La vivienda como derecho, la vivienda como problema

El acceso a una vivienda digna es un derecho constitucional reconocido en el art¨ªculo 47 de la Constituci¨®n seg¨²n el cual: "Todos los espa?oles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes p¨²blicos promover¨¢n las condiciones necesarias y establecer¨¢n las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilizaci¨®n del suelo de acuerdo con el inter¨¦s general para impedir la especulaci¨®n".

Sin embargo, la consecuci¨®n de este derecho se ve lastrada por problemas hist¨®ricos y por otros derivados de pol¨ªticas p¨²blicas inadecuadas, que muestran sus consecuencias m¨¢s lacerantes en Madrid. Los madrile?os siempre tendremos la sospecha de que tras la crisis de la Asamblea de Madrid, tras las elecciones auton¨®micas, anidaban intereses vinculados al suelo y el ladrillo.

Cada tres o cuatro a?os el precio de la vivienda se duplica en la regi¨®n

Los protagonistas indiscutibles en el proceso de descentralizaci¨®n de competencias y recursos, han sido, hasta hoy, el Estado y las comunidades aut¨®nomas. La Administraci¨®n local ha sido relegada en estas competencias, al tiempo que la financiaci¨®n local sigue siendo a¨²n un problema que no ha sido resuelto.

Esta situaci¨®n produce que sea muy dif¨ªcil que un Ayuntamiento aborde inversiones necesarias para sus ciudadanos en materia de infraestructuras o servicios sin recurrir a la gesti¨®n del suelo.

En muchos casos, del n¨²mero de viviendas de precio libre que se aprueban en un desarrollo urban¨ªstico depende, al final, que se pueda construir un polideportivo, una piscina municipal, crear un centro de empresas, un centro cultural o construir una nueva sede para el Ayuntamiento.

Este problema hist¨®rico se ve acompa?ado tambi¨¦n por la tentaci¨®n permanente de los especuladores de obtener altos beneficios, con escaso riesgo financiero, sabiendo manejar adecuadamente la informaci¨®n y los hilos de la gesti¨®n del suelo.

As¨ª, al problema financiero de las administraciones, se a?ade una especulaci¨®n del suelo, que determina un crecimiento imparable de los precios que oscila entre el 20% y el 30% anualmente.

De esta forma, cada tres o cuatro a?os el precio de la vivienda se duplica y en estos momentos, hasta las estimaciones m¨¢s optimistas, sit¨²an el precio medio del metro cuadrado de vivienda en torno a los 3.000 euros.

A los problemas descritos, ha venido a sumarse un incremento de la necesidad de vivienda que ha favorecido el aumento de los precios. Una demanda impulsada por el crecimiento del empleo en Madrid; por la incorporaci¨®n de los j¨®venes nacidos en los a?os setenta a la demanda de una vivienda para emanciparse; por la ampliaci¨®n de los a?os por los que se concede un cr¨¦dito hipotecario; la bajada de los tipos de inter¨¦s; la inestabilidad burs¨¢til que conduce las inversiones hacia la compra de vivienda y por el aumento de la poblaci¨®n inmigrante que en muy pocos a?os ha crecido hasta 725.000 personas en la regi¨®n y que demanda una vivienda en propiedad ante la escasez y carest¨ªa de la vivienda en r¨¦gimen de alquiler.

Los trabajadores y trabajadoras soportamos mayoritariamente los cr¨¦ditos hipotecarios que ascienden a medias cercanas a los treinta millones de pesetas, comprometiendo las rentas salariales durante veinticinco o treinta a?os y conduciendo a un endeudamiento l¨ªmite de las familias.

El debate en este momento no debe centrarse en si existe o no una burbuja inmobiliaria y si terminar¨¢ por explotar o no, porque ese debate s¨®lo contribuye a tender una cortina de humo sobre el problema.

El verdadero problema consiste en la existencia de voluntad decidida de cumplir el mandato constitucional.

Una soluci¨®n definitiva al problema de la financiaci¨®n de las administraciones locales, una descentralizaci¨®n de la gesti¨®n de las pol¨ªticas p¨²blicas, constituir¨ªa un paso muy importante, si se viese adem¨¢s acompa?ado de compromisos municipales de utilizar las pol¨ªticas del suelo en contra de la especulaci¨®n y a favor de la accesibilidad de la vivienda en propiedad o en alquiler.

Es absolutamente necesario apostar por un desarrollo econ¨®mico equilibrado que promueva la industria y consolide los servicios, que apueste de forma decidida por la creaci¨®n de empleo estable, permitiendo un cambio en la tendencia donde el crecimiento de la riqueza regional no se sustente casi en exclusiva en el sector de la construcci¨®n.

La estabilidad econ¨®mica depende de este desarrollo equilibrado, evitar¨ªa riesgos de crecimiento de la inflaci¨®n, asegurar¨ªa las rentas salariales futuras y despejar¨ªa el futuro econ¨®mico de muchas familias.

Una econom¨ªa y un empleo m¨¢s estables, junto a las pol¨ªticas p¨²blicas de suelo y vivienda, basadas en la promoci¨®n de vivienda con protecci¨®n p¨²blica en r¨¦gimen de propiedad o alquiler y la rehabilitaci¨®n, son la base para estabilizar el precio de la vivienda, lo cual atraer¨ªa recursos hacia la inversi¨®n productiva, y mejorar¨ªa la accesibilidad a la vivienda de los j¨®venes y de los colectivos de rentas m¨¢s bajas.

El derecho constitucional a la vivienda y el problema del crecimiento imparable de los precios, tiene soluci¨®n siempre que se corrijan los problemas estructurales que nos han conducido a esta situaci¨®n y se acometa un modelo de desarrollo que consolide nuestro tejido productivo y la creaci¨®n de empleo estable.

Los trabajadores nos jugamos mucho. Es hora de pasar de las palabras a los hechos y concluir un Pacto Social por la Vivienda en Madrid, que incluya el m¨¢s amplio consenso en torno a una Ley del Suelo que impida la especulaci¨®n inmobiliaria que amenaza con estrangular el desarrollo econ¨®mico y social de la regi¨®n.

Francisco Javier L¨®pez Mart¨ªn es secretario general de CC OO de Madrid.