La gran mayor¨ªa de los altos cargos judiciales se nombran sin consenso

La reforma legislativa que ayer inici¨® su tr¨¢mite parlamentario tiene como justificaci¨®n el uso hecho por la mayor¨ªa conservadora (11 de 21 miembros) del actual Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha eludido el consenso con la minor¨ªa progresista para los m¨¢s importantes nombramientos de altos cargos jurisdiccionales, en especial en el Tribunal Supremo y en los Tribunales Superiores de Justicia.

As¨ª lo estima el vicepresidente del Consejo, Fernando Salinas, quien califica ese uso como "abuso de los 10 vocales propuestos por el PP m¨¢s el presidente". Salinas considera que frente a esa situaci¨®n de abuso, "si no se busca el acuerdo de forma voluntaria, hay que forzar a negociar".

La minor¨ªa cree que el riesgo de que decenas de cargos sean copados ha anticipado la reforma

A diferencia de anteriores Consejos, incluso de mayor¨ªa conservadora, el actual ha impuesto un predominio de los candidatos de la misma tendencia que los progresistas consideran insoportable.

Salinas, por ejemplo, admite que la preferencia de magistrados conservadores, dada su mayor¨ªa en la carrera judicial, se produjera en una proporci¨®n de seis a cuatro, pero no de 11 magistrados conservadores por cinco progresistas, como ha llegado a ocurrir en el Tribunal Supremo.

El vicepresidente del Consejo considera que "la necesidad de consenso, establecida a partir del nuevo sistema de nombramiento de los actuales vocales del Consejo, como fruto del Pacto de Estado sobre la Justicia, ser¨¢ ¨²til para este Consejo y para los que le sucedan, como ocurri¨® en el pasado, cuando hubo que elegir por mayor¨ªa de tres quintos a los magistrados del Tribunal Constitucional o al propio presidente y vicepresidente del Consejo, ¨²nicos cargos que requieren mayor¨ªa cualificada".

La minor¨ªa progresista ha tenido que hacer autocr¨ªtica durante estos primeros a?os de mandato, ya que acept¨® elegir por unanimidad al actual presidente, Francisco Jos¨¦ Hernando Santiago, en el convencimiento de que, de conformidad con el Pacto de Estado sobre la Justicia, su presidencia iba a concitar el consenso, la mediaci¨®n y el di¨¢logo en el seno del CGPJ, en lugar de "patrocinar de manera protagonista la pol¨ªtica de mera imposici¨®n de los 10 vocales nombrados a propuesta del Partido Popular que viene caracterizando la pr¨¢ctica de los nombramientos del Consejo".

Otras fuentes judiciales recuerdan que s¨®lo gracias al consenso pudo ser designado para la Sala Penal del Supremo, durante el Consejo de mayor¨ªa conservadora, presidido por Javier Delgado, un magistrado molesto para el poder Ejecutivo, de cualquier signo, como Perfecto Andr¨¦s Ib¨¢?ez.

Frente al riesgo de que la exigencia de consenso retrase algunos nombramientos y provoque que contin¨²en vacantes importantes cargos jurisdiccionales, Salinas estima que "hasta ahora, aunque se tarde un poco, los escasos nombramientos que requieren consenso, terminan nombr¨¢ndose y al final el retraso compensa, a cambio de que se produzcan unos nombramientos judiciales que conserven la proporcionalidad respecto a las tendencias de la carrera judicial".

La exigencia de consenso en el CGPJ para los nombramientos de cargos judiciales propiciar¨¢ tambi¨¦n, seg¨²n otro vocal de la minor¨ªa progresista, Javier Mart¨ªnez L¨¢zaro, el establecimiento de un calendario de relevos global, que permita establecer un acuerdo que abarque un espacio temporal amplio, siempre que el pacto se cumpla conforme se vayan produciendo los nombramientos concretos.

En cambio, en la situaci¨®n actual, seg¨²n este vocal, los nombramientos se han ido presentando al pleno conforme se iban produciendo las vacantes y sin que el pacto abarcara un importante n¨²mero de cargos, sino s¨®lo los que corresponde en ese momento designar. Una necesidad de consenso permitir¨¢ una programaci¨®n de las necesidades de cobertura de puestos y una planificaci¨®n mayor para tratar de encontrar el juez apropiado a cada puesto judicial.

Desde el actual Gobierno, igual que desde el PSOE y la minor¨ªa progresista del Consejo, se reconoce que "la prisa de la reforma viene por la pr¨®xima renovaci¨®n de los presidentes de las salas de lo Civil, de lo Penal y de lo Social del Tribunal Supremo, as¨ª como por la gran cantidad de magistrados del Supremo que se jubilar¨¢n a principios de enero de 2005".

El riesgo de que esas decenas de importantes magistrados sean copados por el sector conservador de la judicatura ha hecho que se anticipe la reforma, a f¨ªn de que se atempere la presencia mayoritaria de jueces conservadores con "la realidad del pluralismo de la carrera judicial y tambi¨¦n del pluralismo de la sociedad espa?ola", en palabras del ministro de Justicia, Juan Fernando L¨®pez Aguilar.

En la proposici¨®n de ley a la que se dio ayer v¨ªa libre por el Congreso de los Diputados se trata de paliar tambi¨¦n la situaci¨®n de los magistrados del Supremo, que se jubilar¨¢n a partir del pr¨®ximo mes de enero, mediante su continuidad como em¨¦ritos, f¨®rmula que no es bien vista desde la carrera judicial, del mismo modo que la proyectada ampliaci¨®n de la edad de jubilaci¨®n, actualmente fijada en 70 a?os, hasta los 72, que finalmente no ha prosperado.