La SEPI y los sindicatos de Izar alcanzan un principio de acuerdo

El acuerdo es posible en los astilleros de Izar. Tras cinco horas de reuni¨®n ayer, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI ) y los sindicatos alcanzaron un principio de acuerdo para crear un holding con dos ramas, civil y militar, y mantener al astillero de San Fernando (C¨¢diz) en esta ¨²ltima actividad. Por otra parte, Bruselas tiene previsto declarar hoy ilegal el mayor paquete de ayudas recibido por Izar (550 millones).

La valoraci¨®n hecha ayer por las dos partes implicadas en la negociaci¨®n permite aventurar que puede haber un acuerdo antes de final de a?o, que es el plazo acordado por ambas partes con la Comisi¨®n Europea. Los sindicatos ten¨ªan que dar una respuesta ayer al plan industrial que la SEPI les hab¨ªa propuesto la semana pasada, y hubo coincidencia en una de las partes m¨¢s importantes: la nueva estructura societaria de los astilleros.

Sindicatos y SEPI han acordado crear un holding controlado por la SEPI que har¨¢ de paraguas de dos compa?¨ªas, una para la actividad militar y otra para la actividad civil. La SEPI controlar¨¢ el 100% de la sociedad militar y tendr¨¢ el 49% de la sociedad civil. El resto de ¨¦sta ¨²ltima lo tendr¨¢n entidades financieras hasta un 70% (posiblemente cajas de ahorro) y el resto ser¨¢n socios industriales privados.

Oferta para Fene

Asimismo, las dos partes convinieron ayer que el astillero de San Fernando se incorpore a la sociedad militar y los sindicatos se llevaron en su cartera la oferta hecha por la SEPI, para que tambi¨¦n el astillero de Fene pase a la empresa militar. La SEPI, para este ¨²ltimo punto, exige que Fene se centre s¨®lo en actividades militares y abandone la construcci¨®n naval civil, hecho que los sindicatos quieren estudiar m¨¢s detenidamente. Dar¨¢n una contestaci¨®n en pr¨®ximas reuniones.

Felipe L¨®pez, secretario general de la Federaci¨®n Siderometal¨²rgica de CC OO, dijo al t¨¦rmino de la reuni¨®n que la SEPI se hab¨ªa avenido a admitir que la mayor¨ªa del capital en la sociedad civil tenga control p¨²blico y a garantizar una carga estable de trabajo, como hab¨ªan solicitado. L¨®pez a?adi¨® que contestar¨¢n a la SEPI sobre la definitiva ubicaci¨®n del astillero de Fene, cuando se conozca una pr¨®xima resoluci¨®n de la Comisi¨®n Europea (posiblemente hoy) sobre la capacidad de los astilleros civiles, a los que se les va a eliminar limitaciones de producci¨®n.Por su parte Carlos Romero, responsable del sector en MCA-UGT, insisti¨® en que hay que estudiar cu¨¢l es la mejor soluci¨®n para el astillero de Fene, aunque reconoci¨® que se est¨¢ avanzando hacia el acuerdo. Romero anunci¨® que los sindicatos se van a reunir hoy con la comisi¨®n de municipios afectados por la crisis de los astilleros.

El presidente de la SEPI, Enrique Mart¨ªnez Robles, calific¨® la reuni¨®n de "muy positiva" y dijo que los sindicatos hab¨ªan aceptado una buena parte del plan industrial propuesto. Al ser preguntado por qui¨¦nes ser¨ªan los socios financieros que completar¨ªan el capital en la sociedad civil, reconoci¨® que hay contactos oficiosos con algunas cajas de ahorros, pero dijo que en principio no se hab¨ªa avanzado en ninguna cuesti¨®n oficial.

Mientras en Espa?a se negocia, el Ejecutivo comunitario tiene previsto declarar hoy ilegal una ayuda p¨²blica de 550 millones de euros recibida por Izar entre 2000 y 2002 y exigir su devoluci¨®n con intereses (556,1 millones en total). Se trata del mayor paquete de ayudas a los astilleros p¨²blicos declaradas ilegales y el Gobierno espa?ol tendr¨¢ dos meses para informar a Bruselas de cu¨¢les son sus planes al respecto.

La pasada semana, la Comisi¨®n ya envi¨® una "carta de emplazamiento" al Gobierno espa?ol, lo que supone la apertura de un procedimiento de infracci¨®n para que Izar devuelva otros 150 millones de euros, resultantes de unos incentivos fiscales de 111 millones (m¨¢s 39 de intereses) concedidos en 1999.

En este segundo caso, el comisario de Asuntos Econ¨®micos, Joaqu¨ªn Almunia, pidi¨® por escrito a la Comisi¨®n que tenga en cuenta "las graves consecuencias econ¨®micas y sociales" del expediente sobre Izar.