Presupuestos para el cambio
La elaboraci¨®n de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2005 ha suscitado una notable expectativa entre la sociedad, y resulta l¨®gico si se tiene en cuenta que deben recoger las partidas econ¨®micas necesarias para sustentar el primer impulso de un cambio de modelo econ¨®mico anunciado por el Gobierno y que demanda mayoritariamente la sociedad espa?ola.
El punto de partida es indudablemente exigente, y m¨¢s teniendo en cuenta la herencia presupuestaria del Ejecutivo saliente. Durante ocho a?os, los sucesivos Gobiernos del PP han consolidado una pr¨¢ctica consistente en elevar la opacidad de la informaci¨®n recogida en los Presupuestos, plagarla de artificios contables supeditados a un equilibrio presupuestario entendido como absurdo objetivo supremo y, en definitiva, enmascarar los verdaderos fines de las pol¨ªticas econ¨®micas a implementar.
Era necesario, por tanto, una "rehabilitaci¨®n" de los Presupuestos, tarea que requiere un desarrollo plurianual para llevarla a cabo. Y m¨¢s teniendo en cuenta que existe un importante volumen de gasto ya comprometido, lo que limita en este ejercicio la capacidad para reordenar el ¨¢mbito de la intervenci¨®n p¨²blica. S¨®lo bajo esta perspectiva pueden valorarse los PGE para 2005 de forma ponderada.
El cambio introducido por el nuevo Gobierno en cuestiones relevantes es bien visible. En primer lugar, los objetivos de la pol¨ªtica presupuestaria son los correctos: subsanar las debilidades de la econom¨ªa espa?ola, configurando un nuevo modelo de crecimiento con mayor riqueza, bienestar social y empleo de calidad, mejorando la transparencia presupuestaria.
En segundo lugar, existe concordancia entre los objetivos declarados y la estructura de gastos decidida, de modo que se han identificado las debilidades de nuestra econom¨ªa y se han elevado de forma importante partidas presupuestarias que inciden sobre la mejora de las mismas. As¨ª, se consignan incrementos notables en investigaci¨®n y desarrollo civil (25%), inversi¨®n en vivienda (34%), becas (10,5%), formaci¨®n (7,9%) o infraestructuras (9,1%), tendentes a la necesaria recuperaci¨®n de las pol¨ªticas industriales y medioambientales, factores esenciales todos ellos para potenciar una competitividad duradera.
Por lo que se refiere al gasto social, se eleva hasta alcanzar un nivel que supone m¨¢s de la mitad del total de gasto presupuestado, recogiendo medidas b¨¢sicas como la mejora generalizada de las pensiones m¨ªnimas.
Por ¨²ltimo, se contemplan medidas concretas que constituyen se?ales inequ¨ªvocas de un cambio positivo en la pol¨ªtica presupuestaria. La eliminaci¨®n de la llamada Ley de Acompa?amiento, que en los ¨²ltimos a?os se hab¨ªa convertido en un caj¨®n de sastre y en la v¨ªa de escape para eludir el tr¨¢mite parlamentario, introduciendo una grave inseguridad jur¨ªdica; la deflactaci¨®n de la tarifa del IRPF, congelada desde el a?o 2000, que se deber¨ªa consolidar y dotar de plena eficacia redistributiva, o la modificaci¨®n de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, que en su redacci¨®n actual impone un cors¨¦ para la actuaci¨®n p¨²blica, incoherente con las necesidades de nuestro pa¨ªs, son otras "novedades" de los presupuestos para 2005 que hay que saludar con satisfacci¨®n. Todo ello apunta a un modelo m¨¢s equilibrado de crecimiento estable y sostenible que, en cualquier caso, tendr¨¢ que consolidarse en posteriores presupuestos.
Existen, adem¨¢s, otros aspectos determinantes del ¨¦xito de las pol¨ªticas futuras que conviene rese?ar. Por un lado, el proceso de di¨¢logo social inaugurado el 8 de julio de 2004, cuyo desarrollo debe tener repercusi¨®n presupuestaria en temas tan relevantes como el proceso de dignificaci¨®n del salario m¨ªnimo y la actualizaci¨®n del nuevo indicador p¨²blico de renta (IPREM). Por otro, la reforma fiscal anunciada para mediados de 2005, que constituir¨¢ una de las piedras angulares del cambio propuesto por el Gobierno.
A estos Presupuestos hay que juzgarlos, pues, a medio plazo, en relaci¨®n con pol¨ªticas y ejercicios contables a desarrollar durante esta legislatura, sobre la que recae la responsabilidad de promover un m¨¢s alto nivel de desarrollo econ¨®mico, de justicia y bienestar sociales, con un mayor volumen y menor precariedad en el empleo.
Antonio Ferrer Sais es secretario de acci¨®n sindical de UGT.
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