El PSPV lleva al CGPJ el caso del aparcamiento de los juzgados de Orihuela

El PSPV de Orihuela, a trav¨¦s de su representante legal, remitir¨¢ dos escritos a la Fiscal¨ªa General del Estado y al Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) instando a sendos ¨®rganos a que abran una investigaci¨®n sobre los juzgados de Orihuela tras trascender a la opini¨®n p¨²blica que el Ayuntamiento, gobernado por el PP, paga el aparcamiento a los jueces y que un juez sustituto archiv¨® querellas contra el primer edil despu¨¦s de que el Consistorio contratara a una hermana del magistrado. Para Aitor Canales, abogado del PSPV, ambos casos, "no rectificados tras su publicaci¨®n, ponen en cuesti¨®n el principio consagrado en la Constituci¨®n de imparcialidad e incompatibilidad de funcionarios, jueces y fiscales".

El letrado del PSPV sostiene que la contrataci¨®n de una hermana del juez sustituto, Jos¨¦ Manuel Galiana Serrano, ex titular del juzgado n¨²mero 3, por el Consistorio, ha conllevado un doble efecto: "Por un lado, el archivo de las querellas contrarias al PP y,por contra, la tramitaci¨®n de las activadas contra el PSPV", afirma el letrado. El abogado sostiene que el juez debi¨® abstenerse. El juez sustituto Galiana Serrano desarroll¨® posteriormente su funci¨®n en el juzgado n¨²mero 3 de Torrevieja. Tras cesar en la carrera judicial, el pasado 28 de septiembre, el juez fue contratado por el Ayuntamiento en la Agencia Local de Desarrollo de esa poblaci¨®n. Antes de pasar a integrar la n¨®mina municipal de Torrevieja el juez archiv¨® otra denuncia de la oposici¨®n contra el alcalde, Pedro ?ngel Hern¨¢ndez Mateo. La contrataci¨®n del juez est¨¢ siendo investigada por dos letrados de Alicante para determinar el contenido del convenio del Servef con la Agencia de Desarrollo en lo dos ¨²ltimos a?os al sospechan que personal vinculado a la judicatura puede haberse beneficiado mediante la f¨®rmula de los contratos de obras.

Sin obligaci¨®n legal

El abogado del PSPV considera anticonstitucional la iniciativa del Ayuntamiento de pagar el aparcamiento a los jueces, fiscales y secretarios en una instalaci¨®n privada. "No hay ninguna obligaci¨®n legal de asumir el mantenimiento de ese servicio", dice el abogado. "La iniciativa relaciona de manera directa a la Administraci¨®n ejecutiva con la judicial", a?ade.

El Ayuntamiento, mediante decretos del alcalde, Jos¨¦ Manuel Medina, paga a la empresa que explota el aparcamiento, la mercantil Doalco, ocho plazas que utilizan indistintamente jueces, fiscales y secretarios de los juzgados. Medina puso en marcha la iniciativa en abril de 2002 y desde entonces el Ayuntamiento ha abonado ya m¨¢s de 54.000 euros a la mercantil. El alcalde justifica la medida en motivos de seguridad. Sin embargo, personal de los juzgados sostienen que el edifico Prop -centro dependiente de la Consejer¨ªa de Justicia- ofrece ese servicio.