Cuatro a?os y 490 vacas locas despu¨¦s

El 22 de noviembre de 2000, el ministro de Agricultura, Miguel Arias Ca?ete, convoc¨® una rueda de prensa para anunciar los dos primeros casos de vacas locas en Espa?a. Eran dos casos gallegos, la vaca Parrula, en Carballedo (Lugo) y Elvira, en Coristanco (La Coru?a). Un mes antes, en una respuesta parlamentaria, hab¨ªa proclamado que Espa?a estaba a salvo.

La noticia caus¨® un tremendo impacto y varios meses de duras penalidades para el Gobierno y el sector ganadero. Espa?a se incorporaba al exclusivo club de los pa¨ªses afectados, junto a Gran Breta?a, Irlanda, Portugal y Francia. El consumo de carne de vacuno cay¨® en picado mientras desde la Administraci¨®n se improvisaban decenas de disposiciones legales y se promet¨ªan cuantiosas inversiones para controlar la enfermedad y recuperar la confianza del ciudadano.

A¨²n no se sabe qu¨¦ empresas importaron ilegalmente harinas animales contaminadas

En 2003 se lleg¨® al pico m¨¢s alto de incidencia (173 casos). En 2004 hay un ligero descenso

La gesti¨®n de la enfermedad est¨¢ hoy completamente descentralizada

Cuatro a?os despu¨¦s, la desconfianza ha desaparecido aunque en el camino haya quedado alg¨²n punto oscuro sin desvelar: ?qu¨¦ empresas importaron ilegalmente a Espa?a harinas animales contaminadas?

A partir de aquella fecha, cada mi¨¦rcoles, el ministro de Agricultura daba cuenta de los positivos encontrados en los an¨¢lisis de vacas enviadas al matadero. Eran pocos casos, pero de impacto indudable: la prensa visitaba las explotaciones y contaba el estupor de los ganaderos, sus quejas y lamentos. Las im¨¢genes del enterramiento ilegal de vacas muertas en Mex¨ªa (Galicia) a primeros de enero de 2001, provocaron un nuevo choque negativo porque se comprob¨® c¨®mo las Administraciones estaban superadas: no hab¨ªa capacidad real para recoger vacas muertas en explotaciones, ni medios para destruir adecuadamente cad¨¢veres y v¨ªsceras. Se habl¨® en su momento de un acuerdo con las cementeras, de utilizar instalaciones del ej¨¦rcito para almacenar los residuos, como se hac¨ªa en Francia, se compraron cientos de miles de test pri¨®nicos para analizar los cad¨¢veres antes de su env¨ªo al mercado, pero no hab¨ªa laboratorios suficientes. Y se cre¨® un comit¨¦ cient¨ªfico supervisado por el vicepresidente Mariano Rajoy que, a partir de entonces, se especializ¨® en la gesti¨®n de cat¨¢strofes, lo que luego le servir¨ªa para gestionar el caso Prestige.

Cada medida administrativa dejaba a la luz verdaderos problemas de aplicaci¨®n: cada vaca deb¨ªa tener un certificado veterinario antes de llegar al matadero, pero se descubri¨® que muchos veterinarios firmaban pu?ados de certificados en blanco. Cada poco tiempo, la Guardia Civil dada cuenta de enterramientos ilegales. Las cinco incineradoras en funcionamiento en Espa?a no daban abasto y a muchos expertos no les sal¨ªan las cuentas: ?c¨®mo se estaban destruyendo los cad¨¢veres y las v¨ªsceras? Hubo, entonces, dos situaciones que aliviaron la tensi¨®n: la ca¨ªda de la demanda de carne; y la compra de miles de vacas de m¨¢s de 30 a?os por el FEGA (Fondo Especial de Garant¨ªa Agraria), un organismo p¨²blico, para su destrucci¨®n. Eso significaba que, a cambio de un precio subvencionado, se retiraba del mercado parte de la poblaci¨®n de mayor riesgo entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2001. ?Qu¨¦ se logr¨®? Que el n¨²mero de positivos fuera bajo el primer medio a?o de la crisis y no hubiera demasiada carne en el mercado. Era el tiempo que se necesitaba para recuperar la confianza y para que los anuncios de nuevos positivos pudieran espaciarse. Primero, una vez al mes. Luego, dej¨® de ser noticia.

Los dos casos positivos del 2000 tuvieron un efecto explosivo. Los 80 casos del 2001 se vivieron, en el ¨²ltimo semestre, con menos dramatismo. En 2002, el mal de las vacas locas era mera rutina estad¨ªstica, pese a que se sumaron 127 casos. En el 2003 se alcanz¨® el pico (173 casos), pero nadie pareci¨® excesivamente preocupado por ello. 2004 se cerrar¨¢ con un peque?o descenso: ¨¦sa es la se?al de que el mal est¨¢ ya controlado y en v¨ªas de erradicaci¨®n.

As¨ª lo corroboraba un informe de la CE del 13 de octubre: tras 70 disposiciones legales y el an¨¢lisis de 10 millones anuales de vacas mayores de 30 meses en la UE, la reducci¨®n de casos estaba resultando muy positiva. La edad media de los casos positivos en ganado aparentemente sano hab¨ªa pasado de los 86,5 meses en 2001 a los 100,5 en 2003. El informe resaltaba el levantamiento del embargo a Portugal. Y sobre el embargo al Reino Unido, comunicaba que habr¨¢ una primera evaluaci¨®n en 2005.

Cuatro a?os y 492 vacas locas despu¨¦s nadie parece acordarse de esta enfermedad. Tanto Agricultura, bajo un nuevo Gobierno, como las organizaciones del sector, reconocen que el consumo se ha recuperado plenamente y que ha llegado el momento de suavizar algunas disposiciones tomadas en aquel fragor de los primeros meses de 2000. "Lo importante es que el consumidor sepa que las garant¨ªas que existen ahora mismo sobre la carne de vacuno son extremas y no tienen comparaci¨®n con ning¨²n otro tipo de alimento de origen animal. Y lo mismo con los piensos", dice Fernando Moraleda, secretario general del Ministerio de Agricultura. "Hemos entrado en la reducci¨®n de casos positivos", se?ala Andoni Garc¨ªa, de la ejecutiva de la COAG, el m¨¢s importante sindicato del sector. "Y se ha recuperado el consumo, excepto en el vacuno mayor que ha sido el m¨¢s castigado por la crisis. Podr¨ªa decirse que se han cambiado los h¨¢bitos de consumo respecto a ese tipo de vacuno". "La crisis est¨¢ superada", sostiene Fernando Pascual, portavoz de Asocarne. "Pero hay una serie de medidas de car¨¢cter nacional vigentes que deber¨ªan ser derogadas".

El sector a¨²n se resiente de unas medidas muy severas aplicadas en los momentos de mayor crudeza y que ahora parecen excesivas. Una es la eliminaci¨®n del certificado veterinario. Otra, la retirada de la columna vertebral en animales mayores de 12 meses y hacerlo a partir de los 30 ¨® 36 meses. Pero, a la hora de levantar la mano, no hay una unanimidad total. Asocarne y otras asociaciones proponen volver a las harinas de origen animal; en los sindicatos agrarios no opinan lo mismo. "De las v¨ªsceras se sacaban harinas para piensos: de un subproducto se obten¨ªa un beneficio. Con la crisis se pas¨® a lo contrario, hab¨ªa que retirar ese subproducto y eliminarlo y por eso hab¨ªa que pagar. Lo que antes era un beneficio ahora es un coste. Pero pese a eso no estamos de acuerdo con autorizar esas harinas y poder volver a situaciones futuras de riesgo".

Cuatro a?os despu¨¦s, la gesti¨®n de la enfermedad est¨¢ completamente descentralizada. Las autonom¨ªas tienen laboratorios homologados para los an¨¢lisis y han dise?ado su propio sistema para recogida de cad¨¢veres y material de riesgo, adem¨¢s de la eliminaci¨®n de residuos. Pero hay a¨²n serias dudas sobre la eficacia de las acciones: algunas comunidades utilizan esos residuos como combustible; otras, los depositan en vertederos. Del acuerdo con las cementeras nunca m¨¢s se supo, la construcci¨®n de incineradoras ha ido muy lenta y el Ej¨¦rcito nunca intervino. Agricultura no tiene datos actualizados sobre cu¨¢nto ha costado esta enfermedad al erario p¨²blico.

La crisis fue tambi¨¦n el cierre de explotaciones y la ruina de muchos ganaderos. Pero nunca se conoci¨® ninguno de los presuntos responsables de que se distribuyera por Espa?a, sobre todo por Galicia, Castilla yLe¨®n y Asturias. ?Qu¨¦ empresas distribuyeron piensos ilegales cuando estaban prohibidos a partir de 1996? Arias Ca?ete anunci¨® en su d¨ªa que se hab¨ªan abierto expedientes e impuesto sanciones, pero que tales sanciones no se publicar¨ªan. En el ministerio no hay datos de ninguna investigaci¨®n sobre actuaciones de antes del 22 de noviembre de 2000, cuando se supo que el mal de las vacas locas hab¨ªa llegado a Espa?a.