Blindar fronteras

Un pa¨ªs desarrollado y democr¨¢tico como Espa?a tiene la obligaci¨®n de habilitar la entrada de quienes llegan desde el extranjero con la esperanza de rehacer su vida y lograr un trabajo digno. Pero tambi¨¦n tiene el deber de regularizar ese fen¨®meno si quiere evitar el caos social. El n¨²mero de extranjeros en los ¨²ltimos cuatro a?os ha pasado de un mill¨®n a cuatro, y se estima que llegar¨¢ a 11 millones en una d¨¦cada. M¨¢s de 70.000 han sido expulsados de enero a agosto de 2004. Las ¨²ltimas medidas del Gobierno socialista sobre extranjer¨ªa y el refuerzo de fronteras para frenar la llegada de indocumentados son un paso correcto en esa direcci¨®n de ordenar la casa. Eso no significa que sean suficientes. Pero lo que s¨ª es importante es que formen parte de una consensuada pol¨ªtica de Estado en la materia y, por tanto, que haya un m¨¢ximo esfuerzo de responsabilidad de todos los partidos y los agentes sociales para posibilitarla.

El problema trasciende el ¨¢mbito nacional y de ah¨ª que la UE trate de abordarlo. Cada a?o intentan entrar ilegalmente medio mill¨®n de personas en territorio europeo y otras 400.000 solicitan asilo. Ha habido proyectos desafortunados, como la idea de crear centros de internamiento transitorios en el norte de ?frica, pues son muy escasas las garant¨ªas de protecci¨®n de derechos que ofrecen los pa¨ªses del Magreb. M¨¢s coherente parece, en cambio, la puesta en marcha de una Agencia Europea de Control de Fronteras para implicar a esas naciones en la lucha contra la inmigraci¨®n clandestina.

El problema, tal como se ha planteado en Espa?a, parece centrarse en un nuevo ejercicio de acusaciones cruzadas entre socialistas y populares sobre el nuevo reglamento de la Ley de Extranjer¨ªa presentado por el Gobierno de Zapatero a finales de octubre. El PP teme que se convierta en una especie de coladero para una multitud de sin papeles que desestabilice el mercado laboral. El proyecto contempla un periodo transitorio de tres meses para que los extranjeros con contrato de trabajo de al menos seis meses puedan obtener papeles. El problema estriba en saber a cu¨¢ntos va a afectar la medida. Hay un confuso baile de cifras. Se ha hablado de 800.000 inmigrantes ilegales y posteriormente de 200.000. Habr¨¢ que ver qui¨¦nes ser¨¢n al final los beneficiarios y sobre todo si estas operaciones no servir¨¢n como tapadera de mafias laborales.

La creaci¨®n de una Unidad Central de Expulsiones y Repatriaciones es ¨²til, aunque tal vez no sea suficiente. Este organismo, que incluir¨¢ a m¨¢s de un centenar de agentes, a los que se sumar¨¢n otros tantos para los centros de internamiento de Algeciras, Tenerife y Fuerteventura, y la misma cantidad para el aeropuerto de Barajas, deber¨ªa servir para mejorar los sistemas de control de las entradas terrestres, a¨¦reas y mar¨ªtimas. Regularizar obliga tambi¨¦n a reforzar las fronteras.