El Gobierno avisa a las comunidades que si no pactan, el Congreso parar¨¢ sus reformas

El Gobierno no interferir¨¢ en el debate sobre las reformas estatutarias al considerar que cada comunidad aut¨®noma est¨¢ en su derecho de hacer las propuestas que estime oportunas. Ahora bien, s¨ª piensa advertir a las autonom¨ªas de que, si reforman sus estatutos de manera unilateral y contraria al sentir mayoritario, el Congreso de los Diputados lo rechazar¨¢. En enero pr¨®ximo, una delegaci¨®n del Gobierno central y del PSOE, encabezada por el ministro de Administraciones P¨²blicas, Jordi Sevilla; el secretario de Organizaci¨®n socialista, Jos¨¦ Blanco, y el responsable de Pol¨ªtica Institucional del PSOE, Alfonso Perales, se reunir¨¢ con representantes del Ejecutivo catal¨¢n y del PSC para darles a conocer "los l¨ªmites" de las reformas.

"El Gobierno no est¨¢ dispuesto a ser expulsado de Catalu?a ni de ning¨²n otro territorio"

El Gobierno, aparentemente, no tiene posici¨®n sobre las reformas estatutarias que se est¨¢n planteando, a juzgar por el silencio que guarda. Pero las fuentes gubernamentales consultadas precisan el significado de esta actitud. "Claro que tiene posici¨®n, pero de momento prefiere guardar silencio para no interferir en el debate", seg¨²n las instrucciones del presidente del Gobierno, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero.

Y en breve el Ejecutivo har¨¢ p¨²blica esa posici¨®n, sobre todo porque algunas de las propuestas del borrador de reforma del Estatuto catal¨¢n y de la propuesta de los socialistas vascos, o bien no encajan en el esquema que tiene el Gobierno de Zapatero o, aunque s¨ª lo hicieran, el Ejecutivo central querr¨ªa dialogar sobre ellas y negociarlas. Toda vez que se trata de pasar a una comunidad aut¨®noma competencias que ahora son del Estado, se supone que "algo tendr¨¢ que opinar el Gobierno central", se?alan estas fuentes.

Sin ¨¢nimo de " amenazar", las fuentes informantes a?aden que si las comunidades aut¨®nomas no dialogan ahora y aprueban sus reformas de manera unilateral, se encontrar¨¢n con la situaci¨®n de que han hecho un trabajo in¨²til porque el Congreso de los Diputados, cuando tenga que validar lo que ha hecho el Parlamento auton¨®mico de que se trate, impedir¨¢ su entrada en vigor.

En enero pr¨®ximo, una delegaci¨®n del Gobierno central y del PSOE, encabezada por el ministro Jordi Sevilla, el secretario de Organizaci¨®n socialista, Jos¨¦ Blanco, y el responsable de Pol¨ªtica Institucional del PSOE, Alfonso Perales, se reunir¨¢ con representantes del Gobierno catal¨¢n y del PSC para darles a conocer "los l¨ªmites" de La Moncloa a las reformas.

Si el Ejecutivo catal¨¢n propone atribuirse las competencias de la inmigraci¨®n y de los aeropuertos, lo l¨®gico es que dialogue con quien ahora tiene esas competencias: el Gobierno central. ?ste es el ejemplo que pone un alto cargo gubernamental al explicar la necesidad pol¨ªtica, pero tambi¨¦n de sentido pr¨¢ctico, de que los Gobiernos y los Parlamentos auton¨®micos que est¨¢n en plena tarea de revisi¨®n estatutaria no act¨²en de manera unilateral.

?sta suerte de aviso para navegantes la lanzar¨¢ el Gobierno, a trav¨¦s del ministro de Administraciones P¨²blicas, en las pr¨®ximas semanas. Primero, en reuniones discretas con representantes auton¨®micos, no s¨®lo del Gobierno catal¨¢n sino de todos los que est¨¢n en el proceso de reformas; y, en febrero, de forma p¨²blica.

El Gobierno no apremiar¨¢ a los socialistas vascos, aunque s¨ª les har¨¢ saber su posici¨®n. En este caso la posici¨®n de La Moncloa ser¨¢ m¨¢s suave al entender que el PSE acaba de emprender su propio debate, que no culminar¨¢ hasta marzo. Adem¨¢s, el resultado del mismo formar¨¢ parte del programa electoral para las elecciones auton¨®micas vascas del mes de mayo. De entrada, al Gobierno central le ha parecido muy bien que los socialistas tambi¨¦n est¨¦n en el debate pol¨ªtico del Pa¨ªs Vasco, que hasta ahora s¨®lo se centraba en la propuesta de los nacionalistas: el plan Ibarretxe. Otra cosa es lo que se opine en La Moncloa del contenido de la reforma que plantea el PSE. Sobre la misma hay algunas objeciones, pero ya se abordar¨¢n, se?alan en el Gobierno.

En breve el Gobierno si har¨¢ saber al Ejecutivo catal¨¢n y al PSC que algunas de sus propuestas para la reforma del Estatuto de Catalu?a no son asumibles. Los problemas m¨¢s importantes que aprecia el Ejecutivo central en el texto catal¨¢n se sit¨²an en las competencias y en la reforma sobre financiaci¨®n. Las relaciones con "el Estado" y de Catalu?a con la Uni¨®n Europea que establece el texto catal¨¢n habr¨ªa que "limarlas", seg¨²n el Ejecutivo central. "El Gobierno tiene la sensaci¨®n respecto al Estatuto catal¨¢n de que se originar¨ªa la expulsi¨®n de la Administraci¨®n central, bien por v¨ªa directa o por la del art¨ªculo 150.2 de la Constituci¨®n, a trav¨¦s de la cual la Administraci¨®n delega competencias en las autonom¨ªas", se?ala un portavoz gubernamental. A este respecto, este portavoz asegura que el Gobierno central "no est¨¢ dispuesto a ser expulsado de Catalu?a ni de ning¨²n otro territorio".

Esta preocupaci¨®n es la que mueve al ministro de Administraciones P¨²blicas, que adem¨¢s plantear¨¢ a las autoridades catalanes la propuesta de que no hagan un Estatuto nuevo, sino que reformen el actual. "No podremos aceptar una propuesta que no cuente con un apoyo generalizado; y no s¨®lo los votos necesarios, sino que aspiramos a que estas reformas sobrepasen num¨¦ricamente lo estrictamente exigible; es decir, queremos un consenso como el constitucional, que huy¨® de la imposici¨®n; y de momento la propuesta de Pasqual Maragall no alcanza ese acuerdo mayoritario", se?ala el ministro de Administraciones P¨²blicas.

El Gobierno central podr¨ªa estudiar que el Ejecutivo catal¨¢n recibiera la gesti¨®n de la inmigraci¨®n como una cesi¨®n, pero sin que figure en el Estatuto como una competencia cedida para siempre. Tambi¨¦n sostiene la misma tesis sobre los aeropuertos. Ceder la gesti¨®n, pero no la competencia.