Caldera ofrece un pacto a los grupos para regularizar a inmigrantes con oferta de trabajo

Jes¨²s Caldera, ministro de Trabajo, acudir¨¢ hoy al Congreso de los Diputados para ofrecer un consenso a los grupos parlamentarios sobre la pol¨ªtica de inmigraci¨®n y la regularizaci¨®n -"normalizaci¨®n selectiva", seg¨²n el Gobierno- de aquellos inmigrantes residentes en Espa?a que presenten una oferta de trabajo en firme. Caldera reserva el Reglamento de Extranjer¨ªa, donde se detallar¨¢n los mecanismos para la obtenci¨®n de permisos hasta su discusi¨®n con los agentes sociales. En el Congreso, buscar¨¢ pulsar cu¨¢l es el com¨²n denominador de los partidos sobre la base que debe inspirarlo.

Este af¨¢n de consenso no ha impedido que el ministro, tras los ataques del PP a su gesti¨®n, acuda al debate pertrechado de datos y argumentos para intentar demostrar que el Gobierno de Aznar mantuvo un duro discurso oficial pero, de hecho, facilit¨® masivas regularizaciones encubiertas con requisitos m¨ªnimos.

La receta que ofrecer¨¢ hoy Caldera para arreglar el problema de los miles de inmigrantes sin papeles pasa por vincular su regularizaci¨®n a su inserci¨®n real y oficial en el mercado de trabajo y no a una mera "oferta de trabajo", como permit¨ªa el PP. La f¨®rmula para su concreci¨®n y el tiempo que se exija para su concesi¨®n son asuntos que, previsiblemente, no cerrar¨¢ hoy sino que se dilatar¨¢n hasta su debate con los grupos pol¨ªticos y los agentes sociales.

Papeles para todos

El ministro y el PSOE van preparados para intentar minar el discurso de ataque del PP a su pol¨ªtica de inmigraci¨®n. La reciente revisi¨®n de 100.000 expedientes para renovar el permiso de trabajo de extranjeros por el departamento que dirige Jes¨²s Caldera ha sido considerada como un "papeles para todos encubierto", en palabras de la diputada popular ?ngeles Mu?oz.

Sin embargo, seg¨²n el Gobierno, las mayores regularizaciones de extranjeros se han producido bajo mandato del PP y, en buena parte, mediante procedimientos o extraordinarios o con escasas exigencias. Desde que entr¨® en vigor la ley 7/1985, de derechos y libertades de los extranjeros en Espa?a, hasta la actualidad, se han realizado cuatro procesos de regularizaci¨®n de extranjeros en los a?os 1986, 1991-1992, 2000 y 2001.

Pero junto a estos procesos ordinarios, se han producido otros extraordinarios: en 1996 se aplic¨® el plan de "redocu-mentaci¨®n", que supuso la concesi¨®n de 21.294 permisos sobre 25.128; en 2001, se realiz¨® una operaci¨®n extraordinaria de documentaci¨®n de ciudadanos ecuatorianos (20.352 resoluciones positivas sobre 24.884 peticiones) y, ese mismo, a?o se volvieron a estudiar las resoluciones negativas del proceso de regularizaci¨®n de 2000 (36.103 concedidos sobre 57.616 reclamados). Tambi¨¦n en 2001, en virtud del "proceso de documentaci¨®n por arraigo", obtuvieron permiso de residencia otros 239.174 inmigrantes sobre 351.439 peticionarios. "En total, en dos a?os, 626.687 personas han obtenido autorizaci¨®n de residencia y/o trabajo en base a procesos extraordinarios de regularizaci¨®n", seg¨²n informes que maneja el PSOE.

"Las cifras se?alan de forma inequ¨ªvoca que, para la mayor parte de los ciudadanos extranjeros, la f¨®rmula de residir y trabajar en Espa?a ha consistido hasta el momento en llegar de forma irregular o utilizando visado de turista, permanecer en la irregularidad durante alg¨²n tiempo y obtener documentaci¨®n cuando ten¨ªa lugar un proceso de regularizaci¨®n o se convocaba un contingente de trabajadores", se?alan dichos informes.

Los criterios impartidos en junio de 2001 por el entonces delegado del Gobierno para la Extranjer¨ªa, Enrique Fern¨¢ndez-Miranda, dependiente del ministro del Interior, Mariano Rajoy, para incorporarse al proceso de regularizaci¨®n era que el inmigrante residiera en Espa?a antes de enero de dicho a?o. El Gobierno del PP consider¨® entonces probatorios elementos como un certificado m¨¦dico emitido en impreso oficial, a pesar de que la propia instrucci¨®n de Fern¨¢ndez-Miranda a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno advert¨ªa de su f¨¢cil falsificaci¨®n.

Los tratamientos m¨¦dicos o recetas se consideraban "una prueba m¨¢s a valorar en el conjunto del expediente". Tambi¨¦n ten¨ªan valor probatorio los certificados o informes emitidos por asociaciones, organizaciones no gubernamentales y sindicatos, "siempre que existiera constancia documental de que el solicitante hubiese participado en la realizaci¨®n de tales programas o actuaciones". El Ejecutivo del PP, a fin de probar el arraigo, admit¨ªa "los certificados bancarios de env¨ªo de dinero, contratos de suministro de luz, agua, etc.".

Incluso, se consideraba una prueba de arraigo un billete o tarjeta de embarque con destino a Espa?a. Tambi¨¦n el PP introdujo cuando gobernaba requisitos relacionados con la incorporaci¨®n "real o potencial al mercado de trabajo" para la regularizaci¨®n. Fern¨¢ndez-Miranda lo precis¨® as¨ª: "Una oferta de empleo". El Gobierno socialista exigir¨¢ una oferta en firme con alta previa en la Seguridad Social.