Ch¨¢vez afirma que ser¨¢ "inflexible" en la aplicaci¨®n de la ley de medios

El presidente venezolano, Hugo Ch¨¢vez, firm¨® la noche del martes la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisi¨®n y anunci¨® que el Gobierno ser¨¢ "inflexible" en su aplicaci¨®n. Ello a pesar de que la oposici¨®n, propietarios de medios de comunicaci¨®n, periodistas y organizaciones de derechos humanos creen que la llamada ley mordaza coarta la libre expresi¨®n, por lo que pedir¨¢n su anulaci¨®n ante organismos internacionales.

Ch¨¢vez retras¨® su viaje a la cumbre de Cuzco con la ¨²nica finalidad de suscribir la ley, luego de que ¨¦sta fuera definitivamente sancionada por la Asamblea Nacional, el Parlamento unicameral de Venezuela, la misma noche del martes. "Hoy es un d¨ªa hist¨®rico, hoy comienza el pueblo a librarse de la dictadura de los due?os de medios de comunicaci¨®n social, la ¨²nica verdadera mordaza que ha tenido la libertad de expresi¨®n durante todos estos a?os", dijo el presidente. Ch¨¢vez respondi¨® de este modo a una intensa campa?a en su contra desarrollada por las principales cadenas de televisi¨®n, emisoras y peri¨®dicos. Estos medios calificaron la normativa como ley mordaza.

Los diputados de los partidos de la oposici¨®n, que al estar en minor¨ªa no pudieron evitar la aprobaci¨®n de la ley, protestaron coloc¨¢ndose mordazas negras durante la sesi¨®n final, en la que se aprobaron las correcciones de estilo del texto de 35 art¨ªculos. "Que en paz descanse la libertad de expresi¨®n", rezaba la pancarta de uno de los parlamentarios. Los portavoces de la oposici¨®n aseguran que la ley ser¨¢ empleada por el Gobierno para forzar a los medios a no transmitir informaciones relativas a protestas p¨²blicas y cualquier manifestaci¨®n de disidencia, todo ello bajo el argumento de evitar la difusi¨®n de propaganda de guerra, mensajes que inciten al odio o a la desobediencia de las leyes.

?ltimo intento

El martes, el Instituto Internacional de la Prensa envi¨® una carta a Ch¨¢vez inst¨¢ndolo a no firmar la ley, en un esfuerzo final por evitar que entrara en vigor. Este organismo, que representa a editores y jefes de redacci¨®n de 120 pa¨ªses, arguy¨® que las sanciones previstas en la norma por la difusi¨®n de mensajes prohibidos son tan severas que inducir¨¢n a los periodistas y due?os de medios a la autocensura. Las penas previstas en la ley van de multas a suspensiones temporales y cierres definitivos de las emisoras de radio y TV.

Ch¨¢vez y algunos portavoces de su Gobierno sostienen que la ley afectar¨¢ a aquellos medios que difundan mensajes violentos o pornogr¨¢ficos en horarios reservados para los ni?os o clasificados como aptos "para todo p¨²blico", y garantizaron que nada obstaculizar¨¢ el flujo informativo ni la transmisi¨®n de noticias en vivo.

Ayer mismo, con la ley en proceso de publicaci¨®n en el bolet¨ªn oficial, se produjo una prueba de fuego. Caracas amaneci¨® sacudida por disturbios por un enfrentamiento en pleno centro de la ciudad de agentes de las polic¨ªa con vendedores ambulantes irregulares que fueron desalojados de las aceras. La cadena Globovisi¨®n transmiti¨® im¨¢genes de la refriega, en la que al menos siete personas resultaron heridas, pero no lo pudo hacer en vivo, sino una vez editadas.

Desir¨¦e Santos Amaral, diputada del partido oficialista Movimiento Quinta Rep¨²blica y veterana periodista de una emisora y un diario muy populares, hizo una intervenci¨®n final en el Parlamento para declarar que la ley es una victoria del pueblo y un gran avance en materia de protecci¨®n de la infancia y la juventud. "Estoy demasiado contenta con esta ley y p¨²blicamente asumo la responsabilidad de lo que pase con ella, porque s¨¦ que ser¨¢ para bien de los ni?os, los adolescentes y el pa¨ªs en general", expres¨®.

Mientras tanto, la Sociedad Interamericana de Prensa, que convoc¨® una reuni¨®n de emergencia en Caracas el pasado lunes, se dispone a llevar la causa contra la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisi¨®n a instancias internacionales, comenzando con la Organizaci¨®n de Estados Americanos (OEA). All¨ª denunciar¨¢n que la referida legislaci¨®n es apenas uno de los componentes de "una escalada jur¨ªdica contra el derecho a disentir", que incluye adem¨¢s una reforma al C¨®digo Penal.