Expulsi¨®n en entredicho

El Tribunal Supremo ha vuelto a poner en entredicho otro aspecto de la prolija y precipitada legislaci¨®n sobre extranjer¨ªa desarrollada en la anterior legislatura. Se trata de la aplicaci¨®n autom¨¢tica por los jueces de la orden de expulsi¨®n de los extranjeros condenados a penas inferiores a seis a?os de prisi¨®n como alternativa obligada al cumplimiento de su condena. Hace poco m¨¢s de un a?o, el Supremo anul¨® importantes disposiciones del reglamento de la Ley de Extranjer¨ªa porque, en lugar de limitarse a desarrollar dicha ley, pretend¨ªan erigirse en una nueva normativa sobre la materia, eludiendo el debate en el Parlamento. Y algunos meses depu¨¦s dejaba sin efecto un acuerdo que convert¨ªa al contingente anual en la ¨²nica v¨ªa legal para lograr el permiso de trabajo, dejando fuera a los inmigrantes irregulares que viven en Espa?a y tienen una oferta firme de trabajo en otros sectores.

La expulsi¨®n judicial de extranjeros como medida sustitutiva de su condena ten¨ªa por objeto cortar de ra¨ªz la costumbre atribuida a los inmigrantes sin papeles de cometer delitos menores en Espa?a para eludir su expulsi¨®n administrativa. El Supremo sugiere que esa medida es inconstitucional y que s¨®lo puede ser legalmente viable si se le da la vuelta: que la expulsi¨®n judicial sea una excepci¨®n frente a la regla general del cumplimiento de las penas de prisi¨®n y que, de llevarse a cabo, se d¨¦ tr¨¢mite de audiencia al penado y se motive la decisi¨®n.

Es evidente que, a partir de esta sentencia, la medida de expulsi¨®n deber¨¢ ser aplicada por los jueces de acuerdo con los criterios fijados por el Supremo, aunque mejor ser¨ªa, en aras de la seguridad jur¨ªdica, que se procediera a la modificaci¨®n legislativa del correspondiente precepto de C¨®digo Penal. Es justamente lo que se propone el Gobierno con su intenci¨®n de derogar el art¨ªculo 89, que hoy confirma en este peri¨®dico la secretaria de Estado de Inmigraci¨®n. No es, desde luego, el ¨²nico punto que muestra la endeblez jur¨ªdica de la actual legislaci¨®n sobre extranjer¨ªa, reformada una y otra vez en los ¨²ltimos a?os, y que no ha impedido que hoy haya en Espa?a m¨¢s inmigrantes irregulares que nunca.

En su labor de cambio y mejora de algunos mecanismos de esa legislaci¨®n, el Gobierno debe tambi¨¦n buscar una salida legal a aquellos inmigrantes irregulares que tienen una vinculaci¨®n real al mercado laboral y cuya situaci¨®n, en opini¨®n del Consejo Econ¨®mico y Social, justificar¨ªa una respuesta de la Administraci¨®n caso por caso a los efectos de otorgarles permisos de trabajo y de residencia temporal. Esa medida contribuir¨ªa a paliar la injusta situaci¨®n en que se encuentran no pocos de los hijos de inmigrantes sin papeles, impedidos ahora de seguir sus estudios de bachillerato y de formaci¨®n profesional precisamente porque sus padres carecen de tales permisos.