Las 507 cajas de la discordia

Son 507 cajas de un total que sobrepasa las 20.000. Los legajos que reclama la Generalitat de Catalu?a son poco m¨¢s del 2,5% de la documentaci¨®n almacenada en Salamanca dentro del Archivo General de la Guerra Civil. En esas cajas se encuentran los fondos que pertenecieron a la Generalitat (entre los que se encuentran algunos documentos fundacionales de dicha instituci¨®n) y que fueron expoliados por las tropas de Franco cuando entraron en Barcelona en enero de 1939.

Ahora, una comisi¨®n de expertos ha elevado un informe al Gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero recomendando su restituci¨®n. La ministra de Cultura, Carmen Calvo, anunci¨® el 28 de diciembre que la decisi¨®n est¨¢ tomada y que s¨®lo falta un dictamen jur¨ªdico sobre el procedimiento a seguir. La noticia ha desencadenado una agria pol¨¦mica. "Se ha dejado pudrir la situaci¨®n", comenta al respecto Borja de Riquer, uno de los 17 miembros de esa comisi¨®n que aprob¨® con 14 votos afirmativos y 3 abstenciones el informe, y a?ade: "Nunca se encarg¨® un estudio para ver qu¨¦ se pod¨ªa hacer con ese archivo". Rosa L¨®pez Alonso, representante de la Asociaci¨®n de Archiveros de Castilla y Le¨®n, muestra su pesadumbre: "Toda esta pol¨¦mica est¨¢ haciendo da?o a los archivos en general. Ojal¨¢ termine cuanto antes".

Julio Valde¨®n: "No hubo votaci¨®n del informe jur¨ªdico. Tuvimos que conformarnos con un resumen que se nos hizo sobre la marcha"

Federico Mayor Zaragoza: "Los documentos confiscados deben restituirse a sus leg¨ªtimos propietarios siempre que sea posible"

Borja de Riquer: "La unidad no est¨¢ en los propios documentos. La ¨²nica unidad es que se encuentran ahora en el mismo edificio"

Tom¨¢s de la Quadra-Salcedo: "El restablecimiento de la Generalitat implica que hay que devolverle los papeles que le pertenecen"

En el informe tambi¨¦n se pide, en compensaci¨®n, que el centro de Salamanca reciba la dotaci¨®n que necesita para acometer una ampliaci¨®n cuyas l¨ªneas generales se detallan en el mismo documento. La idea es concentrar en Salamanca una enorme cantidad de informaci¨®n relacionada con la represi¨®n franquista que ahora se encuentra dispersa en dependencias militares y archivos de toda Espa?a. En cuanto a los legajos de la Generalitat, quedar¨¢ en el archivo copia autentificada de cada uno de los papeles.

El alcalde de Salamanca, Juli¨¢n Lanzarote, del Partido Popular, ha mandado vallar por lo pronto la entrada del edificio donde se encuentran depositadas las 507 cajas de la discordia y las Cortes regionales han aprobado una Ley de Archivos y otra de Patrimonio Cultural con las que pretenden "blindar" la situaci¨®n.

El informe de los expertos no ha servido, pues, para poner fin a esta asper¨ªsima pol¨¦mica que dura ya casi diez a?os y que se remonta m¨¢s lejos a¨²n. En marzo de 1995, la ministra de Cultura, Carmen Alborch, anunci¨® que iba a devolver los papeles a la Generalitat. El alcalde de Salamanca por aquel entonces, el socialista Jes¨²s M¨¢laga, respondi¨® convocando una manifestaci¨®n en la plaza Mayor de la ciudad a la que asistieron m¨¢s de 55.000 personas. La pol¨¦mica fue subiendo de tono en los a?os posteriores y las sucesivas comisiones convocadas durante la etapa de gobierno del PP por las ministras Esperanza Aguirre y Pilar del Castillo no sirvieron para apaciguar los ¨¢nimos. Antes, en marzo de 1980, Manuel Fraga ya present¨® en el Congreso una proposici¨®n no de ley que instaba al Gobierno de Adolfo Su¨¢rez a devolver la documentaci¨®n de la Generalitat.

La diferencia ahora es que este ¨²ltimo grupo de expertos ha aconsejado que las cajas se devuelvan a sus propietarios originales. Para Federico Mayor Zaragoza, presidente de la comisi¨®n, resulta "justo y leg¨ªtimo restituir la documentaci¨®n". "Nuestras conclusiones se basan en principios, en los mismos principios que mantuve mientras me encontr¨¦ al frente de la Unesco. Las obras de arte y los documentos incautados deben restituirse a sus leg¨ªtimos propietarios siempre que sea posible. La instituci¨®n o pa¨ªs que cumple con su deber de devoluci¨®n tiene que ser compensada con copia exacta del original o con parte de las obras devueltas".

El problema al que se han enfrentado los expertos de la comisi¨®n ha sido el de defender un archivo que, como escriben, es un "referente insustituible en la configuraci¨®n de la memoria hist¨®rica de los espa?oles" y que, por tanto, se trata de "un bien social y cultural digno de la mayor protecci¨®n" y ante el que "deben tomarse medidas que eviten que la restituci¨®n de documentos incautados produzca menoscabo en su integridad" y, al mismo tiempo, "buscar la forma de dar justa respuesta a las reivindicaciones leg¨ªtimas" de la Generalitat de recuperar sus papeles.

"Las conclusiones a las que se ha llegado con estos documentos no son extrapolables", explica Tom¨¢s de la Quadra-Salcedo, jurista, ex ministro socialista y catedr¨¢tico de Derecho Administrativo en la Universidad Carlos III. "La Generalitat fue restablecida como tal en la transici¨®n mediante una norma con rango de ley. No ocurre lo mismo, por ejemplo, con el Gobierno vasco: no hay continuidad entre el actual y el de la etapa previa al franquismo. El hecho de que se restableciese la Generalitat implica que tambi¨¦n hay que reintegrar a esa instituci¨®n todos los documentos que le pertenecen". Pero ¨¦se ser¨ªa el ¨²nico caso en el que se puede justificar la devoluci¨®n de papeles.

"Si un ayuntamiento reclamara documentos incautados de su archivo durante la guerra", contin¨²a De la Quadra-Salcedo, "es verdad que el principio archiv¨ªstico de procedencia opera de su parte. Pero nunca ser¨ªan documentos fundacionales, as¨ª que la posible tensi¨®n entre esa procedencia y la funci¨®n p¨²blica que los documentos cumplen en el Archivo General de la Guerra Civil favorecer¨ªa al actual depositario". A prop¨®sito de los partidos pol¨ªticos, "hubo una ley espec¨ªfica y ese asunto parece que est¨¢ cerrado", y en el caso de los sindicatos, "el plazo de reclamaci¨®n de los originales puede llegar a ser de seis a?os y, si se hizo cuando pudo hacerse, es decir, despu¨¦s de la promulgaci¨®n de la Constituci¨®n, el plazo termin¨® en diciembre de 1984". De la Quadra-Salcedo insiste tambi¨¦n en tener en cuenta que "estas 507 cajas se van a ceder de un ente p¨²blico a otro y que por tanto se respeta la Ley de Patrimonio Hist¨®rico. En caso de que un particular o una asociaci¨®n privada quisiera interponer reclamaciones, esta misma ley bloquear¨ªa la devoluci¨®n".

Es el dictamen jur¨ªdico el que produce reparos en los miembros de la comisi¨®n que no se pronunciaron afirmativamente. "No hubo votaci¨®n del informe jur¨ªdico", comenta Julio Valde¨®n, el historiador designado por la Junta de Castilla y Le¨®n para la comisi¨®n. "Era nuestra tercera reuni¨®n y se nos pidi¨® que nos di¨¦ramos prisa porque hab¨ªa que terminarlo todo antes de final de a?o, y no pudimos leer el ¨²ltimo informe. Tuvimos que conformarnos con un resumen que nos hizo sobre la marcha el profesor De la Quadra-Salcedo".

"Estoy decepcionado radical y absolutamente con el se?or Mayor Zaragoza, que s¨®lo vino a la tercera reuni¨®n y no prest¨® ninguna atenci¨®n al m¨ªnimo rigor formal. Ha sido una encerrona y una farsa", dice Eugenio Garc¨ªa Zarza, representante en la comisi¨®n por el Ayuntamiento de Salamanca. Para Antonio Morales Moya, que ha representado a la Universidad de Salamanca, la decisi¨®n ha sido "una mala soluci¨®n". "En el aspecto pol¨ªtico habr¨ªa que haber buscado un acuerdo que hubiese satisfecho a todas las partes. En lo t¨¦cnico, no se quiso valorar que una comisi¨®n de la Unesco defendi¨® en un informe para casos similares que se debe conservar la integridad de los archivos para que sirvan de testimonio de la represi¨®n".

"Decir que la comisi¨®n de expertos era una comisi¨®n de adeptos supone ignorar cu¨¢l ha sido nuestra conducta", dice Juan Pablo Fusi, catedr¨¢tico de Historia Contempor¨¢nea en la Complutense de Madrid, y Borja de Riquer comenta que los documentos de la Generalitat "proceden de cientos de incautaciones distintas en 17 provincias y se llevaron a cabo de forma ca¨®tica muchas veces". Y por eso considera que "la unidad no est¨¢ en los propios documentos; la ¨²nica unidad es que se encuentran ahora en el mismo edificio".

"Los que no quedaron satisfechos acuden a razones de procedimiento para formular sus cr¨ªticas, pero hubo debate y el informe es muy preciso", explica Joan Rigol, ex presidente del Parlamento de Catalu?a, para luego referirse al futuro: "El centro de Salamanca est¨¢ en un punto de partida envidiable para convertirse en una referencia de proyecci¨®n internacional". Rosa L¨®pez Alonso recuerda que no s¨®lo hay que preservar los documentos en los que se bas¨® la represi¨®n, sino tambi¨¦n los que ¨¦sta produjo, y hay que hacerlo correctamente en beneficio de las v¨ªctimas del franquismo y de sus familiares.

Antonio Gonz¨¢lez Quintana, archivero y ex director del Archivo de Salamanca, refiere algunos episodios por los que han pasado otros papeles. "A la familia de Primo de Rivera se le devolvi¨® documentaci¨®n que lleg¨® a Salamanca desde Madrid. Estos papeles probablemente proced¨ªan de una incautaci¨®n previa de las autoridades republicanas a la familia del l¨ªder falangista". Cuando la guerra termin¨®, "un gran volumen de documentos se traslad¨® de Salamanca a Madrid, donde se proyect¨® un Archivo Hist¨®rico de la Guerra de Liberaci¨®n que termin¨® incorpor¨¢ndose al Archivo General Militar que hoy se encuentra en ?vila". Pero existen tambi¨¦n papeles que se encuentran "en el limbo administrativo, fuera de reglamentaci¨®n". "Es el caso de muchos juicios sumar¨ªsimos de aquella ¨¦poca, que est¨¢n repartidos por todas partes y mal conservados. Si se juntara todo esto con los papeles que salieron de Salamanca para la Causa General y otros dep¨®sitos, el volumen de documentaci¨®n del nuevo archivo ser¨ªa mucho m¨¢s del que tienen ahora".

Pero eso ser¨¢ el futuro. El presente es mucho m¨¢s complicado y la discordia no cesa. De hecho, el profesor Morales Moya teme que los problemas no hayan hecho nada m¨¢s que empezar. "?Usted cree que tal como siguen las cosas las cajas van a salir del archivo as¨ª sencillamente?". ?Ser¨¢ entonces necesario que el Gobierno tenga que mover a la polic¨ªa...? "Esperemos, por el bien de todos, que nunca lleguemos a ese punto".