Cheney no tendr¨¢ que desvelar los secretos de su pol¨ªtica energ¨¦tica

El Tribunal Supremo de EE UU, actualmente de mayor¨ªa conservadora, ha amparado el principio de confidencialidad defendido por la Casa Blanca, por lo que el vicepresidente, Dick Cheney, no tendr¨¢ que revelar, de momento, los nombres de los miembros de un grupo de trabajo creado en 2001 para dise?ar la pol¨ªtica energ¨¦tica del Gobierno. Sin embargo, el Supremo no cierra definitivamente la pol¨¦mica al establecer que una instancia judicial inferior estudie m¨¢s detenidamente los alegatos esgrimidos por la Casa Blanca.

El Supremo, con mayor¨ªa de magistrados nombrados durante las presidencias republicanas de Ronald Reagan y Bush padre, fue contundente al defender, por siete votos frente a dos, la tesis sostenida por Cheney en abril ante el tribunal federal de apelaciones del Distrito de Columbia. La decisi¨®n del Alto Tribunal, anunciada ayer, ha sido acogida con satisfacci¨®n y alivio en la Casa Blanca, que tem¨ªa la prolongaci¨®n de las acusaciones de favoritismo formuladas por los dem¨®cratas contra George Bush y Dick Cheney a lo largo de la campa?a presidencial.

De acuerdo con expertos legales consultados por EL PA?S, una nueva decisi¨®n judicial sobre el tema resulta imposible de conseguir antes de la cita electoral de noviembre. Incluso en el caso de que el Gobierno perdiera ante la corte de apelaciones podr¨ªa acudir una vez m¨¢s ante el Supremo para dilucidar definitivamente el caso.

La pol¨¦mica estall¨® al revelar el Washington Post la participaci¨®n, en un grupo de trabajo presidido por Cheney y encargado de dise?ar la pol¨ªtica energ¨¦tica de la actual Administraci¨®n, de altos ejecutivos de las industrias energ¨¦ticas, incluido el entonces presidente de la quebrada Enron, Ken Lay, as¨ª como directivos de su antigua empresa, Hallibuton.

Dos grupos de distinto signo pol¨ªtico, el ecologista Sierra Club y el conservador Judicial Watch se aliaron para exigir a la Casa Blanca los documentos de trabajo del citado grupo, al amparo de una ley de 1972, la FACA o ley sobre las comisiones asesoras federales, -en este pa¨ªs, para¨ªso de abogados, existen disposiciones legales para todo-, que exige la revelaci¨®n de los trabajos de los grupos asesores en los que participan personas ajenas al Gobierno federal.

Curiosamente, casi todas las recomendaciones del grupo de Cheney coincid¨ªan casi literalmente con las promesas realizadas por Bush durante la campa?a electoral de 2000, como, por ejemplo, m¨¢s prospecciones petroleras en los Estados del Oeste y en la reserva nacional de Alaska, un incremento de las subvenciones a la industria el¨¦ctrica por utilizar carb¨®n m¨¢s limpio y otras similares. Pero, tambi¨¦n curiosamente, ninguna de las propuestas ha sido todav¨ªa aprobada por el Congreso dado el esc¨¢ndalo provocado por el caso.

Esc¨¢ndalo

Un esc¨¢ndalo que subi¨® de tono cuando el Sierra Club pidi¨® la recusaci¨®n de uno de los magistrados del Supremo, Antonin Scalia, por haber sido invitado por Cheney a una cacer¨ªa de patos en Luisiana. Scalia, amigo del vicepresidente desde que ambos trabajaran para la Administraci¨®n de Gerald Ford hace 30 a?os, rechaz¨® la recusaci¨®n con la argumentaci¨®n, no carente de l¨®gica, de que, "si se puede comprar tan barato (con una cacer¨ªa de patos) a un juez del Supremo, es que este pa¨ªs tiene mayores dificultades de las que yo pensaba".

En su sentencia, el Supremo trata de despolitizar el asunto al afirmar que "el poder judicial debe conceder la mayor protecci¨®n posible a la confidencialidad presidencial, reconociendo la necesidad suprema de proteger al poder Ejecutivo de una litigaci¨®n vejatoria que le pueda distraer de la tarea de llevar a cabo sus deberes constitucionales". La explicaci¨®n a esta frase entrecomillada es f¨¢cil de entender si se considera que el jefe del Sierra Club, Carl Pope, es cofundador de un grupo, que trabaja activamente para exponer p¨²blicamente lo que considera "las posiciones extremistas del programa republicano". El profesor de la facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown, John Duffy, ha recordado la importancia del principio de reserva judicial, en virtud del cual "los jueces deben evitar verse envueltos en lo que son por principio luchas pol¨ªticas, como en este caso".