Se abren diligencias penales contra 459 'piratas' musicales en seis pa¨ªses europeos
La industria discogr¨¢fica ha interpuesto demandas judiciales en seis pa¨ªses europeos contra 459 usuarios de Internet por fraude y presuntas infracciones de la ley de propiedad intelectual. Se acusa a los demandados de copiar canciones desde la Red para su intercambio gratuito e ilegal, seg¨²n anunci¨® ayer en Londres el presidente de la Federaci¨®n Internacional de Empresas Fonogr¨¢ficas, Jay Berman. Se trata de la segunda ola de acciones legales emprendidas en Europa desde el pasado marzo.
Italia, Alemania y Dinamarca tomaron entonces la iniciativa con la apertura de 200 tr¨¢mites legales. A estos tres pa¨ªses, que ayer abrieron nuevas demandas, se unen ahora los dos principales mercados europeos, Reino Unido (con 28 casos) y Francia (50 casos), y Austria (100). Espa?a no descarta el recurso a la justicia en un futuro pero, de momento, enfoca la lucha contra el fraude electr¨®nico en campa?as de concienciaci¨®n social.
"Existe todav¨ªa mucha confusi¨®n en Espa?a sobre los servicios legales e ilegales de descargas musicales. Debemos insistir y aclarar la situaci¨®n antes de iniciar demandas contra los que suben canciones en Internet", se?al¨® ayer Antonio Guisasola, presidente de la Asociaci¨®n Fonogr¨¢fica y Videogr¨¢fica de Espa?a (AFYVE). La pirater¨ªa f¨ªsica, con los puestos de venta callejeros y el top manta, est¨¢ tapando el fraude electr¨®nico musical que en Espa?a, seg¨²n reconoce Guisasola, "tambi¨¦n es un problema muy grave". Se estima que 200 millones de canciones se intercambiaron ilegalmente en Espa?a en 2003.
En total se han tramitado 650 demandas en Europa desde el pasado marzo. Los tr¨¢mites var¨ªan seg¨²n el pa¨ªs, limit¨¢ndose generalmente a acciones civiles frente a una peque?a proporci¨®n de diligencias criminales. En el Reino Unido y Espa?a es necesario obtener previamente un mandato judicial para conocer la identidad de los demandados. En otros pa¨ªses, la legislaci¨®n obliga al proveedor de servicios de Internet a desvelar los datos de los clientes sospechosos de fraude. En todos los casos se tiende a resolver la querella con acuerdos entre ambas partes y el pago de indemnizaciones de entre 2.000 y 13.000 euros.
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