Injusticia a la mexicana

Un hombre de corbata y pocas palabras acudi¨® al domicilio de la madre de Sergio Javier Ibarra L¨®pez, condenado a 70 a?os de c¨¢rcel, y le entreg¨® dos kilos de oficios judiciales: "Ah¨ª tiene usted la inocencia y la libertad de su hijo". Y se fue. Nadie sabe si el an¨®nimo benefactor de principios de a?o lo fue por la comez¨®n de la conciencia o esconde intenciones aviesas.

"Mi hijo no ha matado al hermano [Alejandro Ortiz] del ex gobernador del Banco de M¨¦xico, ni cometi¨® delito alguno", reiter¨® Cristina L¨®pez al compartir la documentaci¨®n con este corresponsal. Sergio Ibarra pide la intervenci¨®n del presidente, Vicente Fox, y su absoluci¨®n porque ya se detuvo al supuesto asesino confeso de Ortiz, cuyas huellas dactilares coinciden con las halladas en el lugar del crimen, de acuerdo con la documentaci¨®n filtrada por el hombre de la corbata.

El preso pide al presidente Fox que intervenga para lograr su absoluci¨®n

"Se?or, no le miento. Soy inocente", insisti¨® Ibarra, de 34 a?os, con tres hijas menores de edad, durante sus frecuentes telefonazos desde el Reclusorio Oriente, c¨¢rcel del Distrito Federal. Probablemente su caso es el de muchos, condenados en procesos oscurantistas e irregulares, cuando no ama?ados, y revela las graves carencias de la justicia mexicana, puestas de manifiesto en el diagn¨®stico del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en M¨¦xico, publicado en diciembre del pasado a?o. El trabajo de un periodista extranjero en Am¨¦rica Latina incluye escuchar a gente que implora ayuda arguyendo que la justicia niega amparo a quienes son pobres y no pueden comprarlo.

No es f¨¢cil saber cu¨¢ndo los suplicantes dicen la verdad o mienten, pero el caso Ibarra parece reunir el perfil de las maquinaciones que arruinan vidas y familias y refuerzan la urgencia de la reforma judicial propuesta al Congreso por el Gobierno. "?Se?or, va a escribir algo sobre m¨ª? Todo es falso y fabricado. Soy un preso pol¨ªtico. No quieren reabrir el caso para no correr con el coste pol¨ªtico de la injusticia cometida".

Ibarra contin¨²a encarcelado desde el a?o 1999, pese a que, en diciembre del 2003, fuera detenido Juan Carlos Acosta Ortega, alias El Burgu¨¦s, incriminado en m¨¢s de 10 asesinados, entre ellos el cometido, en el a?o 1997, contra Alejandro Ortiz, hermano del actual gobernador del Banco de M¨¦xico, Guillermo Ortiz, por cuya muerte pena Sergio Ibarra. El Burgu¨¦s fue imputado tambi¨¦n por el robo de una camioneta de la Polic¨ªa Federal Preventiva (PFP) y de la moto de un escolta de Mariano Herr¨¢n Salvati, entonces fiscal antidrogas.

La documentaci¨®n entregada por el misterioso benefactor recoge la declaraci¨®n policial de Acosta admitiendo la muerte de Alejandro Ortiz. "Fueron a lo suyo. Quer¨ªan que me declarara c¨®mplice del narcotraficante Alcides Ram¨®n Maga?a, alias El Metro, y que dijera que me hab¨ªa pagado para atentar contra el fiscal Herr¨¢n Salvati, que ten¨ªa altercados con Villanueva", relata Sergio Ibarra. De acuerdo con su versi¨®n, le propusieron, bajo amenazas y torturas, testificar contra Mario Villanueva, que fue gobernador del Estado de Quintana Roo por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). "Detuvieron a unas personas que ven¨ªan a comer a mi taquer¨ªa (tacos: tortas de ma¨ªz o harina con carne) y como les encontraron tarjetas de visita y volantes de publicidad de mi establecimiento, pues, a partir de ah¨ª, me involucraron en todo para armar su caso culpando a gente como yo, sin recursos".

Sergio Ibarra, seg¨²n afirma, se neg¨® a participar en la farsa y le abrieron otras causas por robo e intento de homicidio. Culpa al procurador general de Justicia del Distrito Federal (1997-2000), Samuel del Villar, el funcionario que actu¨® en su contra y que presuntamente quiso ayudar a Herr¨¢n Salvati en la persecuci¨®n del ex gobernador de Quintana Roo. Durante una vista, "un comandante de la polic¨ªa me dijo que ya ten¨ªa identificados a los verdaderos asesinos del hermano del gobernador del Banco de M¨¦xico, pero que si declaraba contra Villanueva me depositar¨ªan 400.000 pesos (38.000 d¨®lares) en una cuenta y que en 10 a?os saldr¨ªa de la c¨¢rcel porque me ir¨ªan quitando cargos".

"La ausencia de un debido proceso en M¨¦xico", dice el informe de la ONU entregado al Gobierno, "impide que la sociedad tenga la certeza de que quienes cumplen [condena] son responsables de la comisi¨®n de un delito". Diputados de varios partidos prometieron ayuda a Sergio Ibarra, pero el tiempo pasa y su madre contin¨²a peregrinando por despachos y bufetes sin que el caso se haya reabierto, ante la existencia de elementos nuevos y la detenci¨®n del supuesto asesino del hermano del gobernador de Banco de M¨¦xico.