Una crueldad escondida

El domingo d¨ªa 6 de junio me encontr¨¦ en Madrid con representantes de organizaciones de mujeres que trabajan sobre la cuesti¨®n de la violencia dom¨¦stica. Entre ellas estaba Esperanza, una activista comprometida, que habl¨® apasionadamente sobre su proyecto de dar refugio a mujeres que han sido amenazadas con violencia. Al despedirse, me dijo que su nombre verdadero no era Esperanza, que ¨¦se era un alias que utiliza para protegerse porque teme que su marido la localice y la mate, como ya ha amenazado.

El d¨ªa 10 de junio tuve la oportunidad de reunirme con el nuevo presidente del Gobierno, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, quien me dijo que est¨¢ decidido a hacer del combate contra la violencia que afecta a la mujer el tema que defina su mandato. Estas dos an¨¦cdotas demuestran los retos y las oportunidades que existen en la Espa?a de hoy para combatir la violencia contra las mujeres, poniendo al frente de la agenda pol¨ªtica a las "Esperanzas" de Espa?a.

El problema de la violencia contra las mujeres no afecta ¨²nicamente a Espa?a. Es una una atrocidad mundial: est¨¢ ampliamente presente, tanto en la habitaci¨®n conyugal como en las calles como en los campos de batalla. En Oriente Pr¨®ximo, hay mujeres que son asesinadas por sus familiares en nombre del "honor". En la India, hay novias que son quemadas vivas porque su familia no ha proporcionado una buena dote. Dos millones de ni?as, la mayor¨ªa en ?frica, son v¨ªctimas de la mutilaci¨®n genital femenina este a?o. Y miles de mujeres y ni?as m¨¢s son violadas, sufren abusos sexuales, o son reclutadas como ni?assoldado en el mundo entero, a consecuencia de las estrategias militares para aterrorizar y subyugar a la poblaci¨®n civil. Incluso en los pa¨ªses m¨¢s ricos y en las sociedades m¨¢s desarrolladas del mundo, como por ejemplo Espa?a, la mujeres son golpeadas hasta la muerte en sus propias casas.

La violencia contra la mujer es una crueldad escondida. A pesar de una creciente concienciaci¨®n y de la mayor atenci¨®n por parte de los medios de comunicaci¨®n, seg¨²n cifras oficiales el 97% de las mujeres espa?olas que son v¨ªctimas de violencia dom¨¦stica no denuncia los hechos. En Europa, seg¨²n el Consejo de Europa, la violencia dom¨¦stica constituye la primera causa de muerte y de discapacidad de las mujeres de edades comprendidas entre los 16 y los 44 a?os. El n¨²mero de muertes causado por violencia dom¨¦stica es mayor que el motivado por enfermedades como el c¨¢ncer o por los accidentes de tr¨¢fico. Una de cada tres mujeres ha sido golpeada, obligada a mantener relaciones sexuales o sometida a alg¨²n otro tipo de abuso en su vida.

La violencia contra la mujer es una violaci¨®n de los derechos humanos. Las mujeres tienen el derecho a vivir libres de violencia y los gobiernos tienen el deber de promover, proteger y hacer realidad este derecho, incluso cuando se encuentran en peligro en sus propias casas o en manos de individuos privados. Los derechos humanos establecen que las personas tienen los mismos derechos por ser seres humanos, descartando de esta manera el alegato de que la cultura, la costumbre o la religi¨®n justifican la violencia contra las mujeres.

El 4 de junio, el Gobierno espa?ol present¨® el anteproyecto de ley integral contra la violencia ejercida sobre la mujer. Con este anteproyecto, Espa?a reconoce su diligencia debida, es decir, su obligaci¨®n en el derecho internacional de investigar los actos de violencia en contra de la mujer, de llevar a la justicia a los culpables, otorgar reparaciones a las v¨ªctimas y promover medidas educativas y administrativas con el objeto de evitar que la violencia ocurra, sin tener en cuenta el estatus migratorio de la mujer o d¨®nde viva.

Este a?o, 32 mujeres han muerto por violencia dom¨¦stica, y son miles las que no encuentran el amparo y la protecci¨®n necesaria frente a estas agresiones, sobre todo si se trata de colectivos especialmente vulnerables: mujeres inmigrantes indocumentadas, discapacitadas, solicitantes de asilo, y las que viven en el mundo rural. Los estudios sobre las leyes anteriores han demostrado que existe una gran diferencia en el nivel de la protecci¨®n otorgada a mujeres en diferentes regiones de Espa?a.

El anteproyecto debe asegurar que todas las mujeres, a pesar de su estatus migratorio o de donde vivan, est¨¦n igualmente protegidas. En Espa?a existen determinadas prestaciones clave, como el acceso a los centros de emergencia y acogida, y el acceso a asistencia jur¨ªdica gratuita, que les est¨¢n siendo denegadas de forma sistem¨¢tica a las mujeres inmigrantes indocumentadas, por el hecho de no tener residencia regular, con lo que adem¨¢s de vulnerarse sus derechos se las condena a¨²n m¨¢s al desarraigo y la exclusi¨®n.

Pero faltan tambi¨¦n programas estatales espec¨ªficos para prevenir la violencia de g¨¦nero en el ¨¢mbito rural, donde seg¨²n la primera Macroencuesta del Instituto de la Mujer de 2000 existe una mayor incidencia de la violencia de g¨¦nero en el ¨¢mbito familiar "no reconocida" por las mujeres que la sufren. No se trata tan s¨®lo de que no puedan acceder a los recursos por falta de movilidad -que es igualmente un importante freno a la hora de que estas mujeres obtengan ayuda-, sino que tambi¨¦n, especialmente en las mujeres de mayor edad, es necesario superar determinadas actitudes provocadas por el entorno.

La ausencia de coordinaci¨®n y supervisi¨®n estatal de las pol¨ªticas de protecci¨®n gestionadas por los organismos de ¨¢mbito regional y local puede dar lugar a que la mujer goce de sus derechos de forma desigual en todo el Estado. La violencia en contra de la mujer es un problema tan arraigado que la misma ley deber¨ªa prever expl¨ªcitamente una serie de est¨¢ndares m¨ªnimos de prevenci¨®n, investigaci¨®n, apoyo a las v¨ªctimas y reparaci¨®n. Se debe garantizar la evaluaci¨®n y los estudios de impacto necesarios para asegurar la eficacia de las medidas que se implementan y ver si se pueden mejorar.

Las leyes son un buen primer paso, pero s¨®lo ofrecen protecci¨®n si se implementan, de lo contrario son exclusivamente papeles impresos. Establecer un marco legal es un buen inicio, pero el problema va m¨¢s all¨¢ de las leyes porque tiene sus ra¨ªces en la actitud de la sociedad.

No debemos olvidar que la violencia contra la mujer sucede porque lo permitimos. A las mujeres les da miedo o verg¨¹enza hablar de ello; las mujeres frecuentemente tienen que pagar un precio muy alto por hablar de ello, como Esperanza. Los hombres lo niegan. La sociedad lo tolera y busca pretextos en nombre de la religi¨®n, la costumbre, la cultura o la tradici¨®n.

El Gobierno debe actuar adoptando la ley y asegurando su aplicaci¨®n. Y nosotros mismos debemos actuar analizando cr¨ªticamente nuestras propias actitudes y cuestionando la manera en la que toleramos la violencia contra la mujer.

El Gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero debe procurar una ley efectiva que proteja a todas las mujeres en Espa?a, sean espa?olas o extranjeras, vivan en zonas urbanas o rurales. Todos debemos asegurarnos de que la discusi¨®n sobre el anteproyecto de ley sea el inicio de un proceso de cambio de los valores de la sociedad en relaci¨®n a la violencia contra las mujeres.

Irene Khan es secretaria general de Amnist¨ªa Internacional.