Rebajada la pena a tres reos de estafa porque el juicio se ha demorado 17 a?os

La Audiencia de Madrid ha condenado a penas de s¨®lo seis meses o un a?o de c¨¢rcel a tres empresarios de la construcci¨®n acusados de una estafa ocurrida en 1986 y cifrada en m¨¢s de un mill¨®n de euros (cerca de 200 millones de las antiguas pesetas). Lo m¨¢s llamativo de esta sentencia es que el tribunal ha rebajado sustancialmente las penas que ped¨ªa el fiscal para los tres acusados, y lo ha hecho "por dilaciones indebidas del proceso": el fiscal reclamaba para dos de los reos sendas penas de seis a?os de c¨¢rcel (12 a?os en total para cada uno), y otra pena de dos a?os de prisi¨®n para el tercer acusado. Finalmente, a dos de los empresarios se les ha quedado la condena en dos penas de seis meses -un a?o para cada uno-, y al tercero, en seis meses.

Aunque el tribunal se?ala que la dilaci¨®n del proceso se debe a los muchos recursos planteados por las partes y a las inhibiciones de unos juzgados en otros para que tramitasen el asunto, tambi¨¦n indica que la gran demora no es atribuible a los acusados.

Por ello, ha decidido aplicar la atenuante por "dilaciones indebidas". La dilaci¨®n, desde que se inici¨® la investigaci¨®n en el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 10 y hasta que el asunto ha terminado con el juicio y la sentencia, ha sido de casi 17 a?os, ya que las pesquisas se iniciaron en 1987. La estafa afect¨® a 17 personas.

Los dos condenados a un a?o de c¨¢rcel cada uno -el fiscal ped¨ªa para ellos 12 a?os- son Benito del Peral P¨¦rez, de 49 a?os, y Jos¨¦ Antonio Hern¨¢ndez Garc¨ªa, de 56; el tercer condenado, a seis meses de prisi¨®n, es Jes¨²s Rom¨¢n Romero. Los dos primeros deber¨¢n indemnizar, adem¨¢s, con 944.417 euros a 13 de los afectados, mientras que a otros cuatro deber¨¢n abonarles las cantidades que se establezcan en ejecuci¨®n de sentencia.

La estafa es compleja. Detalla el tribunal que Hern¨¢ndez Garc¨ªa constituy¨®, junto a otras personas, la Inmobiliaria Habana 137, SA el 23 de septiembre de 1985 y que, posteriormente, se hizo con todas las acciones y cedi¨® el 90% de ellas al tambi¨¦n acusado Benito del Peral.

A?aden los jueces de la Audiencia que otras dos personas no acusadas en este proceso -Antonio Jos¨¦ Jim¨¦nez y Juan Manuel Mu?oz- compraron en noviembre de ese a?o 1985 un terreno en Collado Villalba y contrataron la urbanizaci¨®n y ejecuci¨®n de obras en el mismo con la empresa Laing. En junio de 1987, ambas personas vendieron los terrenos a otra entidad "y entregaron [a ¨¦sta] diversos contratos en blanco de la futura venta de los locales" que se iban a construir. Con esos contratos quer¨ªan "hacer frente a las obligaciones [dinerarias] que hab¨ªan adquirido" respecto a la sociedad que les vendi¨® el suelo y a la constructora que iba a hacer las obras.

Muchos de esos contratos en blanco llegaron, "en condiciones no aclaradas", a manos de los acusados, que los entregaron a proveedores de su negocio y de otras empresas de suministro que trabajaban para ellos, y con las que ten¨ªan [supuestas] deudas pendientes. Entiende el tribunal que todo este trapicheo fue "una argucia" de los dos principales inculpados para apropiarse de dinero ajeno y "enriquecerse".

Los magistrados atribuyen, adem¨¢s, a Hern¨¢ndez Garc¨ªa y Peral P¨¦rez la venta de inmuebles en una urbanizaci¨®n de Villaviciosa sobre los que exist¨ªan hipotecas. Y a Jes¨²s Rom¨¢n, el tercer acusado, el haber obtenido 120.202 euros de dos afectados en calidad de pr¨¦stamo con garant¨ªa hipotecaria por un "inexistente bloque". A los tres acusados el tribunal les aplica la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas por los a?os trascurridos. La Audiencia ha optado por rebajarles la pena y descarta otras opciones para reparar "las lesiones" que esta demora de 17 a?os ha supuesto a los acusados.

En la actualidad se celebra en la Audiencia otro juicio, el de la promotora Promocisa, en el que hay 1.500 afectados. Se trata de un caso de hace casi 27 a?os.