La Generalitat analiza la gesti¨®n de CiU para reclamar por sus posibles da?os a Hacienda

El Gobierno catal¨¢n estudia si pueden derivarse responsabilidades por los posibles perjuicios patrimoniales a la Hacienda de la Generalitat en ciertas decisiones tomadas durante el mandato de CiU, especialmente en la adjudicaci¨®n de contratos y concesiones. Presidencia decidir¨¢ en tres meses si presenta demandas, aunque no se est¨¢ "ante responsabilidades penales", seg¨²n fuentes de este departamento. Algunas de las "irregularidades" m¨¢s ilustrativas son la adjudicaci¨®n de servicios inform¨¢ticos a T-Systems y la pr¨®rroga de la concesi¨®n de la inspecci¨®n t¨¦cnica de veh¨ªculos (ITV).

"Analizaremos algunos contratos desde el punto de vista de las lesiones patrimoniales sobre la Administraci¨®n. No estamos ante responsabilidades penales, pero s¨ª ante una secuencia dram¨¢tica de perjuicios econ¨®micos que tendr¨ªa que dar lugar a procesos de resarcimiento", aseguraron ayer fuentes del Departamento de Presidencia de la Generalitat, que consideran la interposici¨®n de una "demanda contra los responsables de dichas decisiones".

Estas fuentes admiten que el proceso entra?a una "complejidad t¨¦cnica importante" porque "hay que identificar las causas, cuantificar el importe de los posibles da?os y analizar si hubo dolo o se trata de pura incompetencia. Presidencia se ha dado un plazo de tres meses para decidir. Econom¨ªa eludi¨® comentar los hechos.

El informe de gesti¨®n presentado el pasado martes por el tripartito apunta pr¨¢cticas "irregulares" en la concesi¨®n de subvenciones y contratos, adem¨¢s de denunciar la toma de algunas decisiones de ¨²ltima hora antes de las elecciones que no contaban con el informe favorable de la comisi¨®n jur¨ªdica. Pero el informe no aprecia ilegalidades.

Aunque el consejero de Econom¨ªa y Finanzas, Antoni Castells, subray¨® en la presentaci¨®n del informe de gesti¨®n que el objetivo no era descubrir actividades delictivas o fraudulentas, el texto s¨ª prev¨¦ evaluar "con especial atenci¨®n, como es natural, los posibles perjuicios producidos por un uso ineficiente de los recursos p¨²blicos". Y eso es lo que piensa hacer el tripartito.

El caso m¨¢s ilustrativo, a juicio de Presidencia, es la pol¨¦mica adjudicaci¨®n a T-Systems (filial tecnol¨®gica de Deutsche Telekom) del proyecto de la Administraci¨®n Abierta de Catalu?a (AOC, seg¨²n sus siglas en catal¨¢n) en 2001, que el informe califica de "irregular" y cuyo posible perjuicio econ¨®mico es de 80 millones de euros. El documento indica que el mismo d¨ªa que el Gobierno encarg¨® la ejecuci¨®n del proyecto, T-Systems y Accenture presentaban una oferta t¨¦cnica y econ¨®mica que el Ejecutivo acept¨® sin ning¨²n informe t¨¦cnico previo. T-Systems subcontrat¨® el 71% del coste total del proyecto (56 millones de euros), lo cual "pone de manifiesto que fue una forma de encargar trabajos a las empresas que deseaba eludiendo la tramitaci¨®n de los correspondientes concursos y vulnerando de manera evidente los principios de publicidad y concurrencia".

Aunque el Gobierno de CiU se ampara en el contrato vigente de servicios inform¨¢ticos suscritos entre la Generalitat y la antigua Debis -por el que ¨¦sta adquiri¨® el privatizado Centro Inform¨¢tico de la Generalitat (Cigesa)-, el tripartito sostiene que esta pr¨¢ctica supone "fraude de ley" porque el apartado del contrato que prev¨¦ incrementar la demanda de servicios "est¨¢ previsto para peque?os desarrollos y no para grandes proyectos, como ha sucedido".

Otro caso es la pr¨®rroga de la concesi¨®n de la inspecci¨®n t¨¦cnica de veh¨ªculos (ITV), que CiU aprob¨® justo antes de dejar el poder "sin el informe favorable de la comisi¨®n jur¨ªdica", y que el tripartito anul¨® despu¨¦s. Las compa?¨ªas afectadas han recurrido ante los tribunales y reclaman ser indemnizadas por el da?o causado, que el sector estima en 400 millones.