de la ley es que aborda el problema de una manera global y desde todos los ¨¢mbitos [educativo, de fomento de la igualdad, preventivo, de sensibilizaci¨®n y reinserci¨®n de las v¨ªctimas] y no s¨®lo desde el judicial y el penal". Adem¨¢s, seg¨²n la vocal del Poder Judicial, "la ley introduce una nueva forma de legislar al haberse aprobado con dotaci¨®n presupuestaria".
Comas resalt¨® que otro de los aspectos a destacar del anteproyecto de ley es que plantea la necesidad de debatir el protocolo de actuaci¨®n de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de coordinaci¨®n con los juzgados y los fiscales para mejorar la eficacia en el control y seguimiento de las ¨®rdenes de protecci¨®n que dictan los jueces. La revisi¨®n de ese protocolo se someter¨¢ a aprobaci¨®n de la comisi¨®n de seguimiento de las ¨®rdenes de protecci¨®n el pr¨®ximo jueves. Desde que entr¨® en vigor la reforma, tres de las mujeres asesinadas en Espa?a por sus parejas ten¨ªan dictada una orden de protecci¨®n.
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