Las defensas del 'caso funerarias' recusan a la mitad de las acusaciones

Los abogados de varios acusados de participar en las 3.000 cremaciones ilegales realizadas entre 1992 y 1997 en los hornos del cementerio municipal de M¨¢laga solicitaron ayer que se aparten del caso las acusaciones del Ayuntamiento de M¨¢laga, personado como acci¨®n popular, y Parcemasa, la empresa que gestiona los hornos crematorios, por considerarlas "nulas". Solicitaron lo mismo para seis acusaciones particulares, que representan a familiares afectados, porque "formulan imputaciones que no se corresponden con la causa". Una sola afectada acudi¨® a la primera sesi¨®n del macrojuicio.

La Audiencia de M¨¢laga comenz¨® ayer el juicio en el que ocho personas est¨¢n acusadas de incinerar de forma ilegal a unos 3.000 cad¨¢veres en el horno del cementerio municipal. El proceso, que en principio est¨¢ fijado hasta enero de 2005, es uno de los mayores que ha acogido la Audiencia de M¨¢laga.

En el banquillo de una de las salas m¨¢s amplias del Palacio Miramar se sentaron un ex empleado municipal de Parcemasa, y los responsables de las funerarias La Popular, La Malague?a, La Nueva y La Soledad. El fiscal les imputa los delitos de estafa y contra el respeto de los difuntos y pide en total 41 a?os de prisi¨®n. Ninguno de los acusados lleg¨® a testificar.

Era tal la cantidad de abogados presentes que los letrados tuvieron que decir su nombre y apellidos antes de intervenir y en m¨¢s de una ocasi¨®n necesitaron megafon¨ªa. Adem¨¢s del fiscal, y los abogados de la defensa, acudieron una docena de acusaciones particulares y otros tantos responsables civiles.

Carlos Larra?aga, abogado de Jos¨¦ Manuel Olivares (Funesur), solicit¨® la nulidad de los escritos de acusaci¨®n de Manuel Carlos Merino, Trinidad Bravo y otros, Jos¨¦ Recio, Ram¨®n S¨¢nchez, Manuel Luque, y Rafael Ram¨ªrez porque han realizado "imputaciones que no se corresponden con la causa" y carecen de argumentos "s¨®lidos y concretos". De aprobarse la petici¨®n, secundada a continuaci¨®n por varios letrados de la defensa, la acusaci¨®n de estos familiares correr¨ªa a cargo del Ministerio Fiscal.

"El Ayuntamiento no puede ejercer una acci¨®n popular como acusaci¨®n particular", afirm¨® Larra?aga, que tambi¨¦n pidi¨® su retirada del proceso. El letrado calific¨® de "intolerable" que el consistorio solicite una indemnizaci¨®n y responsabilidad civil, pues como acci¨®n popular, "s¨®lo puede pedir responsabilidad penal". De Parcemasa, tambi¨¦n presente en la acusaci¨®n particular, dijo que estaba en una "situaci¨®n esquizofr¨¦nica" es responsable civil.

Sobre su defendido dijo que no hab¨ªa pruebas de las 98 cremaciones que se le imputan. "No hay denuncia alguna" contra ¨¦l, asegur¨® a la sala, excepto la de Josefa Rodr¨ªguez Berlanga, "que jam¨¢s ha comparecido ni se ha personado". Las partes se posicionar¨¢n hoy sobre las cuestiones previas planteadas, y la Sala tendr¨¢ que resolverlas.

Fernando Garc¨ªa Guerrero-Strachan, abogado de Jos¨¦ Francisco G.D., de la funeraria La Nueva, pidi¨® un listado nuevo de incineraciones y los letrados de las aseguradoras de las funerarias precisaron que manten¨ªan con las empresas un seguro comercial. El fiscal, Manuel Vill¨¦n, pidi¨® que se citara a la familiar afectada Josefa Pi?eira Almansa.

A primera hora de la ma?ana de ayer, Mar¨ªa del Carmen Zabala, familiar afectada, acudi¨® a la audiencia. Un tanto desesperanzada, porque preve¨ªa la asistencia de m¨¢s perjudicados, asegur¨® que su marido y sus suegros hab¨ªan sido incinerados fraudulentamente. "Nos aconsejaron que era m¨¢s barato llevarlos a Sevilla y nos cost¨® unos 540 euros", explic¨® "Me dieron las cenizas de los tres en una caja".

La estafa fue descubierta en 1997 despu¨¦s de que el gerente del cementerio, Juan Oliva, denunciara que los crematorios se utilizaban sin control en horarios nocturnos. Seg¨²n la acusaci¨®n, en 1992, el empleado de Parcemasa Franciso Yepes comenz¨® a ofrecer a las funerarias servicios de cremaci¨®n econ¨®micos, que realizaba por la noche y que no declaraba. Las cenizas se entregaban en bolsas no individualizadas y a los clientes se les dec¨ªa que las cremaciones eran m¨¢s baratas en otras provincias. En 1997 se inculp¨® a siete personas. El ¨²ltimo de los procesados, detenido en 2002, fue sorprendido en un control rutinario con restos humanos en su veh¨ªculo.