EE UU exige 230.000 millones a las tabacaleras por fraude y conspiraci¨®n

El Gobierno de EE UU se ha servido del mismo instrumento legal con el que proces¨® a la mafia para poner a las tabacaleras en el banquillo, la ley conocida como RICO (Racketeer-Influenced & Corrupt Organizations Act). Y al igual que en los juicios a las familias de la mafia, el argumento central se basa en una reuni¨®n en la que los jefes de las compa?¨ªas acordaron una "fraudulenta y enga?osa estrategia" del negocio de cara al futuro. La supuesta conspiraci¨®n ocurri¨® en el hotel Plaza de Nueva York en 1953.

De ese encuentro salieron las glamurosas campa?as publicitarias que extendieron la moda de fumar a la poblaci¨®n femenina y a los j¨®venes. Este ¨²ltimo sector era clave para el negocio del tabaco; el prop¨®sito seg¨²n la acusaci¨®n fiscal era crear una generaci¨®n de adictos que asegurara las ganancias en el futuro. El Gobierno federal sostiene que, desde entonces, todas las ganancias las han obtenido de forma fraudulenta. Piden por ello la suma de 280.000 millones en concepto de restituci¨®n, y no de indemnizaci¨®n como es el caso de otras demandas de individuos o colectivos que siguen pendientes de resoluci¨®n en los tribunales estadounidenses.

El Departamento de Justicia de EE UU ha ido acumulando pruebas desde hace cinco a?os, en parte derivadas del pleito que le ganaron a las tabacaleras m¨¢s de medio mill¨®n de fumadores enfermos del Estado de Florida hace dos a?os (que a¨²n est¨¢ en proceso de apelaciones). El voluminoso caso judicial que hoy se inicia ha generado ya 120 millones de documentos y unas 650 ¨®rdenes judiciales.

Fuentes de la defensa se?alan que una de las pruebas principales ser¨¢ la manipulaci¨®n de los niveles de nicotina y de sus efectos sobre la salud. Las tabacaleras negaron durante a?os el poder adictivo de la nicotina, a sabiendas de que lo era, e incluso promovieron los cigarrillos light como un suced¨¢neo menos da?ino, igualmente a sabiendas de que era tan peligroso como el tabaco normal.

Y siguen negando responsabilidades. En esta ocasi¨®n niegan haberse confabulado, tal y como mantiene el Gobierno federal, y en cambio acusan al Gobierno de distorsionar la historia para llevarlas a la bancarrota. Como defensa aducen que en los ¨²ltimos a?os han corregido los errores del pasado y han cumplido las ¨®rdenes impuestas por el juicio que perdieron en 1998 con 46 Estados, como parte del cual se comprometieron a ser "m¨¢s transparentes" y a pagar 250.000 millones de d¨®lares a plazos, a lo largo de 25 a?os.

William Ohlemeyer, abogado principal de Philip Morris, afirm¨® en una conferencia de prensa que, desde el acuerdo extrajudicial al que llegaron con los Estados, han estado tan estrechamente vigilados que hubiera sido imposible cometer fraude. Ohlemeyer subray¨® adem¨¢s que el haber dicho en el pasado que el "fumar no causa enfermedades" lo ¨²nico que implica es que "pudimos haber estado equivocados, lo cual no es prueba de que cometi¨¦ramos fraude". Las tabacaleras acusadas son: Philip Morris USA y su empresa matriz Altria Group, R.J. Reynolds Tobacco Company, Brown & Williamson Tobacco Corporation, Lorillard Tobacco Company, British American Tobacco, y el grupo Liggett.

El Gobierno federal present¨® originalmente la demanda en 1999, pero la juez del caso, Gladys Kessler, desestim¨® la parte en la que solicitaban compensaci¨®n por los gastos sanitarios derivados del tabaquismo (argumento con el que s¨ª hab¨ªan tenido ¨¦xito los 46 Estados que van a recobrar 250.000 millones). La demanda prosigui¨® s¨®lo con la parte referida a la restituci¨®n de las ganancias supuestamente fraudulentas.

La industria esperaba que la administraci¨®n de George W. Bush iba a ser m¨¢s benevolente e incluso llegaron a alardear de que retirar¨ªan la acusaci¨®n. Se equivocaron. El Departamento de Justicia ha destinado 135 millones de d¨®lares a investigar el caso. En total se presentar¨¢n unos 300 testigos, de las dos partes. Cada una tendr¨¢ tres meses desarrollar sus argumentos. El caso, ya complejo de por s¨ª, se complica a¨²n m¨¢s por una apelaci¨®n paralela de la que depender¨¢ la resoluci¨®n. El recurso presentado por las tabacaleras solicita la anulaci¨®n de la restituci¨®n de los 280.000 millones. Si fallan a su favor, el juicio que hoy comienza como m¨ªnimo se suspender¨ªa y casi con toda probabilidad los pleitos cruzados se dirimir¨ªan en el Tribunal Supremo.