El ex alcalde de Aranjuez, imputado por prevaricaci¨®n y delitos urban¨ªsticos

El Juzgado de Instrucci¨®n 2 de Aranjuez ha dictado un auto en el que imputa delitos contra la ordenaci¨®n del territorio, prevaricaci¨®n y negociaciones prohibidas a funcionarios, al ex alcalde de Aranjuez, Jos¨¦ Mar¨ªa Cepeda (PP); a un hermano de ¨¦ste, Javier Ram¨®n, ex concejal de Urbanismo; a ?ngel G¨¢lvez, ex concejal de Hacienda, y a los t¨¦cnicos municipales Jes¨²s Antonio Segado y Jos¨¦ ?ngel Lazareno.

El juez, Gonzalo Salgado, indica en su auto que ve indicios de los citados delitos y ordena continuar el proceso judicial por el cauce del procedimiento abreviado. Para ello, el juez ha remitido las diligencias a las partes personadas en la causa para que, en su caso, formulen sus respectivos escritos de acusaci¨®n. Bastar¨¢, pues, con que el fiscal presente su acusaci¨®n para que los imputados tengan que ir a juicio y sentarse en el banquillo. Esta investigaci¨®n judicial nace de una querella que interpuso el fiscal de Urbanismo y Medio Ambiente de Madrid, Emilio Valerio, contra los imputados, a los que acus¨® de formar una supuesta trama econ¨®mica de enriquecimiento il¨ªcito.

En su auto, fechado a comienzos de noviembre, el juez se?ala: "De la ampl¨ªsima documentaci¨®n obrante en la causa, as¨ª como de la vista de los n¨²meros interrogatorios efectuados a imputados y testigos que han tenido relaci¨®n con los hechos descritos en la querella, puede deducirse indiciariamente la comisi¨®n de los il¨ªcitos penales descritos y la participaci¨®n en los mismos de los referidos encartados".

El juez entiende que la normativa urban¨ªstica se ha infringido en Aranjuez "de manera manifiesta y grave". Se refiere, entre otros, "al proyecto de construcci¨®n de 32 viviendas unifamiliares en la finca Granja de los Faisanes". Al autorizar estas viviendas, "se privatiz¨® suelo p¨²blico" que estaba destinado a viales, se?ala, quien rese?a "la irregular actuaci¨®n posterior del alcalde, Jos¨¦ Mar¨ªa Cepeda", y del entonces edil de Urbanismo, su hermano Javier Ram¨®n, quienes hicieron una modificaci¨®n puntual del planeamiento urban¨ªstico de Aranjuez "con el ¨²nico objetivo de levantar la paralizaci¨®n de las obras cuya licencia hab¨ªa anulado" el Tribunal Supremo. El ex alcalde manifest¨® ante el juez que se tom¨® esa decisi¨®n "para evitar una demanda de la constructora contra el Ayuntamiento".El juez se?ala que hay "relaciones, al menos econ¨®micas, entre Jes¨²s Antonio Segado [aparejador municipal] y Jos¨¦ ?ngel Lazareno [un arquitecto contratado por el Ayuntamiento para la ejecuci¨®n de obras]". Seg¨²n el juez, tales "relaciones" se dan "a trav¨¦s de las mercantiles Alcodas, SL, y Collado y Fraile SL, as¨ª como entre la esposa del primero, Mar¨ªa Antonia Montero". El juez alude "a la presunta irregular actuaci¨®n" de Segado, "avalada por el concejal G¨¢lvez", en una actuaci¨®n urban¨ªstica relacionada con la Comunidad de Propietarios del Edificio San Fernando, en el n¨²mero 17 de la calle de Almansa en Aranjuez.

Los vecinos cuestionaron la legalidad de la licencia dada para levantar unos minicines y un centro comercial en la zona y la reacci¨®n del Ayuntamiento fue, seg¨²n el juez, exigir a los vecinos que acometieran "determinadas obras" en sus inmuebles en un plazo de cinco d¨ªas. Esto se hizo con un informe favorable de Segado, quien debi¨® de "abstenerse" por sus vinculaciones con la empresa Alcodas, que ten¨ªa intereses en ese desarrollo urban¨ªstico.

Reparos del interventor

Asimismo, el juez destaca que durante los ejercicios de 1998 a 2001 "hay un n¨²mero elevado de facturas libradas contra el Ayuntamiento por diversas mercantiles y personas f¨ªsicas cuyo importe global es muy significativo, y frente a las cuales los interventores municipales formulan reparos por varias y graves irregularidades". En lugar de "eliminar las irregularidades" con las que se daba luz verde al pago de las facturas, "el [ex] concejal de Hacienda, Miguel ?ngel G¨¢lvez (y en ¨²ltima instancia el alcalde), opta de forma reiterada por presentar tales facturas en diversos plenos durante varios a?os para su aprobaci¨®n extrajudicial". De esta forma, a?ade el juez, "sustrajeron de la intervenci¨®n y control municipal numerosas facturas del Ayuntamiento correspondientes a obras y servicios".

As¨ª, por ejemplo, las obras de restauraci¨®n en el Ayuntamiento, adjudicadas a la empresa Maconsa, fueron tasadas en 769.295 euros y, sin embargo, el coste posterior real fue de casi 3.005.060 euros. Y el ¨²nico aval del incremento del coste de esta obra fue un informe de los t¨¦cnicos Segado y Lazareno. Seg¨²n el juez, en esta obra "se soslay¨® totalmente la tramitaci¨®n administrativa exigida por la legislaci¨®n de contratos de administraciones p¨²blicas". G¨¢lvez es quien autorizaba esos incrementos de precios y luego los pasaba a la aprobaci¨®n "extrajudicial" en el pleno.

450 viviendas

El juez habla tambi¨¦n de la adjudicaci¨®n de 450 viviendas mediante el sistema de concurso p¨²blico. La mesa de contrataci¨®n, que presid¨ªa el ex edil G¨¢lvez, acord¨® adjudicarlas a la Inmobiliaria Egido. Si bien, se?ala el juez, G¨¢lvez "convenci¨®" a un t¨¦cnico de la citada mesa y convoc¨® otra reuni¨®n al d¨ªa siguiente y logr¨® que tal adjudicaci¨®n fuese para la empresa Metroges. El juez, no obstante, entiende que "no ha podido m¨ªnimamente demostrarse la participaci¨®n de la empresa Metroges a trav¨¦s de sus administradores en la decisi¨®n adoptada por este concejal".