El Poder Judicial estudia el amparo a un polic¨ªa frente a un juez de C¨¢diz
La Comisi¨®n Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudiar¨¢ hoy una solicitud de amparo del comisario jefe de Sanl¨²car de Barrameda (C¨¢diz), frente al juez n¨²mero 3 de El Puerto de Santa Mar¨ªa, Miguel ?ngel L¨®pez Marchena, instructor de la Operaci¨®n Manzanilla y de la Operaci¨®n Estela contra el narcotr¨¢fico, a quien el comisario ha denunciado ante la fiscal¨ªa por supuestos delitos de calumnia, prevaricaci¨®n y denuncias falsas.
Fuentes del CGPJ anticiparon que la ley no prev¨¦ que el Poder Judicial ampare a un polic¨ªa, sino a los jueces que se sientan perturbados en su independencia, por lo que en principio no atender¨¢ la solicitud.
La petici¨®n del comisario es el ¨²ltimo episodio de la batalla que enfrenta al juez L¨®pez Marchena, conocido en algunos ambientes como El Garz¨®n de C¨¢diz, con polic¨ªas y fiscales de la provincia.
En junio de 2002, el juez imput¨® al entonces comisario de Sanl¨²car, Luis Castillo, y a nueve agentes de la comisar¨ªa por una presunta omisi¨®n de actuaciones contra conocidos narcotraficantes. El juez acus¨® despu¨¦s a los fiscales de C¨¢diz de entorpecer la investigaci¨®n y critic¨® la actuaci¨®n del fiscal jefe de C¨¢diz, Isidoro Hidalgo. El fiscal jefe, a su vez, pidi¨® la nulidad de la Operaci¨®n Estela en la que fueron detenidos 41 narcotraficantes por supuestas irregularidades en la instrucci¨®n.
La disputa acab¨® ante el Consejo del Poder Judicial, que en julio el pasado a?o archiv¨® un expediente contra el juez. La Fiscal¨ªa del Estado dictamin¨® que Hidalgo se hab¨ªa excedido al reclamar la nulidad de la instrucci¨®n judicial y la Audiencia Provincial mantuvo, si entrar en el fondo, la validez de la investigaci¨®n.
Por su parte, el juez L¨®pez Marchena se quej¨® el pasado mayo al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa de que la polic¨ªa hab¨ªa minimizado la importancia de las amenazas proferidas contra ¨¦l y su familia por parte de implicados en casos de narcotr¨¢fico. El magistrado a?adi¨® que a las amenazas contra ¨¦l se sucedieron las coacciones padecidas por un testigo protegido con la finalidad de que cambiase su testimonio.
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