La Audiencia juzga a cuatro ediles de Agost y al alcalde por cerrar una incineradora

El actual alcalde y cuatro ediles de Agost, pertenecientes a una formaci¨®n independiente, se enfrentan a ocho meses de prisi¨®n y otros tanto de inhabilitaci¨®n en cargo p¨²blico por cerrar una planta incineradora, a pesar de que un auto del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) autorizaba la industria. Los cinco cargos p¨²blicos ser¨¢n juzgados este jueves en la Audiencia de Alicante por los supuestos delitos de prevariaci¨®n y desobediencia.

De acuerdo al relato de los hechos del ministerio p¨²blico, el actual alcalde, Felipe Vicedo, y los concejales Jos¨¦ Luis Belda, Antonio Castell¨®, Mar¨ªa del Carmen Mira y Bartolom¨¦ Torres, aprobaron en un pleno de la corporaci¨®n celebrado el 25 de julio de 1996 una moci¨®n para la clausura de una planta incineradora de residuos sanitarios, propiedad del grupo Sinde, SL.

El fiscal sostiene que los cinco acusados, en aquella fecha en la oposici¨®n municipal, instaron la moci¨®n, pese a conocer las repetidas resoluciones del TSJ autorizando la actividad de la planta. Adem¨¢s, los cinco concejales sacaron adelante la iniciativa a pesar de la advertencia en contra del alcalde y la abstenci¨®n del resto de ediles de la Corporaci¨®n.

Los representes legales de Sinde llevaron el acuerdo municipal al juzgado, que tras una ardua instrucci¨®n, acord¨® la apertura de juicio oral contra los cinco ediles independientes. La empresa tambi¨¦n recurri¨® el decreto de cierre al TSJ que lo declar¨® nulo de pleno derecho.

En marzo de 2001, la Audiencia de Alicante declar¨® la nulidad de las actuaciones judiciales practicadas por el juzgado instructor en relaci¨®n con la querella presentada contra los ediles por un supuesto delito de prevaricaci¨®n y desobediencia al impedir la puesta en marcha de la incineradora.

La decisi¨®n del tribunal, la secci¨®n tercera de la Audiencia, se produjo antes del inicio de la vista oral del caso y a petici¨®n de los letrados de la defensa. Esta parte solicit¨® la nulidad de las actuaciones porque, en su d¨ªa, los cinco procesados declararon en el juzgado en calidad de testigos y, s¨®lo posteriormente, se les declar¨® imputados en el caso. "Este aspecto formal vulner¨® los derechos fundamentales de los procesados, porque no es lo mismo declarar como testigo, que tiene la obligaci¨®n de decir la verdad, que como imputado", argument¨® entonces uno de los abogados. La sala, tras una breve deliberaci¨®n, acept¨® la impugnaci¨®n de la defensa y devolvi¨® la causa al Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 1 de Novelda. Este juzgado retom¨® la instrucci¨®n primero con la declaraci¨®n en calidad de imputados de los ediles y, luego practic¨® nuevas diligencias. Los cinco procesados se enfrentan a una pena de 8 meses de inhabilitaci¨®n y otros tantos de prisi¨®n, seg¨²n la calificaci¨®n provisional del fiscal por los delitos de prevaricaci¨®n y desobediencia.

Los grupos ecologistas mantienen que la quema de residuos hospitalarios provoca la aparici¨®n de nubes de polvo t¨®xico, extremo que niegan la empresa y las autoridades auton¨®micas que autorizaron la puesta en marcha de la planta a escasa distancia del casco urbano de Agost. En cuantas ocasiones han sido convocadas manifestaciones o concentraciones de protesta, la inmensa mayor¨ªa de residentes en el pueblo ha participado hasta forzar el cierre de las instalaciones. La planta inici¨® su actividad a principios de 1995, con el benepl¨¢cito de las autoridades locales y todos los informes t¨¦cnicos y medioambientales favorables.