La fiscal¨ªa mexicana recurrir¨¢ la decisi¨®n de no detener a Echeverr¨ªa

La Fiscal¨ªa Especial que investiga los cr¨ªmenes y desapariciones de activistas pol¨ªticos entre 1960 y 1980 en M¨¦xico apelar¨¢ en el plazo de tres d¨ªas ante la Suprema Corte de Justicia la decisi¨®n de un juez que ha rechazado la detenci¨®n del ex presidente Luis Echeverr¨ªa (1970-1976) y varios colaboradores, acusados de genocidio por una matanza de estudiantes en 1971. El juez sostiene que no hubo genocidio y que los delitos cometidos han prescrito.

Los mexicanos han se?alado a Luis Echeverr¨ªa como culpable desde hace d¨¦cadas. Para muchos, la historia le juzg¨® y lo encontr¨® culpable de la matanza del 10 de junio de 1971, incluso de haber iniciado la guerra sucia en M¨¦xico. Pero el ex presidente ha escapado en primera instancia a la acci¨®n de la justicia. Un juez federal no encontr¨® elementos suficientes para ponerlo en el banquillo de los acusados.

Al mediod¨ªa del s¨¢bado, el juez C¨¦sar Flores despej¨® la expectativa creada en los ¨²ltimos meses de ver a Echeverr¨ªa; a su ministro de Gobernaci¨®n, Mario Moya Palencia; a su procurador de Justicia, Julio S¨¢nchez Varas, as¨ª como a militares que participaron en la represi¨®n violenta deld¨ªa del Corpus, en el banquillo de los acusados. Flores decidi¨® no ordenar la detenci¨®n del ex presidente. A su juicio, no hubo genocidio, sino homicidios cualificados, lesiones, obstrucci¨®n a la justicia y abuso de autoridad. Y esos delitos han prescrito.

La defensa de Echeverr¨ªa sosten¨ªa que el ex mandatario no podr¨ªa ser enjuiciado por el cargo de genocidio, pues ese delito se habr¨ªa cometido hace 33 a?os y estar¨ªa prescrito, aunque M¨¦xico firm¨® sin reserva alguna el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol¨ªticos, que establece que el delito de genocidio es imprescriptible.

En junio de 1971, el cuerpo paramilitar de Los Halcones -entrenado y armado por el Gobierno- puso fin con disparos y golpes a "la marcha por la libertad", con un saldo de decenas de muertos, heridos y detenidos.

Echeverr¨ªa acus¨® de la acci¨®n criminal a otras autoridades, a sus subalternos que le obedec¨ªan fielmente, pues entonces se dec¨ªa que "no se mov¨ªa una hoja si no lo ordenaba el se?or presidente".

La manifestaci¨®n del d¨ªa del Corpus era la primera de corte pol¨ªtico y protesta que se realizaba en M¨¦xico despu¨¦s de la matanza de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968, cuando Echeverr¨ªa era ministro de Gobernaci¨®n del entonces presidente Gustavo D¨ªaz Ordaz. ?sa es otra asignatura pendiente de la justicia mexicana en el negro historial de la "guerra sucia".

Sobre como queda el Gobierno de Fox (del Partido Acci¨®n Nacional), ante las versiones de un supuesto pacto entre la presidencia y el PRI, dijo que "algo va a quedar en el ambiente, va a flotar en el ambiente pol¨ªtico la posibilidad de un acuerdo con el PRI en ese sentido; pero yo espero que prevalezca el ¨¢nimo justiciero de los mexicanos, de los familiares de las v¨ªctimas del genocidio del 10 de julio de 1971 y que se pueda juzgar en los tribunales a los que cometieron esos atroces delitos".

El que ha recibido el impacto m¨¢s directo en primera instancia es Ignacio Carrillo Prieto, el fiscal encargado de los casos en que murieron asesinados decenas de estudiantes en 1971 y cientos en la represi¨®n sanguinaria de la guerrilla de los a?os setenta. Este abogado ha insistido en que Echeverr¨ªa puede y debe ser enjuiciado por el delito de genocidio.

Inconforme con el juez Flores, el fiscal prepara ya una apelaci¨®n, e incluso dijo que solicitar¨¢ al procurador General de la Rep¨²blica, Rafael Macedo de la Concha, que le pida a la Suprema Corte de Justicia de la Naci¨®n que resuelva definitivamente el caso.

El fiscal carg¨® con el peso de la derrota en la primera batalla, dijo que guarda absoluto respeto a la resoluci¨®n judicial, pero asegur¨® que no comparte los criterios y razonamientos aducidos por C¨¦sar Flores. El fiscal no explic¨® cu¨¢les fueron los motivos por los que el juez neg¨® las ¨®rdenes de aprehensi¨®n. Pero consider¨® que el magistrado "no analiz¨® en profundidad los planteamientos de la oficina del fiscal especial y no valor¨® adecuadamente todos y cada uno de los elementos de convicci¨®n aportados en los 14 tomos, que comprenden 9.382 hojas que integran la averiguaci¨®n previa correspondiente".