Puerto y viviendas

El proyecto de un puerto exterior en A Coru?a ha producido un agrio debate entre el alcalde socialista, Francisco V¨¢zquez, respaldado por la Xunta, y el Ministerio de Fomento. Se discute tanto la viabilidad t¨¦cnica y la necesidad del proyecto (una promesa arrancada al abrigo de la marea negra del Prestige) como el sistema de financiaci¨®n previsto, que incluye la venta de terrenos p¨²blicos para la promoci¨®n inmobiliaria privada.

Los estudios realizados a lo largo de todo un a?o para determinar la viabilidad t¨¦cnica, econ¨®mica y urban¨ªstica de un proyecto que costar¨¢ m¨¢s de 600 millones de euros no profundizaron en un aspecto decisivo: la funcionalidad del nuevo puerto. Lo que deber¨ªa ser el estudio sobre la necesidad de las nuevas instalaciones se redujo a proclamas sobre la posibilidad de atraer m¨¢s tr¨¢fico de mercanc¨ªas o la conveniencia de trasladar a la nueva d¨¢rsena las descargas potencialmente peligrosas para la seguridad o el medio ambiente, como petr¨®leo y carb¨®n. Sin embargo, a menos de 10 millas est¨¢ el nuevo puerto exterior de Ferrol, casi finalizado y sin que haya todav¨ªa un plan de accesos y conexiones por carretera o ferrocarril. El argumento medioambiental contrasta con la construcci¨®n de una planta de gas en el interior de la r¨ªa ferrolana.

Respecto a la financiaci¨®n, el anterior equipo de Fomento, la alcald¨ªa y la Autoridad Portuaria planteaban recaudar el dinero sobre todo de los fondos de cohesi¨®n europeos (265 millones), de fondos propios del puerto coru?¨¦s (159 millones) y el resto, de la venta inmobiliaria de 430.000 metros cuadrados de suelo portuario y ferroviario. La Autoridad Portuaria ha dado ya los primeros pasos, licitando las obras sin tener asegurada la financiaci¨®n europea, ni la propia.

La ministra de Fomento, Magdalena ?lvarez, ha propuesto un nuevo aprovechamiento de los viejos terrenos portuarios, introduciendo en la negociaci¨®n al Ministerio de Vivienda, para destinar preferentemente esos terrenos a viviendas sociales. Los promotores de la operaci¨®n se oponen argumentando que de esta forma no les salen las cuentas. En principio, no todo terreno p¨²blico ha de destinarse a viviendas sociales. Pero lo habitual es que el aprovechamiento privado de terrenos p¨²blicos se realice en r¨¦gimen de concesi¨®n, salvaguardando la propiedad.

As¨ª las cosas, el Gobierno tendr¨¢ que decidir entre aceptar las condiciones fijadas por el anterior Gobierno, mantener su apuesta por las viviendas sociales (lo que implica aumentar su contribuci¨®n a la obra, que por ahora es de s¨®lo 45 millones) o analizar de nuevo, y desde un punto de vista global, la viabilidad del nuevo puerto coru?¨¦s. Esto ¨²ltimo parece lo m¨¢s sensato.