Las manos del imputado excelente sobre la justicia

A 'Magistratura Democr¨¢tica' en su 40? aniversario

El sistema de organizaci¨®n judicial de progenie napole¨®nica propio del Estado liberal tuvo su momento de la verdad en la tremenda experiencia de los fascismos europeos. En efecto, la generalidad de los integrantes de las respectivas magistraturas siguieron a aqu¨¦l en la pendiente del autoritarismo criminal, cubriendo su implicaci¨®n con un manto de supuesta asepsia t¨¦cnica. El juicio a este antimodelo tuvo un escenario privilegiado en la Asamblea Constituyente que alumbr¨® la Constituci¨®n italiana de 1947. Un colegio -del que formaron parte juristas y pol¨ªticos tan significativos y dispares como Calamandrei, Leone, Togliatti y Basso- que, a tenor de la bien contrastada experiencia, entendi¨® necesario hacia el futuro poner un l¨ªmite infranqueable de derecho y de derechos a las m¨¢s graves degradaciones de la pol¨ªtica, haciendo del juez una (¨²ltima) instancia independiente de garant¨ªa. Para ello, prescribi¨® su exclusiva sumisi¨®n a la ley v¨¢lida, encomendando la gesti¨®n del estatuto judicial al Consejo Superior de la Magistratura (CSM), ¨®rgano de composici¨®n mixta: 2/3 de jueces elegidos por y entre los propios jueces y 1/3 de juristas de designaci¨®n parlamentaria, presidido por el presidente de la Rep¨²blica. Aquel texto -fundamental por m¨¢s de un concepto- equipar¨® en dignidad a todos los componentes de la magistratura. Y, de este modo, impuso la abolici¨®n de la carrera jer¨¢rquica: un perverso instrumento de gobierno, inductor de dependencia pol¨ªtica, a trav¨¦s de la Corte Suprema como longa manu del poder ejecutivo.

El nuevo planteamiento est¨¢ en la base de la mejor cultura de la jurisdicci¨®n y del m¨¢s alto grado de realizaci¨®n emp¨ªrica de los valores de ¨¦sta. No es casualidad que, precisamente en tal contexto, la delincuencia terrorista y mafiosa y la perversi¨®n delincuente de un ampl¨ªsimo sector de la clase pol¨ªtica llegasen a tener un nivel de respuesta desde la legalidad, sin precedentes. Y que, en fin, de ese entorno forme parte el mejor constitucionalismo en la materia, del que Pizzorusso y Silvestri, entre otros, son emblem¨¢ticos exponentes.

De la calidad del modelo da fe una oposici¨®n tan brutal como la protagonizada por Craxi... desde el banquillo. Y, de la manera m¨¢s elocuente, la que desde hace a?os encarna otro ilustre imputado, Silvio Berlusconi. De ¨¦l se ha dicho con raz¨®n que personifica un nuevo sentido de la (m¨¢s vieja) pol¨ªtica, ejercida con empresarial desenvoltura, en un permanente y exitoso esfuerzo de mercantilizaci¨®n de lo p¨²blico y de erosi¨®n de los valores centrales del Estado de derecho.

Su peculiar gesti¨®n tiene una particularidad esencial y es que la econom¨ªa del pa¨ªs va camino de ser "econosuya", que dir¨ªa nuestro Chumy Ch¨²mez. Este rasgo, con natural coherencia, comparte escena con otro no menos expresivo: la obsesi¨®n de Il Cavaliere por dotarse de un orden penal a la medida de las propias necesidades procesales, que son muchas. Y -ya puestos- tambi¨¦n por la demolici¨®n del orden judicial en su conjunto.

Es dif¨ªcil dar cuenta en pocas l¨ªneas de tan singular empresa. Pero vale la pena dejar constancia de algunas de las vicisitudes m¨¢s salientes. Para empezar, el "espl¨¦ndido regalo al mundo de la econom¨ªa ilegal" (Ferrajoli), representado por el modo de regular la "emersi¨®n de actividades realizadas en el extranjero". Descarada manera eufem¨ªstica de referirse a la licencia para importar capitales antes exportados al margen de la ley mediante el pago de un rid¨ªculo 2%. Otra iniciativa digna de menci¨®n es el tratamiento dado al delito de falsedad en balances, especie de amnist¨ªa de facto, de la que no hace falta decir qui¨¦n fue uno de los primeros beneficiados. Tambi¨¦n hay que hablar de la curiosa simplificaci¨®n de las comisiones rogatorias (aprovechando la ratificaci¨®n del acuerdo italo-suizo de 1998). Una llamativa exasperaci¨®n del formalismo burocr¨¢tico en el auxilio judicial internacional, precisamente dirigido a privar de efectos procesales a comprometedoras informaciones bancarias procedentes del pa¨ªs alpino: ?habr¨¢ que explicar con qu¨¦ fin y en favor de qui¨¦n? El Parlamento Europeo lo vio tan claro como para descalificar la reforma mediante una resoluci¨®n de 29 de noviembre de 2001.

La obsesiva escalada tuvo prolongaci¨®n en la legge Schifani, dirigida a procurar a Berlusconi la impunidad durante su mandato. Para hacer m¨¢s digerible la pretensi¨®n, se extend¨ªa el beneficio a los m¨¢ximos representantes de las otras altas magistraturas del Estado, buscando su complicidad. Sin resultado, pues la Corte Constitucional declar¨® la norma ileg¨ªtima; provocando un expresivo "?malditos comunistas!" por parte de Carlo Taormina, diputado de Forza Italia. Comprensible, en un pa¨ªs donde, por llamativa singularidad de las reglas de competencia, son s¨®lo jueces "comunistas" los que, al parecer, conocen en todas las instancias de los m¨²ltiples asuntos del imputado por excelencia. Para ¨¦l, "el fascismo resulta menos odioso que la burocracia togada". Se comprende.

Sin ¨¢nimo de agotar el contenido de tan ricas vicisitudes, vale la pena se?alar que Il signor B no est¨¢ solo. En efecto, en sin par trinidad tiene como compa?eros de martirio a Dell'Utri y Previti. El primero, condenado por la implicaci¨®n en asuntos de mafia, y el segundo, por la corrupci¨®n de jueces: demostraci¨®n de que, entre ¨¦stos, no todos ser¨ªan "comunistas". Corrupci¨®n de jueces en la que tambi¨¦n ha incidido el propio Berlusconi, aunque sin consecuencias penales, porque el delito, ciertamente cometido, habr¨ªa prescrito, seg¨²n la justicia de Mil¨¢n.

La ¨²ltima noticia es que el presidente de la Rep¨²blica italiana acaba de sumarse a la conspiraci¨®n, al poner objeciones de constitucionalidad a la berlusconiana contrarreforma de la justicia. Precisamente orientada a desmantelar el sistema judicial nacido de la Constituci¨®n de 1947.

En esa l¨ªnea, una de las pretensiones de la actual mayor¨ªa parlamentaria en Italia es, nada menos, que atribuir anualmente al Gobierno la definici¨®n de una "pol¨ªtica judicial". Es decir, dotarse de un poder de direcci¨®n pol¨ªtica, all¨ª donde la Constituci¨®n s¨®lo pone en manos del Ejecutivo la prestaci¨®n de infraestructuras en materia de personal auxiliar y de medios, al poder judicial, en s¨ª mismo in

-pendiente. Que, adem¨¢s, en materia criminal, no puede admitir otra iniciativa o est¨ªmulo externo que el ejercicio de la acci¨®n penal, obligatoria para el ministerio p¨²blico.

Se busca, asimismo, reducir dr¨¢sticamente las competencias del CSM, de manera muy especial en tema de reclutamiento; y la rehabilitaci¨®n de la Corte Suprema como v¨¦rtice organizativo de la jurisdicci¨®n, a la que se querr¨ªa devolver, al tiempo, la vieja articulaci¨®n jer¨¢rquica, a trav¨¦s de una pintoresca proliferaci¨®n de categor¨ªas. Y no s¨®lo, para cerrar el cerco en torno al CSM, se habilitar¨ªa un recurso frente a sus actos, ante la justicia administrativa y en favor del ministro de Justicia, a pesar de que lo constitucionalmente previsto es dilucidar los conflictos de atribuciones ante la Corte Constitucional.

Por ¨²ltimo, y s¨®lo a los fines de este art¨ªculo, ya que no en fin, tambi¨¦n el Ministerio Fiscal est¨¢ en el blanco de los disparos. Hasta hoy organizado como independiente, mediante el reconocimiento del status de magistrado a cada uno de sus miembros, y dirigido por el CSM, se quiere extraerlo de ese ¨¢mbito, hiperjerarquizarlo internamente, y personificar el ejercicio de la acci¨®n penal en unos pocos jefes. Cuando, como bien se sabe, Italia es el ¨²nico pa¨ªs en el que el fiscal ha sido eficaz agente de la legalidad frente a las desviaciones criminales del poder. En un contexto europeo en el que, en general, las instituciones equivalentes, sujetas a la disciplina del Ejecutivo, han desarrollado una notable capacidad de cerrar un ojo, los dos, o mirar para otro lado, ante esa clase de fen¨®menos.

Sabino Cassese, a la vista de estas actuaciones, ha hablado de un "encarnizamiento contra el orden judicial que alterna con manipulaciones legislativas dirigidas a salvar de los procesos y de los juicios, hoy a ¨¦ste y ma?ana a aqu¨¦l". Y, como ha podido verse, as¨ª es. Pero no s¨®lo, porque la berlusconiana cruzada contra la jurisdicci¨®n como agente de la legalidad desde la independencia, va directamente hacia la recuperaci¨®n, sin limitaciones, de un viejo modo de hacer pol¨ªtica; bien conocido, entre otras cosas, por su acreditada eficacia crimin¨®gena. No es, pues, de extra?ar que tenga apoyo en cierta internacional de poderosos damnificados por la jurisdicci¨®n.

Perfecto Andr¨¦s Ib¨¢?ez es magistrado.