La Espa?a coral

En la m¨¢s brillante de sus intervenciones recientes, Pasqual Maragall propon¨ªa la transformaci¨®n de la pol¨ªtica de recuperaci¨®n y defensiva, caracter¨ªstica del pujolismo, en otra de avance y expansi¨®n. Ser¨ªa el paso del pal de paller, el eje ¨²nico de la identidad en torno al cual se articulaba la realidad del pa¨ªs, a una Catalu?a coral, en que se conjugaran las voces diversas que la integran. La met¨¢fora es aplicable a la situaci¨®n espa?ola del presente, cuando tienen lugar los primeros tanteos y las primeras escaramuzas en que ya pueden adivinarse los perfiles de las distintas aspiraciones y de los conflictos derivados de las mismas de cara a los procesos de reforma del ordenamiento constitucional. Aqu¨ª m¨¢s que de pal de paller cabr¨ªa hablar de como punto de partida, pero el objetivo debiera ser el mismo: dar con una f¨®rmula de organizaci¨®n del Estado dentro de la cual sean potenciadas las diversas voces de sus componentes y al propio tiempo las mismas se conjuguen sin disonancias.

La propuesta de una "Espa?a coral" resulta as¨ª mucho m¨¢s apropiada que la habitual referencia a una Espa?a plural: en cierto modo, afirmar que Espa?a es plural constituye una aut¨¦ntica perogrullada, en especial una vez constituido el Estado de las autonom¨ªas, y no ofrece clave alguna para la resoluci¨®n de las actuales tensiones. Vale tanto para dejar las cosas en la situaci¨®n actual como para justificar el establecimiento de una Confederaci¨®n, o de un r¨¦gimen estrictamente federal, con o sin asimetr¨ªa. El acento puesto en la condici¨®n coral, a la hora de fijar los fines pol¨ªticos, subraya en cambio la necesidad de una concertaci¨®n a partir del pluralismo. Elimina de paso aquellas soluciones que se sirvan del reconocimiento de la pluralidad para ir hacia la ruptura. Y es del todo congruente con el esp¨ªritu democr¨¢tico. Recuerdo que hace muchos a?os, el historiador Luis D¨ªez del Corral, apoy¨¢ndose en la lectura de La nueva Elo¨ªsa y en el inter¨¦s de Rousseau por la m¨²sica, propon¨ªa esa lectura para el establecimiento de la voluntad general, frente al individualismo abstracto que preside el tema en el Contrato social.

Maragall acierta tambi¨¦n al advertir que ese esfuerzo de conjugaci¨®n exige sustituir las actitudes de tipo defensivo por una resuelta iniciativa pol¨ªtica. Este requisito es tanto m¨¢s necesario cuanto que en la cuesti¨®n de la reforma constitucional toda propuesta emanada del centro se ve obligada de antemano a nadar contracorriente. Los discursos nacionalistas han conseguido imponer la idea de que cualquier reivindicaci¨®n propia es de derecho natural, una evidencia de tomo y lomo que ¨²nicamente pueden rechazar los centralistas enemigos de la democracia, empapados inconscientemente de residuos franquistas. Y la intimidaci¨®n funciona. No est¨¢ lejos el episodio de la fallida impugnaci¨®n del Plan Ibarretxe ante el Tribunal Constitucional. Excelentes juristas aportaron uno tras otro argumentos dirigidos a mostrar que faltaba la base legal para proceder a la declaraci¨®n de inconstitucionalidad antes de que la norma hubiese sido adoptada. A los que de veras escrib¨ªan desde el esp¨ªritu constitucional hubiera sido preciso avisarles de que la infracci¨®n del plan era de tal naturaleza que en ning¨²n ordenamiento europeo se encontraban previstas ni su aceptaci¨®n ni su rechazo, pero que en este caso el vac¨ªo legal iba a tener un precio inevitable, pero muy grave: aplazar toda intervenci¨®n hasta que la ruptura estuviese pr¨¢cticamente consumada. Era, pues, preciso atenerse al criterio de legalidad, sin evitar por ello la explicaci¨®n ante la opini¨®n p¨²blica de lo que el proyecto representa. A falta de esta ¨²ltima condici¨®n, el rechazo del recurso presentado por el Gobierno Aznar ha sido interpretado como un visto bueno a la legalidad del procedimiento que Ibarretxe e Imaz han sabido explotar ante la opini¨®n p¨²blica vasca. De nada sirven las buenas maneras de Zapatero y los esfuerzos de los socialistas vascos por ofrecer soluciones intermedias en forma de ampliaci¨®n de las competencias hasta los l¨ªmites de lo razonable. Ibarretxe llevaba a?os diciendo, en defensa de su texto y tambi¨¦n de cara a la pol¨ªtica relativa a ETA, que en pol¨ªtica lo esencial es el di¨¢logo. Todas las ideas son l¨ªcitas y deben ser discutidas con buen talante, a?adi¨® una y otra vez. Pues ya hemos visto lo apegado que est¨¢ Ibarretxe al di¨¢logo cuando la propuesta viene de otro y es contraria a sus intereses. Nada de hablar entre el PSE y el Gobierno vasco, al Parlamento. Antes "ni media palabra". ?Qu¨¦ esperaba Zapatero lograr de este personaje? ?De qu¨¦ sirve el intercambio de sonrisas, por no hablar de la invitaci¨®n cordial a que retire su plan secesionista?

La propuesta de reforma elaborada por Emilio Guevara ha ca¨ªdo as¨ª inmediatamente en saco roto. Pero por encima de sus aciertos o errores, y sobre todo de la amplitud de sus concesiones en el tema de la Seguridad Social, el simple hecho de plantearla, y de hacerlo con precisi¨®n, supone un gran acierto. Los ciudadanos vascos tienen ahora ante s¨ª una oferta bien definida y sobre todo ha sido clarificado el panorama con el desenmascaramiento de la falsa pol¨ªtica de di¨¢logo en el Gobierno vasco y en el PNV. Incluso para aquellos que vienen neg¨¢ndose desde el a?o 2001 a ver el contenido real de la pol¨ªtica nacionalista, si no son ciegos voluntarios, las cartas est¨¢n sobre la mesa, y de este modo son conocidos los m¨¢rgenes y los costes de eventuales acuerdos.

El ejemplo de los socialistas vascos resulta aplicable a la coyuntura por la que atraviesa hoy el Gobierno central. El PSOE cuenta ya con las l¨ªneas maestras acordadas en Santillana para una actualizaci¨®n del texto constitucional, con una reforma del Senado de signo federal, la participaci¨®n de las comunidades en la representaci¨®n europea y la coordinaci¨®n y el reconocimiento que traer¨ªa consigo la conferencia de presidentes de comunidades. Pero a estas alturas resulta obvio que tales medidas resultan insuficientes para atender las demandas centr¨ªfugas, y en particular las que proceden de los socialistas catalanes y de sus aliados en el tripartito de Barcelona. M¨¢s a¨²n cuando sin la menor cobertura por parte de Maragall, confiado en que todo ir¨¢ hacia lo mejor en el mejor de los mundos con el nuevo Estatuto, desde Esquerra se anuncia, por medio de Joan Puigcerc¨®s, una estrategia de desbordamiento gracias al Estatuto de "esta Constituci¨®n que es un marco de opresi¨®n". Ni m¨¢s ni menos. Llueven las propuestas en ese sentido, desde la simb¨®lica

de las selecciones nacionales a la exigencia de un nuevo tipo de financiaci¨®n que acerque Catalu?a a Euskadi, pasando por el veto en el Senado a los acuerdos que se consideren lesivos para una comunidad hist¨®rica. Es consecuencia l¨®gica de una afirmaci¨®n del hecho nacional catal¨¢n que en el mejor de los casos apunta hacia un r¨¦gimen confederal "del Estado espa?ol", en cuyo seno las grandes decisiones no pudieran ser adoptadas sin una negociaci¨®n previa con las comunidades hist¨®ricas: la reciente pretensi¨®n de intervenir en la conformaci¨®n de los Presupuestos del Estado ser¨ªa un anuncio de lo que se prepara.

Con modos y argumentos claramente superiores a los empleados antes por el Gobierno de Aznar, el Ejecutivo de Zapatero est¨¢ vi¨¦ndose obligado a jugar el papel de una pared de front¨®n, con el consiguiente malestar al verse obligado a disentir de quienes desde Catalu?a encarnan el mismo proyecto pol¨ªtico. ?No ser¨ªa mejor convertir la oraci¨®n en activa, aun a riesgo de afrontar conflictos con sus correligionarios catalanes, que en todo caso revestir¨ªan menor gravedad que una sucesi¨®n de declaraciones contradictorias y de negaciones expresadas a disgusto? Hace falta que el Gobierno ofrezca la sensaci¨®n de que posee una pol¨ªtica territorial en torno a cuyos planteamientos, y no a las demandas particularistas, va a articularse el nuevo orden constitucional. Una vez m¨¢s la pieza clave para alcanzar ese objetivo consiste en un debate a fondo con Maragall que vaya m¨¢s all¨¢ de la pesca de atunes. En su redacci¨®n actual, los enfoques de Santillana y de la Generalitat no ofrecen posibilidad de encaje, ya que responden a concepciones distintas de la autonom¨ªa, de la solidaridad interterritorial y del propio Estado-plurinacional. La convergencia es posible, pero siempre que ambas partes pongan sobre la mesa sus respectivos planteamientos, antes de que el clima se deteriore por la sucesi¨®n de demandas no atendidas.

Antes de nada, conviene dejar fuera de campo aquellas iniciativas pol¨ªticas, amables o no, cuyo contenido se orienta inequ¨ªvocamente a provocar una fractura. En primer plano, obviamente, el estatuto de "libre asociaci¨®n", antesala de la independencia, que propone Ibarretxe. Despu¨¦s de las experiencias de la aplicaci¨®n de la Ley de Partidos, y de las consiguientes ilegalizaciones del entorno de ETA, hay que desechar para siempre los augurios de un caos generalizado en Euskadi si se trata de aplicar la legislaci¨®n de defensa de la democracia. Conviene dej¨¢rselo claro a Ibarretxe, lo mismo que hace falta explicar a la opini¨®n p¨²blica que ¨¦stas y otras "evidencias democr¨¢ticas" proclamadas por los nacionalismos son abiertamente contrarias a la Constituci¨®n europea.

Otro tanto cabr¨ªa decir de la aspiraci¨®n al privilegio desde la asimetr¨ªa conseguida por ser "nacionalidad hist¨®rica". Maragall se agarra al clavo ardiendo de un art¨ªculo publicado por Rubio Llorente en este diario, donde se reconoce la posibilidad de ese reconocimiento como base de la reforma, aun advirtiendo acerca de su complejidad. M¨¢s que complejidad, habr¨ªa que decir, potencial de ruptura. Aceptar la facultad de veto, pensemos en cuestiones como los trasvases o la financiaci¨®n, equivale a situarnos en un horizonte tan venturoso como el definido por la Constituci¨®n yugoslava de 1974. Por otra parte, Rubio apunta primero a otra salida: el establecimiento de un r¨¦gimen estrictamente federal, donde ser¨ªa posible introducir elementos de asimetr¨ªa, a?adir¨ªamos, con una ampliaci¨®n de competencias que en nada perjudicar¨ªa de atender a las claves de b¨®veda de la cohesi¨®n en el conjunto. La cuesti¨®n ya no es m¨¢s o menos competencias, sino evitar la cosoberan¨ªa o la confederaci¨®n, f¨®rmulas del todo inviables a la vista de la experiencia hist¨®rica, y poner freno de manera rotunda a la pretensi¨®n de desbordamiento.

El Gobierno de Zapatero y el PSOE est¨¢n en condiciones de fijar las reglas del juego, los fines y los l¨ªmites de la reforma constitucional, siempre que asuman la iniciativa de analizar y de explicar dentro de qu¨¦ m¨¢rgenes la misma puede moverse. No hay problema en ampliar competencias, siempre que queden a salvo la cohesi¨®n, la solidaridad y el rechazo al desbordamiento. No hay problema en promocionar las identidades y los idiomas, siempre que ello no conduzca al rechazo de una naci¨®n y de un idioma espa?oles que siguen imbricados en las "nacionalidades hist¨®ricas" sin que ning¨²n dictador fuerce la identidad dual o el hecho de que el castellano es el denominador com¨²n ling¨¹¨ªstico del Estado. No hay problema en cambiar las formas de financiaci¨®n siempre que se recuerde, cosa que Maragall no hace, la inevitabilidad del privilegio de que disfrutan Euskadi y Navarra por razones hist¨®ricas, y al que ninguna otra comunidad rica debe acceder sin hacer quebrar la hacienda de todos. Resulta escasamente democr¨¢tica la orientaci¨®n de Maragall, enfocando ante todo la relaci¨®n de las comunidades con el Estado central, con lo cual son relegados a segundo plano los ciudadanos a quienes corresponde sin intermediarios la incidencia sobre la adopci¨®n de decisiones en la Espa?a democr¨¢tica. ?Qu¨¦ es eso de que Andaluc¨ªa, Catalu?a y Euskadi deben ponerse de acuerdo para impulsar el cambio en el Estado, en un tema tan esencial como la financiaci¨®n? Tampoco parece razonable exhibir mitos tales como la Corona de Arag¨®n para promocionar algo tan razonable como la eurorregi¨®n, de la cual por esa fundamentaci¨®n nacionalista y m¨ªtica vemos excluida a Murcia.

La Espa?a coral debe ser la meta de la reforma. Para alcanzarla no son obst¨¢culo alguno los procesos de construcci¨®n nacional en Catalu?a o Euskadi. Lo son sus derivas de signo irracional.

Antonio Elorza es catedr¨¢tico de Pensamiento Pol¨ªtico de la Universidad Complutense de Madrid.