Archivos contra el olvido

Redescubrir la historia tr¨¢gica de un pueblo, preservar las pruebas que un d¨ªa permitir¨¢n que se haga justicia. Establecer las responsabilidades de las violaciones de los derechos del hombre, permitir que se haga justicia y que las v¨ªctimas conozcan la verdad; para todo ello hacen falta pruebas. Ahora bien, se tiende a olvidar una evidencia: las pruebas se encuentran en su mayor parte en los archivos.

El proceso de toma de conciencia de su importancia se inici¨® al d¨ªa siguiente de la ca¨ªda del muro de Berl¨ªn, momento en que han aparecido paneles enteros de la memoria colectiva de pueblos oprimidos: pensemos en los archivos del KGB, acumulados durante decenios y cruzados con los de la mayor parte de los pa¨ªses sat¨¦lites; los 180 kil¨®metros de archivos de la Stasi en Alemania del Este; los del plan C¨®ndor, en Am¨¦rica Latina, coordinando la represi¨®n planificada por los reg¨ªmenes dictatoriales del Cono Sur, o, m¨¢s a¨²n, los expedientes desenterrados por Rithy Panh en su pel¨ªcula S21, la m¨¢quina de la muerte.

Hay que permitir a las v¨ªctimas y familiares emprender su doloroso trabajo y rehabilitarlas

De un lado, los archivos de los opresores, producidos por servicios de identidades diversas e intercambiables: servicios especiales, de seguridad, de informaci¨®n... Burocracias fr¨ªas y meticulosas, propias de todos los reg¨ªmenes dictatoriales, preparadas siempre para amordazar la libertad de opini¨®n y de expresi¨®n, controlar a las poblaciones, vigilar estrechamente a las minor¨ªas ¨¦tnicas, raciales, religiosas. Otros archivos igual de esenciales son los de la gesti¨®n cotidiana (mantenimiento, intendencia, turnos de guardia, agendas...), los del aparato log¨ªstico de la opresi¨®n, los de prisiones secretas, los de hospitales clandestinos y los de medios de transporte.

De otro lado, los archivos de los oprimidos, pacientemente reunidos por las organizaciones de defensa de los derechos humanos, las comunidades religiosas, las organizaciones internacionales (especialmente la base de datos internacional sobre desapariciones forzosas a cargo del Alto Comisariado de derechos del hombre en Ginebra) o, recopilados por las comisiones llamadas "Verdad y reconciliaci¨®n" que jalonan todos los continentes -existen m¨¢s de veinte en estos momentos- para intentar responder a una cuesti¨®n lancinante: ?c¨®mo se ha podido llegar hasta ah¨ª?

Aqu¨ª, archivos del terror, hechos sobre informes fundados en la delaci¨®n erigida en sistema, sobre "confesiones" arrancadas bajo tortura, sobre escuchas ilegales. All¨ª, archivos del dolor, construidos a base de m¨²ltiples testimonios orales y escritos, grabaciones audiovisuales; documentos todos cuya sedimentaci¨®n permite redescubrir la historia tr¨¢gica de un pueblo, preservar las pruebas que un d¨ªa permitir¨¢n que se haga justicia, que una sociedad pueda tomar el camino que conduce a la democracia. Hace falta pues, mirando su historia de frente, permitir a las v¨ªctimas y a sus familiares emprender su doloroso trabajo, repararlas y rehabilitarlas y, abordar finalmente, tras la fase de "conciliaci¨®n", la de "reconciliaci¨®n".

Todos estos documentos ¨²nicos son muy vulnerables. Por razones evidentes los archivos de los opresores se encuentran, por naturaleza, amenazados de destrucci¨®n deliberada cuando se negocia un acuerdo de paz o se inicia un proceso de transici¨®n a la democracia. Los de los oprimidos corren el riesgo de desaparici¨®n involuntaria, por falta de medios o desconocimiento de los procedimientos de dep¨®sito de fondos en archivos.

El archivo juega tambi¨¦n un papel preventivo esencial: evitar la vuelta de los a?os negros, el Nunca M¨¢s de la Comisi¨®n argentina, y prevenirse del revisionismo y del negacionismo.

Por todas estas razones es urgente sensibilizar a los gobiernos, a la sociedad civil y a la comunidad internacional del papel fundamental de estos archivos. Teniendo en cuenta los envites pol¨ªticos, jur¨ªdicos, hist¨®ricos y memoriales que representan, y los riesgos que corren, es funci¨®n de los poderes p¨²blicos tomar las medidas necesarias para que los archivos de la opresi¨®n sean conservados, tratados y utilizados en condiciones materiales seguras, enmarcados en medidas legislativas y reglamentarias que protejan tanto los intereses del Estado como los de las personas.

La responsabilidad de la conservaci¨®n de estos archivos sobrepasa los l¨ªmites territoriales del Estado; muchos de ellos pueden encontrarse en un tercer pa¨ªs. Esta responsabilidad implica la toma de conciencia del conjunto de la comunidad internacional. Preocupado con raz¨®n por el futuro de los archivos del bloque sovi¨¦tico tras su derrumbamiento, el Consejo Internacional de Archivos prepar¨® en 1999, con el apoyo de la Unesco, un informe sobre las actividades de los servicios llamados "de seguridad" de los reg¨ªmenes represivos desaparecidos. Teniendo en cuenta la importancia que revisten los archivos de las organizaciones de defensa de los derechos humanos para los pa¨ªses que han sufrido el yugo de reg¨ªmenes dictatoriales, se ha solicitado a la Unesco su inscripci¨®n en el patrimonio de la humanidad.

Otra reciente iniciativa por parte del Consejo Internacional de Archivos ha sido la puesta en marcha de un proyecto de "gu¨ªa internacional de fuentes para la defensa de los derechos humanos". Su fin es identificar y localizar estos fondos, hacerlos accesibles en condicionales legales, proteger las fuentes alternativas que han dado lugar a la constituci¨®n de aut¨¦nticos archivos de la represi¨®n, y animar a los pa¨ªses concernidos a tomar las medidas para transmitirlos a las generaciones futuras.

En lo que se refiere a la ONU, un informe sobre la protecci¨®n y promoci¨®n de los derechos del hombre en la lucha contra la impunidad propone a la Comisi¨®n de derechos del hombre someter a la aprobaci¨®n de la Asamblea General un conjunto de principios destinados a incitar a los Estados a tomar medidas en este sentido. El principio 2 enuncia lo que -seg¨²n nosotros- deber¨ªa convertirse en uno de los principios fundamentales del derecho internacional: "El conocimiento por un pueblo de la historia de su opresi¨®n pertenece a su patrimonio y, como tal, debe ser preservado con medidas apropiadas en nombre del deber de memoria que incumbe al Estado".

Perrine Canavaggio es secretaria general adjunta del Consejo Internacional de Archivos y Louis Joinet es relator especial en Naciones Unidas acerca de la lucha contra la impunidad.