El fiscal de Ja¨¦n critica la escasez econ¨®mica para los juicios r¨¢pidos
![Gin¨¦s Donaire](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F45927f5a-76bf-4d88-b9b5-89aa721d4adb.png?auth=339c3297f4a00c8a0c3e1e9bc1cbe388192fd0235045d73758ba6652e101beff&width=100&height=100&smart=true)
Ja¨¦n va a ser una de las cinco ciudades de Espa?a -las otras son Madrid, Valencia, Vigo y La Laguna- que comenzar¨¢ a implantar los denominados juicios r¨¢pidos civiles, seg¨²n se acord¨® el pasado martes por la Conferencia Sectorial de Justicia a la que asistieron representantes del Ministerio y de las comunidades aut¨®nomas.
La consejera andaluza de Justicia y Administraci¨®n P¨²blica, Mar¨ªa Jos¨¦ L¨®pez, ha valorado esta decisi¨®n de cara a la agilizaci¨®n de procedimientos civiles como demandas de separaci¨®n o divorcio, reclamaciones econ¨®micas con cuant¨ªas inferiores a 3.000 euros o demandas de desahucio de fincas urbanas por falta de pago de rentas.
Sin embargo, el fiscal jefe de la Audiencia de Ja¨¦n, Jos¨¦ Mar¨ªa Casado, ha recelado de la eficacia de esta medida por su insuficiente asignaci¨®n presupuestaria para su aplicaci¨®n. "El problema de estos juicios es que se han hecho a espaldas de cualquier dotaci¨®n econ¨®mica", indic¨® Casado, tras agregar que s¨®lo se han creado para toda Espa?a 20 plazas de fiscales, "algo irrisorio", subray¨®. A su juicio, los juicios r¨¢pidos civiles ser¨¢n positivos "para la delincuencia peque?a" pero alert¨® de que los procesos largos, como delitos econ¨®micos, "se est¨¢n estancando por falta de medios".
Jos¨¦ Mar¨ªa Casado reivindica la figura del fiscal instructor para agilizar los procedimientos judiciales. "No puede ser que haya tantos jueces y tan pocos fiscales, tendr¨ªa que ser al rev¨¦s, pero hace falta voluntad pol¨ªtica y dotaci¨®n econ¨®mica. Estamos cansados de que se hagan las leyes y no se den los medios, con lo cual las cosas nunca funcionan", se?al¨® Casado, que puso como ejemplo el arresto de los fines de semana previsto en la Ley del Menor, que no ha sido posible por no haberse adecuado los arrestos municipales.
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