La juez abre juicio oral contra Bot¨ªn por las cesiones de cr¨¦dito

La juez Teresa Palacios dict¨® ayer un auto por el que abre juicio oral contra el presidente del Grupo Santander, Emilio Bot¨ªn, y otros tres antiguos directivos de la entidad -Rodrigo Echenique, actual consejero del banco, Jos¨¦ Ignacio Ucl¨¦s y Ricardo Alonso- por su participaci¨®n en el caso de las cesiones de cr¨¦dito de nuda propiedad, unos activos financieros fiscalmente opacos que el banco comercializ¨® a finales de los ochenta. Bot¨ªn, Echenique, Ucl¨¦s y Alonso est¨¢n acusados de cuatro delitos continuados de falsedad y treinta delitos contra la Hacienda p¨²blica.

La magistrada ha fijado una fianza de 67,7 millones de euros para Bot¨ªn y los ex directivos del Santander, de forma solidaria, para hacer frente a las responsabilidades civiles que pudieran declararse en el proceso. Adem¨¢s, tambi¨¦n ser¨¢n juzgados un total de 28 clientes del banco a los que ¨²nicamente se acusa de un delito fiscal.

Sin embargo, la juez ha decidido no abrir juicio oral para otros seis clientes que inicialmente estaban acusados, pero que o bien han fallecido -dos casos- o no llegan a los 120.000 euros de defraudaci¨®n, por lo que por aplicaci¨®n del nuevo C¨®digo Penal, que ha entrado en vigor el 1 de octubre, su conducta no constituye delito.

El caso ser¨¢ juzgado por la Secci¨®n Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por su titular, Javier G¨®mez Berm¨²dez.

El fiscal no acusa

La magistrada ha puntualizado en su escrito que ni el fiscal ni el abogado del Estado ha formulado escrito de acusaci¨®n.

El Grupo Santander emiti¨® ayer un comunicado en el que reiter¨® "la absoluta legalidad de todas sus actuaciones en los hechos investigados" y manifest¨® "su total disconformidad con la decisi¨®n judicial, que ha sido dictada a petici¨®n ¨²nicamente de una acusaci¨®n popular, carente de legitimaci¨®n y a pesar de la petici¨®n de sobreseimiento y archivo reiteradamente realizada tanto por el abogado del Estado, en representaci¨®n de la Agencia Tributaria, como por el ministerio fiscal".

El banco recuerda que el 23 de junio de 2003, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional reconoci¨® que "la comercializaci¨®n de este producto se desarrollo dentro de la m¨¢s estricta legalidad", por lo que ning¨²n reproche delictivo le es imputable por ese concepto".

Efectivamente, tanto el fiscal como el abogado del Estado han solicitado en varias ocasiones, desde el 12 de julio de 1998, el archivo de la causa contra Bot¨ªn y los ex directivos del Santander. Sin embargo, la juez Palacios siempre se neg¨® al archivo del procedimiento.

Las acusaciones, que fueron iniciadas por Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos, mostraron su satisfacci¨®n por la decisi¨®n de la magistrada. As¨ª, la asoaciaci¨®n de usuarios Adicae, que se sum¨® a las mismas, aplaudi¨® la decisi¨®n porque "supone un respaldo a la necesaria transparencia en la gesti¨®n de las entidades financieras" y anunci¨® que apoyar¨¢ todas aquellas medidas judiciales encaminadas a averiguar y enjuiciar con independencia e imparcialidad los hechos que se imputan a Bot¨ªn y los antiguos directivos del Banco Santander.

El caso de las cesiones de cr¨¦dito se refiere a 45.000 operaciones de esa naturaleza, con un importe de 439.459 millones de pesetas en dep¨®sitos a los que se atribu¨ªa opacidad, seg¨²n la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n. Las operaciones fueron realizadas por una serie de clientes del Banco Santander, que actuaron con identidades falsas en 8.282 casos. El banco demostr¨® ya en 1999 que los rendimientos del capital que hab¨ªan producido las cesiones de cr¨¦dito se hab¨ªan regularizado al 100%, y los principales, al 99%.

?ste no es el ¨²nico caso que Bot¨ªn tiene pendiente en la Audiencia Nacional, ya que el pasado mes de abril tambi¨¦n la juez Teresa Palacios abri¨® juicio oral contra el presidente del Santander, el copresidente de la entidad hasta agosto de 2001, Jos¨¦ Mar¨ªa Amus¨¢tegui, y el ex vicepresidente ?ngel Cosc¨®stegui por delitos de apropiaci¨®n indebida y administraci¨®n desleal. Tambi¨¦n el fiscal en este caso afirm¨® que las bonificaciones millonarias percibidas por Amus¨¢tegui y Corc¨®stegui no constitu¨ªan delito.