La Comunidad llevar¨¢ al Tribunal Constitucional la paralizaci¨®n de la Ley de Calidad de la Educaci¨®n
El Consejo de Ministros rechaz¨® ayer el requerimiento de incompetencia presentado por la Comunidad de Madrid a causa del real decreto por el que el Gobierno central (PSOE) paraliz¨® durante dos a?os la aplicaci¨®n de la Ley Org¨¢nica de Calidad de la Educaci¨®n (LOCE). Ahora, el Ejecutivo aut¨®nomo (PP) presentar¨¢ este mismo conflicto de competencias ante Tribunal Constitucional.
El Consejo de Ministros considera que el Gobierno del Estado tiene la competencia exclusiva en "regulaci¨®n de las condiciones de obtenci¨®n, expedici¨®n y homologaci¨®n de t¨ªtulos acad¨¦micos y profesionales y normas b¨¢sicas para el desarrollo del art¨ªculo 27 de la Constituci¨®n", lo que incluye la regulaci¨®n del calendario de aplicaci¨®n de la LOCE. El presidente del Gobierno, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, argument¨® que esta medida pretende "impulsar una nueva reforma educativa que goce del m¨¢ximo consenso posible", asegur¨®.
Sin embargo, el consejero de Educaci¨®n de la Comunidad de Madrid, Luis Peral, asegur¨® ayer que plantear¨¢ el conflicto ante el Tribunal Constitucional antes de que termine el mes. Considera que se ha producido "una desviaci¨®n de poder" al paralizar en la pr¨¢ctica mediante un real decreto la aplicaci¨®n de una ley org¨¢nica. Esta iniciativa "nos ha obligado a aplicar una normativa ya derogada", con lo que se ha creado un contexto de "inseguridad jur¨ªdica", asegur¨®. "El requerimiento ante el Consejo de Ministros era el paso previo", obligado, para realizar esta otra acci¨®n judicial, explic¨® Luis Peral.
Tanto el Gobierno central socialista como el Ejecutivo regional, del PP, respaldan su postura apoy¨¢ndose en diferentes sentencias anteriores del Tribunal Constitucional. Sin embargo, el Tribunal Supremo respald¨® el pasado mes de julio la decisi¨®n del equipo de Rodr¨ªguez Zapatero. La paralizaci¨®n de la LOCE "no puede objetarse ni en cuanto a su constitucionalidad ni en cuanto a su legalidad", respondi¨® el tribunal a las acusaciones de "ilegalidad" y de "ir en contra del inter¨¦s general" lanzadas por varios Gobiernos aut¨®nomos del PP, entre ellos, el de la Comunidad de Madrid.
"Resulta sorprendente que el Gobierno de Esperanza Aguirre [presidenta regional] quiera continuar con una batalla judicial que perdi¨® estrepitosamente en el mes de julio", declar¨® ayer Adolfo Navarro, diputado socialista en la Asamblea madrile?a, en referencia a la respuesta del Supremo. "Parece que pretende desviar la atenci¨®n sobre las necesidades que a¨²n no est¨¢n cubiertas dentro de la educaci¨®n madrile?a", a?adi¨®.
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