Una encuesta abierta

LA COMISI?N DEL CONGRESO sobre el 11-M prosigue sus tareas dentro del ¨¢mbito de competencias que la separaci¨®n de poderes establece. La distribuci¨®n del trabajo est¨¢ claramente dise?ada por el art¨ªculo 76 de la Constituci¨®n: mientras la comisi¨®n parlamentaria se ocupa de esclarecer las eventuales responsabilidades pol¨ªticas relacionadas con el brutal atentado, la investigaci¨®n de las responsabilidades penales corresponde exclusivamente a los ¨®rganos jurisdiccionales, ayudados por los cuerpos y fuerzas de seguridad en su papel funcional de polic¨ªa judicial. De acuerdo con ese precepto constitucional, las conclusiones de la comisi¨®n del 11-M "no ser¨¢n vinculantes para los tribunales ni afectar¨¢n a las resoluciones judiciales", sin perjuicio de que sus resultados puedan ser comunicados al ministerio fiscal para el ejercicio de las acciones oportunas.

El PP discrepa de la decisi¨®n tomada por el resto de los partidos para que la comisi¨®n parlamentaria comience a deliberar sobre las conclusiones a partir de los trabajos hasta ahora realizados

El pasado 22 de diciembre, los comisionados -excepci¨®n hecha de los representantes del PP- dieron por concluidas las comparecencias personales, a salvo de la hipot¨¦tica aparici¨®n de datos nuevos relacionados con los objetivos espec¨ªficos de la encuesta parlamentaria. La siguiente etapa de la comisi¨®n estar¨¢ consagrada a la elaboraci¨®n de las conclusiones a partir de los testimonios y de los documentos estudiados. Los populares consideran, sin embargo, que la suspensi¨®n -siempre revisable- de las comparecencias ha sido un alevoso carpetazo dado por los restantes partidos para impedir que se sepa la verdad sobre el 11-M.

La comparecencia el 15 de diciembre de Pilar Manj¨®n -portavoz de la Asociaci¨®n 11-M Afectados por el Terrorismo- fundi¨® los focos del circo medi¨¢tico montado por el PP y por los medios de comunicaci¨®n situados a su rebufo para crear la confusi¨®n, tergiversar los hechos y sembrar la ciza?a. Esa estrategia diversionista aspiraba a mantener indefinidamente abiertas en sede parlamentaria unas interrogantes inveros¨ªmiles sobre la autor¨ªa del atentado que la investigaci¨®n policial, fiscal e instructora ha desestimado en sede judicial tras nueve meses de trabajo. Las doloridas quejas de Pilar Manj¨®n por la obscena conducta de algunos comisionados (valga como ejemplo la zafia groser¨ªa chocarrera de Eduardo Zaplana) pusieron al desnudo las maniobras del PP y de su s¨¦quito medi¨¢tico orientadas a convertir la investigaci¨®n parlamentaria en un irrespetuoso espect¨¢culo folcl¨®rico; la alternativa sugerida por la portavoz de la Asociaci¨®n 11-M Afectados por el Terrorismo -la creaci¨®n de una comisi¨®n de expertos al estilo anglosaj¨®n- no s¨®lo llega con retraso, sino que adem¨¢s no tiene f¨¢cil encaje en nuestro ordenamiento constitucional.

Los objetivos perseguidos hasta ahora por el PP en la comisi¨®n se han vuelto en su contra. La tentativa de eludir la exigible rendici¨®n de cuentas de la pol¨ªtica de prevenci¨®n del terrorismo islamista realizada por el Gobierno anterior ha naufragado: los fallos de coordinaci¨®n de los cuerpos de seguridad y el culposo diagn¨®stico err¨®neo del atentado de Casablanca han sido puestos en evidencia por los testimonios de los mandos policiales y de los servicios de inteligencia. De poco han valido las chuletas cuidadosamente memorizadas o le¨ªdas por Aznar y sus ministros con el prop¨®sito de negar la obvia estrategia de enga?o puesta en marcha por el Ejecutivo desde el mismo d¨ªa del atentado para ocultar a la opini¨®n p¨²blica la identidad de sus autores: ha quedado meridianamente claro que los s¨®lidos indicios sobre la participaci¨®n del terrorismo islamista disponibles a partir de la tarde del 11-M fueron artificialmente desde?ados o maliciosamente diluidos para dar verosimilitud a una falsa certidumbre sobre ETA. Y tambi¨¦n resulta indiscutible que la sobreactuada insistencia en la conjetura etarra y la correlativa infravaloraci¨®n de la pista islamista tuvieron un prop¨®sito electoral: el convencimiento gubernamental de que los votantes dar¨ªan la mayor¨ªa absoluta al PP si la autor¨ªa era de ETA, pero le castigar¨ªan en las urnas -a causa de la guerra de Irak- si correspond¨ªa a terroristas islamistas.