IU propone la incompatibilidad "total" entre la pol¨ªtica y la actividad inmobiliaria, junto a sanciones econ¨®micas
Izquierda Unida propuso ayer evitar por ley cualquier relaci¨®n entre las actividades pol¨ªtica e inmobiliaria y que las infracciones se castiguen con sanciones econ¨®micas. Esta es una de las medidas estrellas del cat¨¢logo que ha elaborado el grupo parlamentario para la mesa de negociaci¨®n de impulso democr¨¢tico, abierta a iniciativa del presidente de la Junta, Manuel Chaves. En conferencia de prensa, el coordinador de la federaci¨®n y la portavoz, Diego Valderas y Concha Caballero, se?alaron que su intenci¨®n es que las reformas sobre las garant¨ªas democr¨¢ticas, cuyo calendario y agenda quedar¨¢n fijados el lunes, sirvan para que las fuerzas pol¨ªticas "ganen confianza social".
Valderas y Caballero llamaron la atenci¨®n sobre el paquete destinado a vigilar la especulaci¨®n inmobiliaria y la informaci¨®n privilegiada. "Hay que penalizar todo lo relativo al ladrillo", dijo Caballero, quien explic¨® que la actual Ley de Incompatibilidades no contempla sanciones econ¨®micas para el que la incumpla, por lo que, a la postre, "no sirve de nada". "En la d¨¦cada larga que lleva en vigor no ha habido ning¨²n expedientes", se?al¨® la portavoz, quien propone crear un registro espec¨ªfico de propiedades inmobiliarias de los altos cargos y una comisi¨®n de seguimiento que emita un informe anual.
"Las personas que tiene posibilidad de hacer contratos importantes son los m¨¢s tentados, y el periodo m¨¢s peligroso para la corrupci¨®n es cuando el pol¨ªtico cesa y puede utilizar informaci¨®n privilegiada, traficar con influencias o colocarse con una de las empresas con la que ha contratado durante a?os", agreg¨®.
Para impulsar la participaci¨®n ciudadana, IU sugiere modificar los requisitos de la iniciativa legislativa popular y leyes de funci¨®n p¨²blica y contratos. La igualdad entre hombres y mujeres, a juicio de la coalici¨®n, lleva aparejada la modificaci¨®n de la Ley Electoral y tambi¨¦n de la de Gobierno, de forma que se extienda la paridad a los altos y medios cargos.
En cuanto a la transparencia del conjunto de la administraci¨®n, la publicaci¨®n de sus asesores, la limitaci¨®n de los puestos de libre designaci¨®n, y la reforma de la Ley de Hacienda P¨²blica para que el Parlamento obtenga informaci¨®n de las empresas publicas. Como ya adelantaron durante la campa?a electoral, Valderas y Caballero quieren que las promesas y compromisos de los partidos durante las campa?as electorales queden bajo la custodia de la Oficina del Defensor del Pueblo, que podr¨ªa valorar su grado de cumplimiento mediante un informe similar al que efect¨²a sobre otros asuntos.
Otras de las medidas novedosas es que la RTVA pase a depender org¨¢nicamente del Parlamento de Andaluc¨ªa y no de la Consejer¨ªa de Presidencia y establecer una carta de obligaciones p¨²blicas del ente. Por ¨²ltimo, piden una ley de financiaci¨®n de los partidos pol¨ªticos y que la C¨¢mara ampl¨ªe su n¨²mero de diputados de 109 a 140 o 150.
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