El juez del 'caso Bar¨®n' investiga un supuesto delito de apropiaci¨®n indebida

El juez que instruye el caso Bar¨®n, la supuesta malversaci¨®n de fondos y acoso laboral a un comisario de la Polic¨ªa por parte del jefe superior de Polic¨ªa del Pa¨ªs Vasco, Enrique Bar¨®n, est¨¢ acotando al m¨¢ximo uno de los delitos denunciados. En concreto, el que est¨¢ relacionado con los fondos de la residencia que tiene el Cuerpo Nacional de Polic¨ªa en Basauri (Vizcaya). La denuncia contra Bar¨®n fue presentada en marzo pasado por un comisario de polic¨ªa por los supuestos delitos de mobbing y de malversaci¨®n de fondos. El denunciante lleva destinado en Euskadi desde hace casi 40 a?os y ahora se encuentra de baja, aunque acaba de solicitar el reingreso a su puesto de trabajo.

En un auto del titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 8 de Bilbao del pasado 16 de julio, el juez instructor se?ala que "las cuotas aportadas por los funcionarios residentes en la Residencia de Basauri tienen consideraci¨®n de ingresos privados, por lo que si se ha producido alguna desviaci¨®n de fondos el hecho no podr¨ªa integrar, por razones obvias, un delito de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos, sino, quiz¨¢, de apropiaci¨®n indebida". Y, para acotar m¨¢s la responsabilidad del delito investigado, el instructor apunta en el citado auto, al que ha tenido acceso este peri¨®dico, que en caso de tratarse de un delito de apropiaci¨®n indebida "s¨®lo las personas con disposici¨®n sobre los fondos podr¨ªan perpetrar el delito".

El auto del juez encargado del caso supone el arranque real de la investigaci¨®n judicial, despu¨¦s de haber tomado declaraci¨®n al denunciante, el pasado 27 de mayo, y al denunciado, el pasado 25 de junio. El titular del Juzgado de Instrucci¨®n numero 8 de Bilbao imput¨® ese d¨ªa a Bar¨®n por tres delitos: trato vejatorio, coacciones y malversaci¨®n de fondos. Bar¨®n neg¨® ante el juez todas las acusaciones y aport¨® numerosa documentaci¨®n para fundamentar su declaraci¨®n judicial y su defensa ante una denuncia que considera producto de "la imaginaci¨®n" del comisario y de la "venganza". Varios sindicatos, salvo la central mayoritaria, SUP, denunciaron el "linchamiento p¨²blico" del jefe superior de Polic¨ªa de Euskadi y criticaron al comisario denunciante. El comisario prefiere guardar silencio y dejar que la denuncia siga su tramitaci¨®n en el juzgado bilba¨ªno.

Al margen de las cr¨ªticas p¨²blicas cruzadas por este caso, el juez ha trazado ya un plan de trabajo para esclarecer si realmente Bar¨®n es responsables de alg¨²n delito de los que ha sido imputado judicialmente.

Entre las pruebas documentales y testificales ordenadas por el juez para aclarar los movimientos de los fondos en la residencia de Basauri est¨¢ la petici¨®n a la Direcci¨®n General de la Polic¨ªa para que aporte los "expedientes de investigaci¨®n por irregularidades en las cuentas de dicha residencia" que pudiera haber incoado desde 1999 hasta la actualidad y, "en su caso", el "resultado final de la investigaci¨®n". El juez ha pedido que se acredite la entrega de las liquidaciones anuales de la cuentas de la residencia de Basauri y "si en alg¨²n ejercicio se opusieron excepciones o reparos a dichas cuentas". Y ha oficiado a la BBK, en donde est¨¢n las cuentas de la residencia, para que certifique qui¨¦nes han sido los titulares autorizados desde su apertura.

A falta de esa informaci¨®n, en una valoraci¨®n preliminar, el juez considera que la auditor¨ªa presentada por Bar¨®n "no ofrece indicios de haberse producido el hecho de desviaciones de fondos o de uso irregular de los mismos". De hecho, el juez ha denegado algunas de las pruebas solicitadas por la acusaci¨®n particular en relaci¨®n con la residencia de Basauri. Entre ellas, la petici¨®n de los extractos de las cuentas bancarias en las que se hacen los ingresos de las cuotas que pagan los polic¨ªas por el uso de la residencia o de los libros contables de la residencia y las facturas justificativas de cada uno de los asientos, ingresos y gastos.

El instructor considera "prematuro practicar diligencias de investigaci¨®n de hechos cuando no se han acumulado en autos los suficientes indicios de criminalidad, respecto de ellos, en relaci¨®n con el se?or Bar¨®n". Pero, tampoco descarta practicarla en su momento, si de las diligencias aceptadas saliera alg¨²n indicio para ello. En total, el juez ha denegado la pr¨¢ctica de nueve pruebas documentales solicitadas por la acusaci¨®n particular, algunas por prematuras o por no tener "especial relevancia" para el esclarecimiento de la denuncia, a juicio del magistrado instructor.

Citaci¨®n de D¨ªaz Pintado

Sin embargo, el instructor tiene intenci¨®n de citar a varias personas en relaci¨®n con las supuestas pr¨¢cticas de acoso laboral denunciadas por el comisario en su declaraci¨®n. Entre ellos pasar¨¢n por el juzgado el inspector regional de Servicios durante el mes de febrero de 2000, el jefe de secci¨®n que pudo ser testigo de una conversaci¨®n que tuvo lugar el 25 de junio de 2002 en la que, seg¨²n el denunciante, se le hab¨ªa ordenado que desalojara su despacho de secretario general y que dejara el uniforme, "el armamento y cualquier efecto".

El juez quiere llamar a declarar tambi¨¦n a responsables del SUP y del SPP, al delegado de la secci¨®n de inform¨¢tica de la Jefatura bilba¨ªna y al jefe de la secci¨®n de Personal y Formaci¨®n de la citada jefatura. Una de las personas que prestar¨¢ declaraci¨®n en calidad de testigo ser¨¢ el anterior subdirector general operativo de la Polic¨ªa, Pedro D¨ªaz Pintado. Finalmente, el magistrado ha autorizado un reconocimiento ps¨ªquico del denunciante.