Los alcaldes piden m¨¢s poder

Los alcaldes se plantan. Est¨¢n cansados de asumir competencias que nos les corresponden y sin los recursos necesarios; se dicen hartos de que les culpen de las penurias de la vida local sin tener toda la responsabilidad; se quejan de ser considerados la cenicienta de la Administraci¨®n, cuando son ellos los que bregan en primera instancia con los problemas de los ciudadanos.

Cuando se cumplen 25 a?os de las primeras elecciones locales democr¨¢ticas, los regidores de Madrid (Alberto Ruiz-Gallard¨®n, del PP), Barcelona (Joan Clos, del PSC), Valencia (Rita Barber¨¢, del PP), C¨®rdoba (Rosa Aguilar, de IU) y A Coru?a (Francisco V¨¢zquez, del PSdeG) se reunieron el pasado lunes en la sede de EL PA?S para plantear sus reivindicaciones, reclamar m¨¢s dinero, m¨¢s competencias y un papel m¨¢s activo y relevante en la organizaci¨®n del Estado. Creen que es el momento adecuado en un periodo, el actual, de anunciadas reformas estatutarias y de la Constituci¨®n.

Los ayuntamientos reclaman el pago de la "deuda hist¨®rica", el dinero gastado en dar servicios que corresponden a otras administraciones

RUIZ-GALLARD?N "Nosotros contribuimos a la pujanza econ¨®mica; pedimos el 10% del IRPF, un 30% del IVA y un 20% de los impuestos especiales"

JOAN CLOS "Reclamo la gesti¨®n de la educaci¨®n primaria hasta los 12 a?os, el fomento del empleo, la vivienda y los servicios sociales"

FRANCISCO V?ZQUEZ "En 1984, los ayuntamientos ten¨ªamos el 13% del gasto p¨²blico. Hoy, 20 a?os despu¨¦s, estamos donde est¨¢bamos"

RITA BARBER? "?C¨®mo no estamos en el Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera, si adopta medidas que tenemos que cumplir nosotros?"

ROSA AGUILAR "Estamos sometidos a dos centralismos: el del Estado y el de las comunidades aut¨®nomas, que acaparan competencias y dinero"

RUIZ-GALLARD?N "Somos la garant¨ªa de integraci¨®n de los inmigrantes porque su primer encuentro con la sociedad lo tienen en los ayuntamientos"

JOAN CLOS "Es importante que se entienda que si tenemos un pobre lo vamos a atender tanto si es un pobre nacional como si es extranjero"

FRANCISCO V?ZQUEZ "En los municipios peque?os dicen: 'Mira, ahora no te puedo dar nada porque se lo tengo que dar a ¨¦stos que acaban de llegar"

RITA BARBER? "El Gobierno debe asumir sus responsabilidades respecto a la inmigraci¨®n y no limitarse a repartir 120 millones"

ROSA AGUILAR "No debe haber barrios para ricos y para pobres; la vivienda de protecci¨®n oficial debe estar en todos los barrios de la ciudad"

RUIZ-GALLARD?N "La seguridad es un derecho, pero tambi¨¦n mejora la competitividad para atraer inversi¨®n, generar riqueza y empleo"

JOAN CLOS "En Barcelona planteamos que la Junta Local de Seguridad tenga el mando estrat¨¦gico, no operativo; pedimos la justicia local"

FRANCISCO V?ZQUEZ "La competencia de la Polic¨ªa Local es el cumplimiento de las ordenanzas. Punto y final. Pero luego no ha sido as¨ª"

RITA BARBER? "La autoridad del alcalde est¨¢ totalmente mermada en realidad; ?cu¨¢ntas veces hemos o¨ªdo: 'No pagues la multa, si no pasa nada?"

Durante dos horas de debate, los cinco alcaldes hablaron de la financiaci¨®n municipal, del problema de la seguridad, de sus "nulas" competencias en materia de vivienda, de la falta de recursos para atender las necesidades de los inmigrantes y su integraci¨®n... Abri¨® el fuego Francisco V¨¢zquez, alcalde de A Coru?a y presidente de la Federaci¨®n Espa?ola de Municipios y Provincias, para aclarar qu¨¦ significa la "segunda descentralizaci¨®n" que tanto ans¨ªan los regidores.

Francisco V¨¢zquez. La segunda descentralizaci¨®n es, primero, la econ¨®mica. El primer problema que planteamos los ayuntamientos es la satisfacci¨®n de la deuda hist¨®rica. Se nos tiene que pagar el dinero que hemos gastado todos estos a?os en dar a los ciudadanos servicios que les correspond¨ªa prestar a las dem¨¢s administraciones. Eso afecta a todos los ayuntamientos, pero los m¨¢s peque?os tienen una situaci¨®n tremenda.

La segunda descentralizaci¨®n consiste en abordar un proceso que ha quedado interrumpido en las comunidades aut¨®nomas. No se puede llevar a cabo ninguna reforma estatutaria ni una nueva asunci¨®n de competencias auton¨®micas si previamente no se efect¨²a el reparto de funciones entre el Estado, las autonom¨ªas y los ayuntamientos. La esencia es ¨¦sa: primero, el dinero, y despu¨¦s, fijar qu¨¦ tiene que hacer cada administraci¨®n.

Alberto Ruiz-Gallard¨®n. En primer lugar, si hemos construido un Estado en el que se ha llegado a la conclusi¨®n de que era mejor que ciertas competencias las tuvieran las comunidades aut¨®nomas porque iba a ser m¨¢s eficiente la prestaci¨®n del servicio p¨²blico al ciudadano, ese mismo principio, l¨®gicamente, debe aplicarse a los ayuntamientos. Nosotros debemos gestionar las competencias que realicemos mejor que las comunidades aut¨®nomas. En segundo lugar, tiene que haber suficiencia presupuestaria para todas y cada una de las nuevas competencias que se nos transfieran y para las que ya ejercemos de hecho. Este es el tercer punto: convertir en legal lo que es real.

Rita Barber¨¢. Un 30% de las competencias que ejercemos se corresponden con servicios para los que no tenemos competencia legal ni recursos propios. Estos servicios suponen un 20% de unos recursos que tendr¨ªan que estar destinados a otros asuntos.

Los ayuntamientos queremos estar en el debate estatal, porque somos Estado y as¨ª lo dice la Constituci¨®n. Si no estamos en el debate constitucional y estatutario, no se nos reconocer¨¢n, al menos en un futuro pr¨®ximo, las competencias necesarias para que la administraci¨®n sea m¨¢s barata, m¨¢s ¨¢gil y m¨¢s eficaz. La Conferencia de Presidentes fue una oportunidad para que el presidente del Gobierno hubiera planteado a los presidentes auton¨®micos: "Se?ores, debemos modernizar las competencias que deben prestar los ayuntamientos, con los medios necesarios para poderlas ejercer".

Joan Clos. Los ayuntamientos tenemos los mismos porcentajes del total del gasto p¨²blico que ten¨ªamos en la dictadura. Y hay que recordar que es el m¨¢s bajo de todo el continente europeo, ya sea en Estados centralizados, donde llega al 40% o el 50% del total del gasto p¨²blico, o en Estados federales, donde representa el 25%. Aqu¨ª gastamos un 13%. Tenemos un defecto en la distribuci¨®n del gasto, que va m¨¢s all¨¢ de las diferencias pol¨ªticas. Lo que pasa es que esto suena a disco rayado. Es preciso definir qu¨¦ queremos. Yo, para Barcelona, reclamo gestionar la educaci¨®n primaria hasta los 12 a?os, los servicios de fomento del empleo, la vivienda y los servicios sociales. As¨ª llegar¨ªamos a controlar el 25% del gasto p¨²blico.

Rosa Aguilar. Si durante 25 a?os los ayuntamientos democr¨¢ticos venimos diciendo lo mismo, es porque ning¨²n Gobierno nos ha atendido debidamente. No ha habido voluntad pol¨ªtica por parte del Gobierno que fuere de resolver temas que son esenciales. Si somos una parte del Estado, si somos poder pol¨ªtico, es normal que tengamos competencias claras y recursos financieros para desarrollarlas. Y cuando pedimos m¨¢s recursos no es que de pronto queramos tener m¨¢s dinero porque s¨ª, sino para ser m¨¢s ¨²tiles a la ciudadan¨ªa, para ser m¨¢s eficaces y r¨¢pidos en las respuestas. Ahora que se habla de la Constituci¨®n Europea, quiero recordar que Espa?a tiene suscrita la Carta Local Europea, que no se ha hecho realidad. En ella se consagra el principio de subsidiariedad, pero hasta ahora no se le ha hecho ni caso.

Estamos sometidos a dos centralismos: el del Estado central y el de las comunidades aut¨®nomas, que han acaparado competencias y dinero. Cuando los ayuntamientos planteamos: "C¨¦dannos competencias, eval¨²en su cuant¨ªa y cedan recursos", nos encontramos con una cerraz¨®n impropia de unas comunidades aut¨®nomas que se supone que tienen claro qu¨¦ es eso de la descentralizaci¨®n. El Estado debe incrementar la participaci¨®n de los ayuntamientos en los ingresos del Estado, y con las comunidades aut¨®nomas tenemos que ponernos de acuerdo en la transferencia de competencias. Hay competencias que deben ser transferidas de inmediato, como los servicios sociales, la cultura, el deporte...

Barber¨¢. Quiero hacer una matizaci¨®n a la intervenci¨®n de la alcaldesa de C¨®rdoba. Probablemente no hemos avanzado todo lo que deb¨ªamos, pero tampoco nos hemos quedado parados. En 1998, con Mariano Rajoy como ministro de Administraciones P¨²blicas, se avanz¨® en las transferencias del Estado a las comunidades aut¨®nomas; recuerdo la posibilidad de acudir directamente al Tribunal Constitucional. Tambi¨¦n se firm¨®, con el mismo Gobierno, un nuevo acuerdo de financiaci¨®n local.

Ruiz-Gallard¨®n. Como presidente auton¨®mico, dirig¨ª la tramitaci¨®n de la ley de transferencias a los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. S¨®lo dos autonom¨ªas han impulsado esta segunda descentralizaci¨®n. Esa ley, en Madrid, est¨¢ hoy paralizada. No se ha producido ninguna transferencia en esta legislatura.

V¨¢zquez. Creo que soy el m¨¢s antiguo de todos los alcaldes. Nunca tuvimos el mejor ministro de Administraciones P¨²blicas; tampoco el mejor ministro de Hacienda. El t¨®pico de la cercan¨ªa al ciudadano lleva impl¨ªcito el de la lejan¨ªa a los Presupuestos. El ministro que m¨¢s sensibilidad tuvo fue Rodolfo Mart¨ªn Villa, que fue uno de los primeros en plantear, en la etapa de UCD, que los ayuntamientos fueran el equilibrio frente a las comunidades aut¨®nomas. Recuerdo tambi¨¦n al ministro Solbes, en su anterior etapa en el Gobierno, con el que superamos el bill¨®n de pesetas de financiaci¨®n. Ahora le pido que no malogre esa p¨¢gina ilustre en su biograf¨ªa. Tanto los Gobiernos del PP como los del PSOE son responsables, porque pod¨ªamos tener arreglado el asunto y no lo tenemos.

Pero miremos adelante. Cuando el Gobierno dice "resolveremos la deuda hist¨®rica de Andaluc¨ªa, y el d¨¦ficit de Renfe, y la deuda de RTVE", quiere decir que hay fondos para ello en las arcas del Estado. Por tanto, tendr¨¢ que haber dinero tambi¨¦n para una instituci¨®n del Estado como son los ayuntamientos. Discrepo cuando el secretario de Estado de Hacienda dice que las administraciones territoriales tienen cerca del 60% del gasto p¨²blico. No, los ayuntamientos gastamos el 13,8%; el resto es de las autonom¨ªas.

Al a?o siguiente de ser yo elegido alcalde, en 1984, los ayuntamientos ten¨ªamos el 13,2% del gasto p¨²blico. Es decir, que 20 a?os despu¨¦s estamos donde est¨¢bamos. Ah¨ª est¨¢ la gran diferencia con otros pa¨ªses. Cuando uno viaja dice: "?Qu¨¦ limpias est¨¢n las ciudades francesas o finlandesas!". ?Por qu¨¦? Porque tienen m¨¢s recursos, no porque sean m¨¢s listos que nosotros. Los ayuntamientos de la UE, antes de la ampliaci¨®n, ten¨ªan, de media, el 23,4% del gasto p¨²blico; y en los pa¨ªses escandinavos llegan al 55% o 60%.

Aguilar. Los ayuntamientos fuimos solidarios con la construcci¨®n del Estado de las autonom¨ªas. Ahora es el momento oportuno para que las comunidades se vuelquen con nosotros y entiendan que la cesi¨®n de transferencias no supone una p¨¦rdida de poder pol¨ªtico, sino una mejor atenci¨®n al ciudadano.

Clos. Cuando hablamos de extender el servicio p¨²blico local, no ponemos en riesgo el presupuesto p¨²blico, no estamos amenazando el d¨¦ficit del Estado. La Administraci¨®n que ha tenido un incremento menor de endeudamiento en los ¨²ltimos 15 a?os ha sido la local. El 50% de nuestros ingresos procede de impuestos propios, y el otro 50%, de las transferencias del Estado. Por tanto, tenemos un grado de corresponsabilidad fiscal mucho m¨¢s alto que las comunidades aut¨®nomas, donde los impuestos propios rondan el 18% o el 20%. Adem¨¢s, el Estado corrige a la baja los recursos de los ayuntamientos que son generosos con sus ciudadanos y les cobran menos impuestos.

?Esto a qu¨¦ ha llevado? Pues a que la disciplina econ¨®mica de la Administraci¨®n local es ejemplar en nuestro pa¨ªs: a pesar de que hay 9.000 municipios, la contribuci¨®n de la Administraci¨®n local y provincial a la deuda p¨²blica es irrelevante. No somos un problema financiero para el Estado.

Barber¨¢. ?C¨®mo es posible que los ayuntamientos no estemos en el Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera, si ah¨ª se adoptan medidas que luego tenemos que cumplir nosotros?; ?c¨®mo no estamos en las conferencias sectoriales de Medio Ambiente o de Vivienda? No se trata s¨®lo de transferir competencias o de tener m¨¢s dinero, tenemos que tener plena participaci¨®n y opini¨®n en el conjunto del Estado.

V¨¢zquez. Nosotros tenemos la mitad de deuda que tienen las comunidades aut¨®nomas, seg¨²n los datos oficiales de 2003. Y, por cierto, por esa deuda pagamos un inter¨¦s del 3,8% y las comunidades aut¨®nomas pagan el 4,4%. Adem¨¢s, y parad¨®jicamente, nosotros invertimos m¨¢s que las comunidades aut¨®nomas: ellas invierten 8.200 millones y los poderes locales 8.900. Nosotros tenemos m¨¢s capacidad inversora.

LA INMIGRACI?N

EL PA?S. Veamos dos temas. Los nuevos Presupuestos adjudican 120 millones de euros al problema de la inmigraci¨®n. El 60% de esa partida ir¨¢ directamente a los ayuntamientos para la acogida y las pol¨ªticas de integraci¨®n social y un 40% para asuntos relacionados con la educaci¨®n. ?Es suficiente? Est¨¢ tambi¨¦n el asunto del empadronamiento de los inmigrantes, que es uno de los pilares del nuevo proceso de regularizaci¨®n que se abrir¨¢, durante tres meses, desde enero del pr¨®ximo a?o.

Clos. Nosotros no queremos hacer pol¨ªticas espec¨ªficas de inmigraci¨®n. Se pueden hacer servicios especiales de acogida para la inmigraci¨®n, pero las pol¨ªticas de servicios sociales, vivienda, educaci¨®n, sanidad, son gen¨¦ricas, no tienen nombres ni apellidos, y todas las personas que tengan necesidad de ellas tienen que poder disfrutarlas. Bienvenidos sean los 120 millones, pero es muy importante que se entienda que si tenemos un pobre lo vamos a tratar tanto si es pobre nacional como si es extranjero. Es decir, la atenci¨®n espec¨ªfica al inmigrante se reduce a la acogida, la traducci¨®n si habla otra lengua, y poco m¨¢s. Las pol¨ªticas sociales son transversales, y el derecho de acceder a ellas lo da el nivel de renta, no el origen.

EL PA?S. Pero, a la hora de asignar ayudas a la inmigraci¨®n, ?habr¨¢ que distribuirlas seg¨²n el censo de inmigrantes de cada ayuntamiento?

Clos. Pues es un error. Lo que hay que fijar es cu¨¢nta poblaci¨®n est¨¢ por debajo de la renta m¨ªnima, sean inmigrantes o no. Lo relevante es que son personas que lo necesitan, no que son inmigrantes. Hay inmigrantes que se ganan bien la vida.

V¨¢zquez. Estamos mezclando dos cosas distintas. Desde la Federaci¨®n de Municipios planteamos al Gobierno la situaci¨®n cr¨ªtica de much¨ªsimos ayuntamientos, sobre todo los peque?os. Est¨¢n afrontando sin medios econ¨®micos la llegada de inmigrantes, que traen a familias, que traen ni?os a mitad del curso escolar, y lo hacen con cargo s¨®lo a los recursos municipales. "Hasta aqu¨ª hemos llegado, amigo, nosotros no podemos", dicen ellos. Y no hablemos de la inmigraci¨®n ilegal. A un ayuntamiento de Fuerteventura, por ejemplo, le llegan en una noche seis pateras, y por la ma?ana tiene que improvisar desayunos, ropa, y atenci¨®n m¨¦dica. Esto es una cosa y otra cosa muy distinta es que el tratamiento social sea gen¨¦rico para todos.

Barber¨¢. Comparto la filosof¨ªa de Joan Clos en general, pero la realidad concreta de cada d¨ªa es distinta. ?Qu¨¦ hacemos los ayuntamientos cuando nos llegan diariamente tantos inmigrantes? Los centros de acogida para orientarles, en los que trabajan psic¨®logos, educadores, traductores, cuestan un dinero al ayuntamiento, pese a no tener competencias para ello.

El tema fundamental del futuro es el padr¨®n. Y en este momento tenemos domicilios donde hay empadronadas 40 o 50 personas que ni siquiera residen en la ciudad. Eso exige una inspecci¨®n especial, y no tenemos capacidad para hacerla; ah¨ª est¨¢ el INE y la Polic¨ªa. ?C¨®mo vamos a hacer nosotros el informe de arraigo, que es fundamental para luego tener la residencia? El Gobierno debe asumir sus responsabilidades y no limitarse a dar los 120 millones. Yo no quiero colegios especiales ni barrios especiales para inmigrantes, pero en la educaci¨®n obligatoria el 30% y 40% de los alumnos de cada clase proceden de familias inmigrantes. Est¨¢n integrados, pero hay que atenderles.

Aguilar. A m¨ª lo que me parece muy importante, en este momento, es que se explique a la ciudadan¨ªa el destino que tienen esos recursos. Porque si no se hace, se puede concluir que va a haber una discriminaci¨®n en el trato a la poblaci¨®n.

Ruiz-Gallard¨®n. El Estado debe ser consciente de que nosotros somos la garant¨ªa de la integraci¨®n de los inmigrantes en la sociedad espa?ola y de que su primer encuentro con la sociedad es a trav¨¦s de los servicios p¨²blicos municipales. Si fracasamos porque no tenemos recursos, no habr¨¢ integraci¨®n. Es una necesidad del Estado que se nos den esos recursos.

En Espa?a ha aumentado la poblaci¨®n en 1.700.000 habitantes, que se han asentado en las grandes ciudades. En Madrid, en los ¨²ltimos a?os, en raz¨®n de la inmigraci¨®n, ha aumentado la poblaci¨®n en 213.000 habitantes. El porcentaje de crecimiento demogr¨¢fico ha sido del 7,5% en cuatro a?os. Los ayuntamientos no podemos atender un crecimiento tan espectacular. Si el Estado no paga nuestras pol¨ªticas de integraci¨®n, esto puede convertirse en un elemento de conflicto.

Clos. Una pol¨ªtica integral de inmigraci¨®n requiere un pacto de las administraciones local, auton¨®mica y central. Y tiene que incluir la educaci¨®n, la escuela, la vivienda, los servicios sanitarios y la convivencia en la calle, la transmisi¨®n de los valores de nuestra cultura. El tema de la vivienda es delicad¨ªsimo. Hay que evitar hacer guetos de vivienda p¨²blica para los inmigrantes. Ser¨ªa el peor fracaso de la pol¨ªtica de integraci¨®n.

Aguilar. No debe haber barrios para gente rica o gente pobre. La vivienda de protecci¨®n oficial tiene que estar en todos los barrios de la ciudad.

Clos. Para eso se requieren unas pol¨ªticas de vivienda p¨²blica muy contundentes.

V¨¢zquez. Yo intento que lo veamos todo desde el conjunto del municipalismo, no solamente desde nuestras ciudades. En la inmigraci¨®n, el problema m¨¢s complicado lo tienen los peque?os ayuntamientos.

Aguilar. ?Por qu¨¦?

V¨¢zquez. Recibimos continuamente cartas de ayuntamientos de 5.000, 10.000 o 15.000 habitantes que dicen que han tenido que paralizar un servicio de asistencia a domicilio o un centro de atenci¨®n porque deben pagar un psic¨®logo que atienda a 20 ni?os magreb¨ªes que han llegado a mitad de curso. Eso es un problema muy grande. No veamos el problema de la inmigraci¨®n s¨®lo desde las ciudades.

Adem¨¢s, la falta de dinero para atender a las necesidades de los inmigrantes y a las del resto de la poblaci¨®n provoca una reacci¨®n negativa en la ciudadan¨ªa, porque el ciudadano llega con un asunto y el ayuntamiento le dice: "Mira, ahora no te puedo dar nada, porque se lo tengo que dar a ¨¦stos que acaban de llegar".

Clos. Por eso la gesti¨®n de la inmigraci¨®n afecta a todas las administraciones. Lo de la escuela y el psic¨®logo que dices no corresponde al municipio, sino a las comunidades aut¨®nomas. Nos toca a nosotros hacer de Administraci¨®n escoba otra vez: resolver todas las ineficacias de las administraciones previas, las competentes. Que no crean que con 120 milloncetes ya est¨¢ resuelto el problema de la inmigraci¨®n.

V¨¢zquez. Es una medida de choque.

LA SEGURIDAD

EL PA?S. La seguridad ciudadana es otro asunto relevante en el Gobierno de las ciudades. ?Desean tambi¨¦n m¨¢s competencias? ?Deber¨ªan ser ustedes los jefes de las polic¨ªas que act¨²an en sus t¨¦rminos municipales?

Clos. Por suerte estamos entre los pa¨ªses europeos con m¨¢s polic¨ªa por 1.000 habitantes, pero donde veo que tenemos que mejorar es en la eficacia judicial, el tema penal, porque estamos incrementando nuestra poblaci¨®n penitenciaria a un ritmo elevad¨ªsimo. Hay que mejorar el sistema de prevenci¨®n y la rehabilitaci¨®n, en la que estamos en pa?os menores.

Nosotros planteamos en la Junta Local de Seguridad de Barcelona que la Administraci¨®n local tenga el mando estrat¨¦gico, no operativo, sobre todo con tantas polic¨ªas diferentes como hay en la ciudad. Mandar o no mandar es lo de menos, lo importantes es que haya m¨¢s seguridad. Nuestro nivel de seguridad no es ¨®ptimo, debemos mejorarlo y esto s¨ª que requiere un pacto de Estado en profundidad. Me refiero a la coordinaci¨®n policial y la eficacia del resto del sistema penal, y la reinserci¨®n.

Tener 60.000 personas en la c¨¢rcel es terrible. Las pol¨ªticas de penas alternativas a la c¨¢rcel y el proceso de rehabilitaci¨®n no son una prioridad social en nuestro pa¨ªs. La peque?a delincuencia y las bandas pueden llevarnos a una situaci¨®n peligrosa. Es por eso que en Barcelona pedimos la justicia local.

Ruiz-Gallard¨®n. Coincido con Clos; la seguridad no es s¨®lo un derecho de los ciudadanos, sino que es un factor de competitividad para atraer inversiones, generar riqueza y empleo. Estoy absolutamente de acuerdo con la propuesta que hac¨ªa Clos de que el mando estrat¨¦gico en las grandes ciudades debe de corresponder a los gobiernos locales.

Barber¨¢. La seguridad es el gran factor de calidad de vida de los ciudadanos. Estoy de acuerdo con Alberto en pedir un mayor papel en las pol¨ªticas de prevenci¨®n, pero ya estamos haciendo funciones de seguridad: la vigilancia, la cercan¨ªa de las polic¨ªas de barrio que algunos hemos creado, la detenci¨®n de delincuentes. Y volvemos otra vez, por razones de responsabilidad, porque nos lo piden los vecinos, a hacer funciones que no nos competen. No tenemos recursos. Por ejemplo: hay un grupo en mi ciudad, el grupo GAMA

[Grupo de Asistencia a la Mujer Maltratada], que ayuda a prevenir la violencia dom¨¦stica y hace cumplir ¨®rdenes de alejamiento. Hemos dispuesto un grupo , con dos o tres agentes por distrito, y tienen trabajo.

Pero yo creo que tambi¨¦n hay que hacer algo m¨¢s: dotar de mayores recursos a los juicios r¨¢pidos para solucionar muchos casos de delincuencia menor. No tenemos polic¨ªa cient¨ªfica ni capacidad de tenerla, pero s¨ª podemos actuar en la prevenci¨®n, en la vigilancia y en la disuasi¨®n de la delincuencia.

Aguilar. La seguridad es un tema de Estado y los ayuntamientos estamos demostrando que tenemos sentido de Estado. En el ¨¢mbito de la seguridad asumimos m¨¢s responsabilidad de lo que la ley nos confiere y los recursos nos permiten. Hace falta algo esencial: m¨¢s coordinaci¨®n entre las fuerzas policiales.

V¨¢zquez. En esto, como en otras muchas cosas, los ayuntamientos han ido por delante, porque la demanda de la sociedad ha ido por delante. La violencia de g¨¦nero, por ejemplo. Desde hace muchos a?os las ciudades espa?olas tienen centros de asistencia a mujeres maltratadas, comisar¨ªas de barrio, y polic¨ªas para luchar contra la droga en los colegios. Pero la Polic¨ªa Local es una competencia municipal que est¨¢ muy bien delimitada: es la polic¨ªa que vela por el cumplimiento de las ordenanzas municipales. Punto y final. Pero luego no ha sido as¨ª.

Hay ayuntamientos de la costa mediterr¨¢nea, como el de Benidorm, en el que, en verano, cuando llegan los tour operadores o los de la cerveza de fin de semana, no pueden sufragar, con lo que les paga el Ministerio del Interior las comidas de los detenidos. Parece una tonter¨ªa, pero son millones de pesetas.

En esto de la seguridad, como en otras muchas cosas, lo que hace el Estado es decir: "Ponga usted la Polic¨ªa Local, que la paga usted, pero se la coordino yo y adem¨¢s le doy estas funciones". Nosotros estamos dispuestos a hacerlo, y lo vamos a hacer, pero es una manifestaci¨®n m¨¢s de la situaci¨®n en la que se encuentra el municipalismo espa?ol. No hay una definici¨®n de funciones, no se dice lo que corresponde hacer a cada administraci¨®n.

Aguilar. En los ayuntamientos tenemos unidades de polic¨ªa especializada en la lucha contra la violencia de g¨¦nero. Bueno, pues llega la Ley Integral

[Contra la Violencia de G¨¦nero] y no nos dicen nada, no consultan a los ayuntamientos.

Barber¨¢. ?Cu¨¢l es la autoridad que tienen los alcaldes para hacer frente a muchos problemas de la ciudad que no podemos solucionar? El proceso sancionador, o la autoridad del alcalde, est¨¢n absolutamente mermados. ?Cu¨¢ntas veces hemos o¨ªdo: "No pagues la multa, si no pasa nada"?

Ruiz-Gallard¨®n. Que no se olvide nunca que los ayuntamientos somos elementos de vertebraci¨®n y de fusi¨®n, de cohesi¨®n territorial y de cohesi¨®n social. Y la cohesi¨®n territorial, que es un mandato de la Constituci¨®n, solamente se conseguir¨¢ a trav¨¦s de las pol¨ªticas municipales; si no, no habr¨¢ cohesi¨®n social. Cuando se habla de un pa¨ªs poco cohesionado, que se recuerde que nosotros somos elementos clave de cohesi¨®n.