El Supremo apoya la decisi¨®n del Gobierno de parar la reforma educativa

La decisi¨®n del Gobierno de parar la aplicaci¨®n de la reforma educativa de la Ley Org¨¢nica de Calidad de la Educaci¨®n (LOCE) ha recibido el espaldarazo del Tribunal Supremo. Tras lanzar las comunidades gobernadas por el PP una lluvia de acusaciones contra el Ejecutivo de "ilegalidad" y de "ir en contra del inter¨¦s general", el Supremo respondi¨® ayer que el real decreto con el que el Gobierno ha aprobado la paralizaci¨®n por dos a?os de la aplicaci¨®n de la LOCE "no puede objetarse ni en cuanto a su constitucionalidad ni en cuanto a su legalidad" .

El pasado 28 de mayo, el Gobierno aprob¨® un real decreto con el que pospuso dos a?os la implantaci¨®n de las medidas de la LOCE que a¨²n no se hab¨ªan puesto en marcha. Esta ley fue impulsada por el PP y abanderada como una de las grandes reformas que dej¨® a su paso por el Gobierno en la pasada legislatura. La norma modific¨® parcialmente las tres leyes referidas a la educaci¨®n no universitaria que los socialistas hab¨ªan aprobado en la d¨¦cada anterior. La Ley de Calidad fue aprobada por el Parlamento en diciembre de 2002 con el ¨²nico apoyo del PP y de Coalici¨®n Canaria.

El decreto del pasado mayo modific¨® otro aprobado por el Gobierno del PP en junio de 2003. Ambas normas estaban destinadas a ordenar el calendario que se deb¨ªa seguir para aplicar la LOCE. El objetivo que persiguen los socialistas con la decisi¨®n de parar dos a?os la aplicaci¨®n de esta ley lo hab¨ªa expresado nada m¨¢s llegar al poder el presidente del Ejecutivo, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero: "Impulsar una nueva reforma educativa que goce del m¨¢ximo consenso posible".

Esta decisi¨®n desat¨® una cadena de protestas en las filas del PP. Cambiar la educaci¨®n hab¨ªa sido una de las prioridades de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar ya desde que Esperanza Aguirre fue nombrada ministra de Educaci¨®n en 1996. Precisamente ha sido Aguirre, actual presidenta de la Comunidad de Madrid, quien ha abanderado las protestas contra la paralizaci¨®n de la LOCE y que acabaron en la petici¨®n al Tribunal Supremo de que anulara ese decreto. Esperanza Aguirre lleg¨® a manifestar hace algunos meses que, pasara lo que pasara, ella ten¨ªa intenci¨®n de dejar a los centros de la Comunidad de Madrid que aplicaran el pr¨®ximo curso algunas medidas de la LOCE, como la separaci¨®n de los alumnos en itinerarios en 3? de ESO.

El inter¨¦s de los alumnos

Sin embargo, Aguirre, como el resto de las comunidades en las que gobierna el PP, consultaron al Consejo de Estado en un intento de confirmar su teor¨ªa de la "ilegalidad" de la paralizaci¨®n. Este ¨®rgano la consider¨® perfectamente legal (lo hac¨ªa por segunda vez, ya que el Gobierno le hab¨ªa consultado antes de aprobar el decreto), pero adem¨¢s a?adi¨® la conveniencia de que no se distorsionase la igualdad del sistema en toda Espa?a con la aplicaci¨®n parcial de lo paralizado, puesto que tal cosa podr¨ªa perjudicar a los alumnos, argument¨® el Consejo de Estado.

Sin embargo, el PP no desisti¨® y recurri¨® al Supremo. ?ste se ha manifestado de forma tajante en la misma l¨ªnea, dejando clara tanto la "constitucionalidad" de la medida adoptada por el Ejecutivo de Zapatero como la obligaci¨®n de las comunidades aut¨®nomas a seguirla: "Ambos reales decretos

[el de calendario aprobado por el Gobierno del PP y el aprobado ahora por el PSOE] fueron aprobados al amparo de lo dispuesto en el art¨ªculo 149 de la Constituci¨®n y de las habilitaciones conferidas al Gobierno, reales decretos que tienen el car¨¢cter de norma b¨¢sica, de obligado respeto por las comunidades aut¨®nomas, en cuyo marco deben moverse la legislaci¨®n y la ejecuci¨®n auton¨®micas", se?ala la resoluci¨®n.

Sobre el perjuicio que a juicio de las comunidades del PP tiene la paralizaci¨®n de la aplicaci¨®n de la LOCE para el inter¨¦s general (el principal argumento que utiliza el PP para solicitar la suspensi¨®n de ese paro), el Supremo tambi¨¦n es firme: "Precisamente, la suspensi¨®n de la efectividad del real decreto recurrido ser¨¢ lo que ocasionar¨ªa aquella perturbaci¨®n, cuando el real decreto debe ser aplicado a todas las comunidades aut¨®nomas con car¨¢cter general, toda vez que la aplicaci¨®n en unas y no en otras, causar¨ªa perjuicios al sistema educativo y a sus usuarios".

El subsecretario del Ministerio de Educaci¨®n, Fernando Gurrea explica que "el auto del Supremo es claro y contundente, no deja dudas sobre la invalidez de las quejas del PP, que eran b¨¢sicamente la retroactividad del real decreto aprobado por el Gobierno, la supuesta derogaci¨®n de disposiciones de las comunidades aut¨®nomas y la alarma social".

Gurrea a?ade que al haber pedido al Supremo las comunidades gobernadas por el PP que se pronuncie sobre si se deber¨ªa adoptar la medida cautelar de suspender el decreto, "ya le est¨¢ abocando a que se manifieste sobre el fondo del asunto" y, por lo tanto, sobre su postura respecto al fallo definitivo del recurso que inclu¨ªa esta medida cautelar.