El Constitucional analizar¨¢ si es v¨¢lido traducir en los juicios

El Tribunal Constitucional deber¨¢ estudiar de nuevo la validez del uso de los traductores en los juicios tras la cuesti¨®n de inconstitucionalidad que le ha elevado la Audiencia vizca¨ªna. La magistrada ponente cuestiona la constitucionalidad del art¨ªculo 231 de la ley del Poder Judicial, que reconoce la validez del uso de la traducci¨®n en las vistas, despu¨¦s de que Espa?a haya ratificado la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias y vista la interpretaci¨®n que el propio Constitucional ha hecho en los ¨²ltimos dos a?os de la inmediaci¨®n en el proceso penal.

?Es constitucional el empleo de traductores en un proceso penal? ?De qu¨¦ manera afecta al uso del traductor la publicaci¨®n en el BOE de la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias o a la inmediaci¨®n en los juicios? ?Tiene derecho un acusado a dirigirse directamente al juez y a las partes en uno de los idiomas cooficiales? ?stas y otras preguntas se encuentran detr¨¢s de la cuesti¨®n de inconstitucionalidad elevada por la Audiencia vizca¨ªna. La ponente, la magistrada Nekane Sanmiguel, desgrana en 13 folios sus argumentos para pedir la intervenci¨®n del alto tribunal.

La Carta Europea forma parte del ordenamiento espa?ol desde su publicaci¨®n en el BOE el 15 de septiembre de 2001. Aparte de la "necesidad de protecci¨®n" que tienen las lenguas minoritarias, la Carta se?ala (art¨ªculo 9) que los estados firmantes "se comprometen en los procedimientos penales a asegurar que los ¨®rganos jurisdiccionales, a solicitud de una de las partes, lleven el procedimiento en la lenguas regionales y minoritarias, junto con el derecho del acusado a expresarse" en esa lengua.

La ponente examina tambi¨¦n la reciente jurisprudencia del Constitucional sobre la inmediaci¨®n en el proceso penal. El m¨¢ximo int¨¦rprete de la Carta Magna subraya en varias resoluciones de 2002 que, para conseguir la garant¨ªa de autenticidad, es necesario "que se materialice como un di¨¢logo directo, sin intermediarios, entre el juez y el ciudadano acusado". La juez invoca varias causas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que apuntan que "la noci¨®n de proceso justo o equitativo implica, en principio, la facultad del acusado de estar presente y ser o¨ªdo personalmente".

Tras analizar la nueva jurisprudencia, infiere que el juez debe acceder "de forma directa" a la prueba para "valorar gestos, dudas, matices, inflexiones... de la persona acusada". En definitiva, convertir la inmediaci¨®n formal en material. Por ello, Sanmiguel entiende que el art¨ªculo 231 de la ley del Poder Judicial, en tanto que distingue entre la lengua oficial por excelencia del proceso (el castellano) de las dem¨¢s lenguas oficiales en el ¨¢mbito de cada comunidad aut¨®noma, "supone una discriminaci¨®n entre los ciudadanos espa?oles por raz¨®n del idioma reconocido como oficial en cada comunidad", dado que quien quiera ejercitar su derecho a usar el castellano no tiene ning¨²n problema. En cambio, apunta la ponente, "los espa?oles que pretenden el ejercicio de su derecho a expresarse en un idioma cooficial distinto a aqu¨¦l, no pueden hacerlo en pie de igualdad, debiendo recurrir a un int¨¦rprete para que el juez lo entienda", como sucede con un extranjero.

La sala analiza un argumento usado por los detractores de apreciar la lengua como un derecho fundamental a la hora de ser entendido sin intermediarios. Es el caso, por ejemplo, de los extranjeros. "Quienes planteamos la cuesti¨®n estimamos que este argumento es enga?oso puesto que la igualdad que se proclama lo es en relaci¨®n con lenguas oficiales, no con el derecho gen¨¦rico de todo ser humano a expresarse en su propio idioma". La ponente cree que, de hecho, ¨¦sa es la respuesta que da la Justicia a los espa?oles que desean ejercer su derecho a ser entendidos en una lengua cooficial: "Reciben id¨¦ntico tratamiento que un extranjero", pese a que "solicitan ese derecho en su tierra y en un idioma definido por la Constituci¨®n" como cooficial.