Solbes se compromete ante la Comisi¨®n a modificar el derecho de veto de las empresas privatizadas

El vicepresidente del Gobierno y ministro de Econom¨ªa y Hacienda, Pedro Solbes, ha enviado una carta al comisario europeo de Mercado Interior, Frits Bolkestein, en la que se compromete a modificar la ley que regula la acci¨®n de oro de las empresas privatizadas espa?olas. La acci¨®n de oro es una norma que permite al Gobierno intervenir en las decisiones de las empresas privatizadas.

La carta de Solbes es la respuesta del Gobierno espa?ol al segundo expediente que ha abierto Bruselas contra Espa?a para exigir una mayor contundencia en dicha regulaci¨®n. La idea del Gobierno espa?ol es elaborar una nueva normativa m¨¢s transparente, que trate de acercarse al modelo belga, que est¨¢ admitido por la Comisi¨®n. Este modelo reduce sensiblemente la capacidad de maniobra del Estado en la toma de decisiones de las empresas privatizadas. En Espa?a cuentan con acci¨®n de oro Repsol (hasta el 6 de noviembre de 2006), Indra (23 de marzo de 2006), Telef¨®nica (18 de febrero de 2007), Iberia (3 de abril de 2008) y Endesa (8 de junio de 2008). Ya cumpli¨® el plazo de Altadis (antigua Tabacalera) y Argentaria (integrado en el BBVA).

Ayer, el secretario de Estado de Econom¨ªa, David Vegara, se refiri¨® a esta nueva norma en su comparecencia en el Congreso de los Diputados. El Gobierno analizar¨¢ "muy concienzudamente" la situaci¨®n actual de la acci¨®n de oro en las empresas privatizadas, despu¨¦s de que la Uni¨®n Europea haya requerido a Espa?a mayor contundencia en la legislaci¨®n espa?ola que regula este procedimiento, seg¨²n afirm¨® David Vegara.

"Analizaremos muy concienzudamente la situaci¨®n que nos hemos encontrado como Gobierno entrante", recalc¨® Vegara al t¨¦rmino de su comparecencia en la Comisi¨®n de Presupuestos en el Congreso. Vegara se refer¨ªa as¨ª a la misiva del vicepresidente segundo y ministro de Econom¨ªa y Hacienda, Pedro Solbes.

En concreto, en el procedimiento abierto, la Comisi¨®n Europea exige a Espa?a una mayor contundencia en la legislaci¨®n relativa a la acci¨®n de oro, pese a que el Parlamento espa?ol ya aprob¨® una disposici¨®n adicional el 30 de diciembre de 2003 con el objetivo de cumplir las exigencias del Tribunal de Justicia de la UE sobre la misma materia. El Ejecutivo comunitario anunci¨® el env¨ªo de un pliego de cargos a las autoridades espa?olas al no estar conforme con las modificaciones introducidas por Espa?a, por lo que les record¨® que tienen la obligaci¨®n de cumplir la decisi¨®n del Tribunal de Luxemburgo de 13 de mayo de 2003.

En aquella ocasi¨®n, se conden¨® al Estado espa?ol por incumplir las obligaciones que le incumben en virtud de las normas del Tratado de la UE sobre libre circulaci¨®n de capitales. El Tribunal se?al¨® en su veredicto que Espa?a hab¨ªa mantenido un r¨¦gimen jur¨ªdico de enajenaci¨®n de participaciones p¨²blicas en determinadas empresas.