Alierta denunciar¨¢ al juez Torres por fijar una fianza sin estar facultado para ello

El presidente de Telef¨®nica, C¨¦sar Alierta, anunci¨® ayer la presentaci¨®n de una denuncia contra el juez de Instrucci¨®n n¨²mero 32, de Madrid, Jos¨¦ Santiago Torres, ante el Consejo General del Poder Judicial, por haber realizado diligencias cuando estaba requerido de inhibici¨®n, por haberle provocado indefensi¨®n y por haberle impuesto una fianza de 4,9 millones de euros para asegurar el eventual impago de hipot¨¦ticas multas que s¨®lo ser¨ªan exigibles en caso de que Alierta fuera condenado. Esa conducta, seg¨²n Alierta, excede con mucho de las facultades que corresponden a un juez requerido para que cese en su competencia.

La denuncia de Alierta contra el juez Torres, que instruye el caso Tabacalera sobre supuesta informaci¨®n privilegiada en la compra de acciones de dicha empresa cuando Alierta era su presidente por parte de su sobrino luis javier Placer, se basa en los siguientes y fundamentos:

El escrito se?ala que el juez instructor ha practicado pruebas testificales, que posteriormente ha utilizado como fundamento para exigir la prestaci¨®n de una fianza sin haber atendido a la solicitud de suspensi¨®n efectuada por su defensa y la de su sobrino, Luis Javier Placer Mendoza.

Una vez que la Audiencia Nacional decret¨® su competencia, el juez de instrucci¨®n n¡ã 32 acord¨® tomar declaraci¨®n a distintos testigos. Los abogados defensores de Alierta y su sobrino reclamaron del juzgado que, en relaci¨®n a alguna de ellas, acordase la suspensi¨®n habida cuenta de que los mismos ten¨ªan que acudir a diligencias se?aladas con anterioridad por otros ¨®rganos judiciales. Pese a acreditar dicha circunstancia de manera fehaciente, el titular del juzgado deneg¨® el aplazamiento y tom¨® declaraci¨®n a diferentes testigos en ausencia de los defensores mencionados, quienes, pese a su protesta formal, se vieron impedidos de estar presentes y defender a sus clientes.

Esa circunstancia ha generado indefensi¨®n imputable al comportamiento del juez instructor que, seg¨²n la denuncia, estaba obligado a acceder a lo solicitado.

Por otro lado, despu¨¦s de que el juzgado central de instrucci¨®n n¡ã 4 de la Audiencia Nacional requiri¨® al juzgado de instrucci¨®n n¡ã 32 de Madrid para que le remitiese la causa al considerar que la Audiencia Nacional era competente, el juez Torres utiliz¨® un procedimiento que no era aplicable al caso y recab¨® informes del fiscal y de la acusaci¨®n popular en el tr¨¢mite previo a pronunciarse sobre dicho requerimiento.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a seguir un determinado procedimiento, de tal forma que si los jueces no se ponen de acuerdo sobre su competencia deben remitir sin dilaci¨®n y sin m¨¢s tr¨¢mites, sus decisiones al Tribunal Supremo. ?ste, como ¨®rgano superior, es quien debe convocar y escuchar al Ministerio Fiscal y a las partes personadas.

El juez Torres, seg¨²n la denuncia, no sigui¨® ese procedimiento, por lo que habr¨ªa actuado en fraude de ley procesal permitiendo la incorporaci¨®n de informes no previstos en la ley. El fiscal del Tribunal Supremo ser¨¢ el que tendr¨¢ que pronunciarse sobre la competencia, pero no el fiscal que act¨²a ante el juzgado 32.

Supuestos tasados

La ley establece tambi¨¦n que el juez instructor requerido de inhibici¨®n por otro juzgado puede seguir actuando s¨®lo y exclusivamente en supuestos tasados. Pero, la ley no permite, en ning¨²n caso, que en esa circunstancia el juez dicte resoluciones como la consistente en fijar una fianza para asegurar el eventual impago de hipot¨¦ticas multas que s¨®lo ser¨ªan exigibles en caso de una hipot¨¦tica condena.

La resoluci¨®n por la que el juez Torres impone una fianza millonaria, seg¨²n la denuncia, adem¨¢s de ser considerada inusual y nula, ha de calificarse como resoluci¨®n dictada al margen de las facultades que corresponden a un juez que ha sido requerido para que cese en su competencia y remita las actuaciones.

Por su parte, el juez Fernando Andreu, de la Audiencia Nacional, remitir¨¢ en los pr¨®ximos d¨ªas una exposici¨®n razonada al Tribunal Supremo, para que sea este ¨®rgano quien determine qu¨¦ juzgado es el competente para instruir el caso Tabacalera, en el que se investiga un presunto delito de informaci¨®n privilegiada en la compra de acciones de Tabacalera, cuando Alierta era presidente.

El juez Andreu ha conocido por la prensa -todav¨ªa no ha recibido oficialmente la resoluci¨®n- el hecho de que el juez Torres no acepta la inhibici¨®n solicitada, por lo que plantear¨¢ al Supremo la cuesti¨®n de competencia.