El Gobierno mantiene que la ley contra la violencia ampare s¨®lo a las mujeres

Cambia de nombre, mantiene la discriminaci¨®n positiva y recibe algunos retoques. El Consejo de Ministros aprob¨® ayer el proyecto de ley org¨¢nica integral contra la violencia de g¨¦nero, que se enviar¨¢ al Congreso para su discusi¨®n inmediata. El Gobierno reitera su prop¨®sito inicial de que la norma proteja en exclusiva a las v¨ªctimas femeninas de la violencia dom¨¦stica (formulan nueve de cada diez denuncias). Los hombres s¨®lo tendr¨¢n el amparo del C¨®digo Penal. Se mantiene el agravamiento de penas para los varones agresores y mejora la protecci¨®n a los hijos de las maltratadas.

"La Constituci¨®n mandata a los poderes p¨²blicos a tratar de forma desigual lo que, siendo igual formalmente, es desigual materialmente. Por tanto, exige a los poderes p¨²blicos la adopci¨®n de medidas que remuevan obst¨¢culos para hacer aquello que, siendo igual formalmente, es desigual". Este fue uno de los argumentos esgrimidos ayer por la vicepresidenta primera del Gobierno, Mar¨ªa Teresa Fern¨¢ndez de la Vega, para defender que la nueva ley para atajar el maltrato f¨ªsico o psicol¨®gico afecte s¨®lo a las v¨ªctimas femeninas (discriminaci¨®n positiva).

El Ejecutivo mantiene as¨ª su planteamiento, defendido tambi¨¦n por las organizaciones feministas, de que el origen de esta violencia radica en la desigualdad entre sexos. Las mujeres sufren una violencia espec¨ªfica por el hecho de serlo. De ah¨ª que deba atajarse con medidas de discriminaci¨®n positiva. La exclusi¨®n masculina de la ley ha sido el eje del ¨²nico informe negativo al proyecto, el aprobado por la mayor¨ªa conservadora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Ley "constitucional"

"Con esta ley, el Gobierno pretende tratar lo mejor posible a quien es objeto de la violencia por el hecho de ser mujer y endurecer las penas para quien lo comete. ?Esto es discriminar? A lo mejor, s¨ª, pero est¨¢ claro que esta discriminaci¨®n no es s¨®lo constitucional, que lo es, sino que est¨¢ en el esp¨ªritu mismo de la Constituci¨®n", matiz¨® la vicepresidenta en rueda de prensa. Fern¨¢ndez de la Vega, que ha seguido de cerca los trabajos para la elaboraci¨®n de la norma, puntualiz¨®: "Si ten¨ªamos que elegir entre la seguridad y el derecho a la igualdad de las mujeres o una interpretaci¨®n, a mi juicio conservadora, del derecho a la igualdad, este Gobierno lo ten¨ªa muy claro: optamos por la seguridad y por los derechos de las mujeres".

El proyecto de ley mantiene la implantaci¨®n de un tratamiento penal distinto para hombres y mujeres en el caso de las amenazas y coacciones leves Si las cometen los hombres ser¨¢n delitos. Si son obra femenina, ser¨¢n faltas. Este aspecto ha provocado la cr¨ªtica tanto de los vocales progresistas como de los conservadores del CGPJ y por el Consejo de Estado. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jes¨²s Caldera, justific¨® esta desigualdad en el ¨¢mbito penal como un medio para alcanzar la igualdad. A?adi¨® que Naciones Unidas recomend¨® en 1997 reforzar las legislaciones en distintos ¨¢mbitos para combatir la violencia contra la mujer.

El Gobierno ha realizado modificaciones en el anteproyecto sugeridas tanto por organismos oficiales como por organizaciones de mujeres. "Hemos incorporado muchas propuestas de los ¨®rganos consultados con un solo l¨ªmite: el del esp¨ªritu de la ley, que es la defensa a ultranza de las mujeres que son maltratadas", dijo Fern¨¢ndez de la Vega.

Entre los cambios de mayor relevancia figuran los que afectan a la definici¨®n del objeto de la ley. As¨ª, desaparece el concepto de que la violencia sobre mujer es la utilizada "como instrumento para mantener la discriminaci¨®n, la desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres". Se elimina esa intencionalidad que, seg¨²n varios expertos, obligaba a tener que probar que el ¨¢nimo de discriminar era el objetivo de la agresi¨®n. El texto aprobado ayer limita el ¨¢mbito de aplicaci¨®n de la ley: entre agresor y v¨ªctima deber¨¢ existir, o haber existido, una relaci¨®n de afectividad. En cambio, el anteproyecto dejaba la puerta abierta para que la norma se aplicara a las agresiones causadas a una mujer por cualquier hombre, lo que incluir¨ªa, por ejemplo, las agresiones sexuales de desconocidos, seg¨²n aclararon semanas atr¨¢s fuentes gubernamentales.

El nuevo art¨ªculo 1 define como objeto de la ley "actuar contra la violencia que, como manifestaci¨®n de la discriminaci¨®n, la situaci¨®n de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre ¨¦stas por parte de quienes sean o hayan sido sus c¨®nyuges o de quienes est¨¦n o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia". Detalla que la violencia de g¨¦nero a que se refiere la ley "comprende todo acto de violencia f¨ªsica y psicol¨®gica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privaci¨®n arbitraria de libertad". As¨ª figura en el texto enviado anoche a los medios de comunicaci¨®n. A primera hora de la tarde de ayer, pese a estar aprobado, los expertos a¨²n retocaban alg¨²n aspecto del proyecto de ley.

Hijos protegidos

El proyecto de ley recoge expresamente el derecho de los hijos de las maltratadas a las prestaciones de los servicios sociales, tal como hab¨ªa recomendado en su informe el Consejo Econ¨®mico y Social. La mejora en la protecci¨®n de los menores busca "garantizar de forma efectiva las medidas de protecci¨®n adoptadas respecto de la mujer". En l¨ªnea con el planteamiento de la norma, ¨¦sta s¨®lo afectar¨¢ a los hijos de agredidas. Los nuevos juzgados de violencia tambi¨¦n ser¨¢n competentes para decidir sobre las cuestiones relacionadas con los menores afectados por la violencia que sufran sus madres.

En el terreno laboral, el Gobierno ha escuchado igualmente al CES y ha incluido bonificaciones para las empresas que hagan un contrato a un interino que sustituya a una maltratada que haya suspendido su relaci¨®n laboral a causa de las agresiones. Igualmente se garantiza, a petici¨®n de ese consejo, "la equidad interterritorial" en la implantaci¨®n de los servicios de asistencia a las v¨ªctimas.

En la educaci¨®n, se establece que los consejos escolares de los centros incorporar¨¢n miembros que velen por la aplicaci¨®n de los principios de igualdad, como pidi¨® el Consejo Escolar del Estado. El sindicato ANPE y la Confederaci¨®n de padres cat¨®licos lo critican porque, dicen, abre una v¨ªa de representaci¨®n en los consejos a instituciones no educativas.