Solbes admite que las comunidades complementen las pensiones m¨ªnimas

El vicepresidente segundo y ministro de Econom¨ªa y Hacienda, Pedro Solbes, admiti¨® ayer que las comunidades aut¨®nomas puedan subir las pensiones m¨ªnimas siempre y cuando se trate de "complementos menores". As¨ª lo explic¨® en los pasillos del Senado al ser preguntado por la posibilidad de que las administraciones regionales aprueben subidas de pensiones superiores a las que fije el Estado y tras el anuncio hecho la semana pasada por el ministro de Administraciones P¨²blicas, Jordi Sevilla, de que el Gobierno estudia retirar el recurso contra la ley navarra que complementa las pensiones estatales de viudedad.

"Hay que mantener una posici¨®n de igualdad de trato por parte del Estado, pero tambi¨¦n es cierto que las comunidades aut¨®nomas dentro de sus m¨¢rgenes de maniobra financieros pueden llevar a cabo su propia pol¨ªtica, siempre y cuando estemos hablando de complementos menores", dijo Solbes quien a?adi¨® que "¨¦se es un punto que l¨®gicamente tendr¨¢ que ser decidido por cada comunidad".

Esas declaraciones de Solbes se producen el mismo d¨ªa en que el Gobierno socialista de Arag¨®n anunciaba su intenci¨®n de complementar en 2005 las pensiones no contributivas y las asistenciales de los habitantes de esta regi¨®n y subirlas un 2% adicional a lo ya anunciado por el Gobierno central.

Esta medida es la primera vez que se aplica en Arag¨®n, seg¨²n explicaron el consejero de Econom¨ªa, Eduardo Bandr¨¦s, y la consejera de Servicios Sociales, Ana de Salas, y beneficiar¨¢ a unas 12.000 personas. Los beneficiarios recibir¨¢n un paga ¨²nica adicional a su pensi¨®n de 77,36 euros para las pensiones no contributivas y de 42 euros para las asistenciales. El gasto total para las arcas aragonesas se acerca al mill¨®n de euros.

Arag¨®n se suma as¨ª a otras comunidades aut¨®nomas, como Andaluc¨ªa, Catalu?a y Navarra, que ya aplican subidas adicionales a sus pensionistas con menor poder adquisitivo. El Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar puso en marcha una normativa para frenar este tipo de pr¨¢cticas e incluso recurri¨® al Tribunal Constitucional contra las subidas acometidas por algunos Gobiernos regionales.