Una decisi¨®n in¨¦dita con dif¨ªcil marcha atr¨¢s

La decisi¨®n de trasladar la sede de un organismo estatal desde la capital a otra ciudad es in¨¦dita en Espa?a. Por eso, los expertos no se ponen de acuerdo sobre las posibles v¨ªas para evitar esa mudanza.

En primer lugar, cualquier recurso depender¨¢ de la f¨®rmula jur¨ªdica en que se implemente el traslado. Si el Gobierno opta por el real decreto, cualquier interesado puede presentar un recurso ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Ahora bien, si opta por el decreto ley, cabr¨ªa un recurso ante el Tribunal Constitucional, seg¨²n se?ala Nicol¨¢s Gonz¨¢lez-Deleito, socio del bufete Cuatrecasas.

No obstante, este experto considera que la decisi¨®n es "coherente" y "razonable" y persigue favorecer "la cohesi¨®n del Estado", con un af¨¢n descentralizador como ya sucede en otros pa¨ªses como Alemania. Por eso entiende que ser¨ªa dif¨ªcil que prosperase un recurso, salvo que, como en el caso del Consejo de Estado, se fijara por ley la sede de la instituci¨®n, extremo que no sucede en la CMT.

Por su parte, Jaime Folguera, de Ur¨ªa & Men¨¦ndez Abogados, tambi¨¦n entiende que es complicado apelar al precepto de capitalidad del Estado para impugnar la decisi¨®n ante el Constitucional, porque la CMT no pertenece a la Administraci¨®n General del Estado.

Folguera apunta tambi¨¦n a la v¨ªa laboral. Los trabajadores fijos de la CMT no son funcionarios, y tienen una relaci¨®n laboral contractual, aunque ganaran su plaza mediante concurso-oposici¨®n. El traslado de una empresa cuando afecta a la totalidad de la plantilla precisa de la autorizaci¨®n del Ministerio de Trabajo, con un procedimiento similar al del expediente de regulaci¨®n de empleo.

La CMT es el m¨¢ximo organismo regulador del sector de las telecomunicaciones. Fue creada hace siete a?os tras la ruptura del monopolio de Telef¨®nica y la aparici¨®n de la competencia. Entre sus funciones est¨¢ el establecimiento y supervisi¨®n de las obligaciones de los operadores de telecomunicaciones, la resoluci¨®n de los conflictos entre ellos y el fomento de la competencia en el mercado audiovisual. Aunque depende org¨¢nicamente del Ministerio de Industria, su funcionamiento es independiente y, de hecho, se ha opuesto a decisiones adoptadas por el Ejecutivo.

Tanto su presidente, en la actualidad Carlos Bustelo, como los miembros del consejo son elegidos por seis a?os por el Gobierno, aunque mediante un pacto t¨¢cito entre los grupos parlamentarios, y no pueden ser destituidos durante su mandato. Su plantilla est¨¢ integrada por 123 empleados fijos, 9 en pr¨¢cticas, 14 becarios y 35 que hacen trabajos externos, a los que hay que sumar los 10 miembros del consejo, el m¨¢ximo ¨®rgano de poder.