El Gobierno afirma que el 80% de los contratos de consultor¨ªa de CiU en 2003 eran opacos
El Ejecutivo remite al Tribunal de Cuentas el expediente contra ex altos cargos de FGC
El 80% de los contratos de consultor¨ªa y asistencia -inferiores a 30.000 euros- adjudicados por el Gobierno de CiU en 2003 se licitaron sin publicidad previa, seg¨²n avanz¨® ayer el Consell Executiu sobre la auditor¨ªa de gesti¨®n que se dar¨¢ a conocer en septiembre. Esa supuesta opacidad no pretende tener tanto consecuencias legales como ense?anzas sobre los d¨¦ficit de gesti¨®n, seg¨²n especific¨® el consejero portavoz, Joaquim Nadal.
El Gobierno de Pasqual Maragall no quiere practicar la t¨¢ctica del calamar, de echar tinta hacia el pasado para impulsarse hacia el futuro, afirm¨® ayer un alto cargo del Ejecutivo. Minutos despu¨¦s el consejero portavoz lanz¨® la acusaci¨®n de opacidad nada menos que sobre el 80% de los contratos de CiU del a?o pasado y no ofreci¨® ni una sola cifra m¨¢s al respecto. Por la noche llegar¨ªan los matices. No se trataba del 80% de la totalidad de contratos, sino de aquellos correspondientes a concursos p¨²blicos de consultor¨ªa y asistencia, inferiores a 30.000 euros. Se trata de contratos negociados sobre los que ni Nadal ni el Gobierno ofrecieron una cifra global. La adjudicaci¨®n sin publicidad es una f¨®rmula legal que la legislaci¨®n reserva para casos de urgencias.
"Se han detectado, sobre todo, muchas inercias, falta de flexibilidad fruto del paso del tiempo y alg¨²n d¨¦ficit de transparencia en el ¨¢mbito de la contrataci¨®n p¨²blica como consecuencia del hecho de que m¨¢s del 80% de los contratos se han realizado sin la publicidad correspondiente, una f¨®rmula legal que la legislaci¨®n atribuye a circunstancias excepcionales", subray¨® el consejero portavoz antes de que el Gobierno le corrigiera.
La auditor¨ªa econ¨®mica y financiera publicitada en mayo por el tripartito sobre el ¨²ltimo a?o de Gobierno de CiU, el 2003, hizo aflorar un d¨¦ficit de 1.177 millones de d¨¦ficit.
El jefe de filas de Converg¨¨ncia i Uni¨®, Artur Mas, sali¨® al paso de las acusaciones de opacidad afirmando que se trata de "cortinas de humo". Hasta ahora, el Ejecutivo catal¨¢n ha facilitado un resumen de 20 folios de la auditor¨ªa sobre la situaci¨®n econ¨®mica y financiera de la Generalitat, un escaso 10% de los m¨¢s de 200 folios de que consta el citado informe.
Esta auditor¨ªa, junto a la de gesti¨®n que se presentar¨¢ en septimbre, da cumplimiento a los acuerdos del Tinell, suscritos el 14 de diciembre pasado por el PSC, ERC e ICV-EUiA. El Pacto por un Gobierno Catalanista y de Izquierdas compromete a los firmantes a "proporcionar y facilitar el acceso a la informaci¨®n de auditor¨ªas, inspecciones, estudios o similares sobre presuntas irregularidades de la pasada legislatura", se afirma en el apartado 9 del anexo al pacto.
Al Gobierno catal¨¢n se le acumula el trabajo, pues antes de finalizar el a?o el Parlament deber¨¢ estar informado sobre todos los asuntos "objeto de procedimiento judicial o de petici¨®n de creaci¨®n de comisi¨®n de investigaci¨®n durante la pasada legislatur, as¨ª como de la tramitaci¨®n de todas las concesiones y de sus pr¨®rrogas otorgadas en los ¨²ltimos dos a?os, mediante los procedimientos y auditor¨ªas oportunas", se asegura en el pacto de tripartito.
El Gobierno catal¨¢n dio ayer un primer paso en el cumplimiento de tanto compromiso como tiene acumulado ante la sociedad catalana: el gabinete remitir¨¢ antes de fin de a?o un proyecto de ley que reforme la Sindicatura de Cuentas y le d¨¦ facultades de gesti¨®n para la luchar eficazmente contra la corrupci¨®n. As¨ª lo notific¨® ante la prensa Joaquim Nadal, quien dio cuenta de otra medida importante: el Ejecutivo catal¨¢n ha remitido al Tribunal de Cuentas el expediente de responsabilidad contable incoado contra una docena de ex altos cargos de la empresa p¨²blica Ferrocarriles de la Generalitat de Catalu?a (FGC) sobre la liquidaci¨®n de un fondo de fidelizaci¨®n que se repartieron en 2000 y 2001 y los contratos blindados de sus ex directivos. La Generalitat quiere que sea el Tribunal de Cuentas el que dirima si existi¨® o no malversaci¨®n de fondos, m¨¢s all¨¢ de las responsabilidades administrativas.
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