El Supremo rechaza revisar 72 ejecuciones del franquismo al estimar que no fueron ilegales

La reclamaci¨®n ante la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo de la revisi¨®n de 72 penas de muerte dictadas por los tribunales franquistas por el procedimiento sumar¨ªsimo, ha sido desestimada con unos argumentos en los que se sostiene impl¨ªcitamente la legalidad del alzamiento militar de Francisco Franco en julio de 1936. La asociaci¨®n demandante, formada por familiares de los fusilados, argumentaba que las penas de muerte -dictadas en muchos casos por acusaciones ideol¨®gicas y sin delitos de sangre- deber¨ªan revisarse porque Franco actu¨® contra la legalidad constituida, encarnada en las instituciones de la II Rep¨²blica Espa?ola. El auto rechaza este argumento y mantiene que no hay nuevas pruebas que demuestren que se cometi¨® un error en el fallo a causa de que dichas pruebas fueron desatendidas en su momento.

Esther Lloren?, impulsora de la Asociaci¨®n de Familiares Represaliados por el Franquismo e hija de uno de los ejecutados para los que se reclamaba la revisi¨®n de su causa sumar¨ªsima, se mostr¨® ayer muy dolida por el auto judicial y asegur¨® que "tras 25 a?os de democracia, muchas cosas todav¨ªa siguen igual [que antes con el franquismo]". La asociaci¨®n pretende ahora llevar la revisi¨®n de penas al Tribunal Constitucional. La mayor parte de los ejecutados eran ciudadanos de Figueres y Girona, pero tambi¨¦n hab¨ªa personas procedentes del resto de Catalu?a.

La Sala Militar del Supremo considera en su resoluci¨®n del pasado 15 de junio que las diversas proposiciones no de ley aprobadas por el Congreso de los Diputados, con las que la Asociaci¨®n de Familiares de Represaliados por el Franquismo pretend¨ªa demostrar la ilegalidad del alzamiento de Franco y reclamar la revisi¨®n de 72 condenas a muerte, son "tan s¨®lo un juicio de valor pol¨ªtico y ¨¦tico sobre los hechos hist¨®ricos a que las proposiciones de ley se refieren". En el apartado de razonamientos jur¨ªdicos, el auto a?ade: "Las proposiciones no de ley alegadas por la parte son hechos, pero hechos pol¨ªticos, declaraciones de intenciones program¨¢ticas. No podemos, por ello, darles m¨¢s valor que el que parlamentariamente les corresponde, y, en consecuencia, ning¨²n alcance pueden tener para producir la modificaci¨®n de los hechos declarados probados en la sentencia en la que se centra la pretensi¨®n revisora...".

Carles Rahola

Lloren? mantiene que el Tribunal Militar desacredita incluso al Parlamento espa?ol al menospreciar el valor de sus proposiciones votadas de manera mayoritaria. El abuelo de Lloren?, Juan Lorenzo Alcalde, fue condenado, seg¨²n explica su nieta, "por marxista, anarquista y mas¨®n; tres cosas que no pueden ir juntas". Adem¨¢s, a?ade, en la sentencia se le defin¨ªa como "jefe del populacho de Gerona", cuando, seg¨²n su nieta, viv¨ªa en Figueres y ni siquiera ten¨ªa coche para poder desplazarse.

En las 72 peticiones de revisi¨®n de sentencia que han sido rechazadas se encontraba tambi¨¦n la del escritor y publicista gerundense Carles Rahola, s¨ªmbolo de la cruel represi¨®n franquista, que fue fusilado en 1939 acusado de ser catalanista y haber escrito unos art¨ªculos -ciertamente moderados- en el peri¨®dico L'Autonomista.

Rahola, de esp¨ªritu generoso y tolerante, decidi¨® en febrero de 1936 no cruzar la frontera, como le aconsejaban sus allegados, confiado en que su actitud pac¨ªfica y respetuosa con todas las ideolog¨ªas le librar¨ªa de toda represalia cuando los franquistas entraran en Girona. No obstante, fue ejecutado por ser el s¨ªmbolo del republicanismo y el catalanismo cultural.

La Asociaci¨®n de Familiares de Represaliados por el Franquismo se fund¨® hace un a?o en Figueres y ya agrupa a unas 130 personas de toda Catalu?a. Adem¨¢s de organizar homenajes a las v¨ªctimas, su lucha se centra en el desagravio: la revisi¨®n de los juicios arbitrarios con que se conden¨® a sus familiares. "Se llegaba a juzgar a 24 personas en tres horas. No hab¨ªa defensa posible, se trataba de un ajusticiamiento vengativo con un simulacro de legalidad", asegura Lloren?.

Los familiares de los represaliados han tenido hasta ahora enormes dificultades para acceder a las sentencias de los consejos de guerra en los que pueden leer las acusaciones que llevaron al pared¨®n a sus allegados. Incluso ahora, las cosas no son f¨¢ciles: "No podemos ni siquiera hacer fotocopias. Yo voy al archivo militar de Barcelona con una c¨¢mara y despu¨¦s saco copias en papel con un esc¨¢ner para hacerlas llegar a los miembros de la asociaci¨®n", explica Lloren?.

La asociaci¨®n ha podido sufragar el coste del letrado que les ha llevado el caso gracias a una subvenci¨®n de unos 15.000 euros que les otorg¨® la Generalitat de Catalu?a.