Galgos y podencos

Tras la aprobaci¨®n el pasado d¨ªa 30 por mayor¨ªa absoluta en el Parlamento de Vitoria -gracias a tres votos manchados de sangre depositados por el brazo pol¨ªtico de ETA- del nuevo Estatuto Pol¨ªtico vasco, que ser¨¢ enviado a las Cortes como proposici¨®n de ley, Gobierno y oposici¨®n estudian la manera de afrontar ese desaf¨ªo. La sedicente reforma del Estatuto de Gernika -impulsada por la alianza del nacionalismo institucional y los representantes parlamentarios de la banda terrorista- modifica de arriba abajo la Constituci¨®n, dise?a un modelo confederal de Estado y establece el marco jur¨ªdico para la independencia a medio plazo. La elecci¨®n de caminos en esta dram¨¢tica encrucijada exige una discusi¨®n a fondo de las fuerzas democr¨¢ticas: la ruta elegida condicionar¨¢ la respuesta dada. Hay razones para temer, sin embargo, que los demonios de la pol¨¦mica y la censurable utilizaci¨®n del conflicto vasco como arma partidista en la lucha por el poder estatal (para aislar a la oposici¨®n o para deteriorar al Gobierno) interfieran con sus ruidos los argumentos; de a?adidura, el alarmismo sobreactuado y los or¨¢culos apocal¨ªpticos pueden desempe?ar el papel de esas negras profec¨ªas que se cumplen a s¨ª mismas por el hecho de ser enunciadas.

La f¨¢bula tradicional de las liebres atrapadas por la jaur¨ªa a causa de una tonta controversia sobre la raza canina de los perseguidores puede servir de moraleja al Gobierno y a la oposici¨®n respecto a los riesgos de seguir discutiendo acerca de galgos y podencos. El jactancioso ronroneo de los m¨¦ritos propios y el acusatorio recuerdo de las culpas ajenas, referidos a las actuaciones de los Gobiernos del PP y del PSOE en la lucha contra ETA y las relaciones con el nacionalismo institucional, ser¨ªan disfuncionales. Los aciertos en el pasado al formular diagn¨®sticos o adoptar pol¨ªticas no garantizan el ¨¦xito en el futuro: la egoc¨¦ntrica petulancia del adivino -"yo ya lo dije"- le impide aprender de la experiencia. La reivindicaci¨®n del monopolio de la buena fe, de la piedad hacia las v¨ªctimas, de la lealtad constitucional y de los sentimientos patri¨®ticos es otro factor disturbador en este debate: al igual que el valor a los militares, el sentido de la responsabilidad se les supone a los pol¨ªticos que han venido gobernando el Estado desde hace m¨¢s de dos d¨¦cadas.

Las tentativas del PP para amalgamar diferentes propuestas de actuaci¨®n contra el plan Ibarretxe en un mismo paquete negociador, condicionando su respuesta unitaria a la aceptaci¨®n de otras medidas (desde el recurso contra el sobreseimiento del caso Atutxa hasta la conservaci¨®n en el C¨®digo Penal del delito de la convocatoria ilegal de referendos), no parece razonable. La disyuntiva que obligar¨ªa a escoger de manera excluyente entre la v¨ªa jur¨ªdica y la v¨ªa parlamentaria es un falso dilema: el camino del derecho puede ser emprendido una vez agotado el camino pol¨ªtico.

El PP mantiene que el Gobierno deber¨ªa interponer de inmediato ante el Constitucional el recurso descrito por el art¨ªculo 161.2 de la Norma Fundamental, a fin de paralizar primero durante cinco meses (prorrogables) la eficacia jur¨ªdica del proyecto y de ilegalizar despu¨¦s la proposici¨®n de ley enviada a las Cortes por el Parlamento vasco. Pero el auto dictado el 20 de abril de 2004 por el Constitucional, que rechaz¨® la demanda del Gobierno del PP -al amparo del art¨ªculo 161.2- para conseguir el bloqueo temporal de la tramitaci¨®n en la C¨¢mara de Vitoria del nuevo Estatuto Pol¨ªtico vasco, parece excluir esa v¨ªa dilatoria. Aunque ese recurso suspensivo fuese factible ahora (cosa m¨¢s bien improbable), habr¨ªa buenos argumentos para no interponerlo, sin renunciar por ello a otro tipo de acciones judiciales en el futuro: el aparcamiento del plan Ibarretxe en el Constitucional durante cinco meses tendr¨ªa el efecto negativo de impedir un debate pol¨ªtico en el Congreso que permitiera discutir con luz y taqu¨ªgrafos los contenidos del nuevo Estatuto Pol¨ªtico antes de la celebraci¨®n de las elecciones auton¨®micas en la pr¨®xima primavera y que proporcionase a los ciudadanos vascos la oportunidad de acudir a las urnas sabiendo de antemano si el plan Ibarretxe hab¨ªa sido aceptado o rechazado por las Cortes Generales. Nada se pierde con ese calendario: la v¨ªa jur¨ªdica seguir¨ªa abierta para frenar los intentos posteriores del Gobierno vasco de saltarse a la torera la decisi¨®n del Parlamento.