El Defensor del Pueblo denuncia irregularidades en la asistencia letrada a inmigrantes en Algeciras

La actuaci¨®n de 46 letrados de Algeciras ha perjudicado a miles de inmigrantes en situaci¨®n irregular, seg¨²n se desprende de un estudio realizado por la Junta de Andaluc¨ªa. "Uso abusivo y generalizado de formularios", "fundamentos jur¨ªdicos estereotipados", "argumentos jur¨ªdicos muy escuetos, poco motivados e incongruentes" y minutas astron¨®micas son algunas de las conclusiones del estudio que aparece recogido en el ¨²ltimo informe del Defensor del Pueblo. De las 2.820 asistencias analizadas durante el primer trimestre de 2003, 1.049 (el 37%) presentan ese tipo de deficiencias.

En uno de los casos, citado a modo de ejemplo, un letrado present¨® siete escritos similares oponi¨¦ndose al internamiento de sus clientes, cuando solamente uno de ellos fue internado y los seis restantes quedaron en libertad.

La situaci¨®n viene de antiguo. Seg¨²n la Junta de Andaluc¨ªa, durante el segundo semestre de 2001 se realizaron en el partido judicial de Algeciras 5.466 actuaciones en materia de extranjer¨ªa. El contenido de esos 5.466 escritos fue, siempre seg¨²n la Junta, "d¨¦bil y con un reducida fundamentaci¨®n jur¨ªdica". De hecho, un n¨²mero importante de ellos fueron fotocopias en las que lo ¨²nico que variaba era el nombre del ciudadano extranjero afectado. En alg¨²n caso fue presentado el mismo escrito 145 veces. Tambi¨¦n hubo casos de escritos presentados alrededor de 120 veces.

"No es posible hablar de asistencia jur¨ªdica cuando un n¨²mero considerable de expedientes fueron despachados con escritos de alegaciones o con recursos exactamente iguales, en los que no se individualizaron las circunstancias personales de los inmigrantes", se?ala el informe, redactado por la adjunta primera del Defensor del Pueblo, Margarita Cava de Llano.

"Tampoco existe asistencia jur¨ªdica", a?ade, "cuando se citan disposiciones legales derogadas, se presentan recursos fuera de plazo (en alg¨²n caso hasta despu¨¦s de transcurridos 30 d¨ªas) o se pide que se deje sin efecto el internamiento de un grupo de personas cuando las mismas nunca fueron internadas".

"Incumplimiento manifiesto"

"En todos estos casos", a?ade, "los letrados que intervinieron incumplieron de forma manifiesta las funciones que recoge el art¨ªculo 1 de su Estatuto, ya que no hicieron posible la efectividad de los derechos y libertades de las personas a las que asistieron".

El Defensor responsabiliza de esta situaci¨®n al Colegio de Abogados de C¨¢diz, al que acusa de "grave dejaci¨®n de funciones" por no haber hecho uso de las tareas de inspecci¨®n y supervisi¨®n que le atribuye el Estatuto General de la Abogac¨ªa para depurar "las responsabilidades disciplinadas derivadas de estas anomal¨ªas".

"Toda esta informaci¨®n", afirma, "fue puesta en conocimiento del Colegio de Abogados". Este organismo justific¨® las pr¨¢cticas denunciadas con argumentos tales como que a iguales resoluciones administrativas corresponder¨ªan iguales recursos, "porque los abogados no son literatos y tienen que ce?irse a los hechos que se les dan y a los fundamentos de derecho que sean aplicables a esos hechos". Siguiendo ese razonamiento, el Colegio se?alaba que contra resoluciones que recogen supuestos id¨¦nticos de devoluci¨®n o expulsi¨®n, los hechos a exponer son id¨¦nticos y los fundamentos de derecho, tambi¨¦n.

El Defensor del Pueblo considera que el derecho a la asistencia jur¨ªdica no puede supeditarse al n¨²mero de personas que tienen que recibirlo. "La prestaci¨®n correcta de su derecho debe ser igual en C¨¢diz que en el resto de provincias de Espa?a. Si para lograr ese resultado es necesario reorganizar el servicio de asistencia jur¨ªdica que se presta en esa provincia, deber¨ªa el Colegio de Abogados asumir las responsabilidades que le corresponden y solicitar de las autoridades competentes los medios necesarios".

El informe insiste en la "grave dejaci¨®n de funciones" que supone el que el Colegio no iniciara de oficio los expedientes necesarios para depurar las responsabilidades derivadas del mal ejercicio" de la asistencia a los inmigrantes.

"No es jur¨ªdicamente defendible", argumenta, "que para depurar las irregularidades se est¨¦ a la espera de que los inmigrantes presenten las denuncias oportunas -muchos de ellos son devueltos o expulsados y no vuelven m¨¢s a nuestro pa¨ªs- o que las fuerzas de orden p¨²blico denuncien alguna anomal¨ªa".

"Resulta p¨²blico y notorio que los inmigrantes, en numerosos supuestos, no re¨²nen los conocimientos y estudios necesarios como para valorar la calidad y el alcance que tiene el derecho a la asistencia jur¨ªdica en nuestro ordenamiento", recuerda. "Tampoco se encuentra entre los cometidos de las fuerzas policiales la supervisi¨®n deontol¨®gica de la actuaci¨®n de los abogados".

Dado que el Colegio no atendi¨® las denuncias del Defensor del Pueblo, ¨¦ste traslad¨® su actitud al Consejo General de la Abogac¨ªa y al Consejo de Colegios de Abogados de Andaluc¨ªa. El Consejo General de la Abogac¨ªa convoc¨® urgentemente a sus ¨®rganos competentes para abordar el asunto en profundidad.