Un juez militar sienta en el banquillo a tres mandos de la Armada por el 'caso Gescartera'

El primer juicio por el caso Gescartera, la agencia de valores que supuestamente defraud¨® 100 millones de euros, podr¨ªa no celebrarse en la Audiencia Nacional, sino en un tribunal militar. El juez togado militar central n¨²mero 2 ha dado por concluido el sumario contra tres mandos de la Armada, a quienes imputa un presunto delito de falsedad en documento oficial, castigado con penas de tres a seis a?os de prisi¨®n. Se les acusa de ama?ar certificados para enmascarar los descubiertos que los retrasos de Gescartera produc¨ªan en la cuenta de la Seguridad Social de la Armada.

Los acusados son el coronel de Intendencia Ceferino Portal, ya en la reserva, el comandante de Intendencia Alfonso Tor¨¢n y el teniente del mismo cuerpo Francisco Chana. Los tres mandos eran, respectivamente, el jefe central, el jefe econ¨®mico-administrativo y el tesorero del Servicio de la Seguridad Social de la Armada entre 1999 y 2001.

Dicho servicio recaudaba mensualmente las cuotas de los trabajadores civiles de la Armada, que ingresaba cada tres meses en la Tesorer¨ªa de la Seguridad Social. Durante el tiempo que ten¨ªa en su poder el dinero de las cuotas, unos 350 millones de pesetas mensuales, lo invert¨ªa para obtener fondos con los que mejorar las prestaciones.

La primera inversi¨®n en Gescartera se produjo en 1999, por un importe de 60 millones de pesetas. A partir de entonces se hicieron hasta 18 inversiones a plazo fijo, con un vencimiento de entre uno y tres meses, siendo la m¨¢xima de 475 millones de pesetas, en diciembre de 1999.

Ya en octubre de 1999 se produjo un primer retraso en el reintegro del dinero, aunque s¨®lo de dos d¨ªas. Pero el pago que deb¨ªa efectuarse en octubre de 2000 no se realiz¨® hasta noviembre y s¨®lo en un 80%, recuper¨¢ndose el resto en enero de 2001. Gescartera, que ya entonces ten¨ªa graves problemas de liquidez, tampoco hizo el abono de ese mes y el coronel Portal se puso en contacto con el due?o de la agencia, Antonio Camacho, y con su socio, Jaime Morey, consiguiendo, seg¨²n el sumario, que "comenzaran a devolver las cantidades fraccionadamente y con dificultades".

Entre enero y marzo de 2001, Gescartera devolvi¨® a la Armada 500 millones de pesetas y un tal¨®n de La Caixa por 375 millones que deb¨ªa saldar la deuda. El tal¨®n no se pudo hacer efectivo por falta de fondos, pero el juez reconoce que los mandos lograron recuperar posteriormente la totalidad del dinero, por lo que no se ocasion¨® "perjuicio econ¨®mico" al servicio, ya que no s¨®lo se reintegr¨® la inversi¨®n, sino tambi¨¦n los intereses, incluidos los de demora.

Pese a ello, el juez estima que los tres mandos elaboraron unos "certificados de conciliaci¨®n bancaria" para cuadrar los balances y ocultar los descubiertos en la cuenta corriente del servicio en el BBVA, que superaban los 700 millones de pesetas a 31 de enero de 2001. Agrega que, "con este proceder, consegu¨ªan aparentar ante el Consejo Directivo [del Servicio de la Seguridad Social de la Armada] una falsa situaci¨®n de normalidad contable, lo que les permit¨ªa continuar con las inversiones o reinversiones que realizaban en Gescartera".

"Ni pertinente ni oportuna"

Los acusados han pedido que se llame a declarar al actual director de Asuntos Econ¨®micos de la Armada, el general de divisi¨®n del cuerpo de Intendencia Pedro Mar¨ªa Fern¨¢ndez Estalayo, que era vocal econ¨®mico administrativo del consejo.

Argumentan que es el ¨²nico mando con cargo en el consejo en materia econ¨®mica que no ha sido citado a declarar por el instructor; pese a que, entre sus funciones estatutarias, figuraba la de inspeccionar la contabilidad, tesorer¨ªa y estad¨ªstica econ¨®mica del servicio de la Seguridad Social de la Armada.

El juez militar se neg¨® a admitir la citaci¨®n del general Fern¨¢ndez Estalayo, por considerar que no era "ni pertinente ni oportuna", pero el tribunal ha dejado abierta la posibilidad de que se replantee en el juicio.

El sumario militar se instruy¨® a ra¨ªz de una denuncia de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, despu¨¦s de que se inhibiera del caso el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 22 de Madrid. Al final se les ha imputado un delito com¨²n y no el de deslealtad, previsto en el C¨®digo Penal Militar para los militares que den a sabiendas informaci¨®n falsa a sus superiores. Los tres mandos ya fueron sometidos por los mismos hechos a un expediente disciplinario que concluy¨® en enero de 2002 sin sanci¨®n.